Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La inspección de trabajo ha aflorado una serie de infracciones cometidas por la EMT de València entre los años 2019 y 2020 que suponen más de 20.000 euros en multas para la empresa pública de transporte. Entre las más graves se encuentra la realización de más de 1.000 horas extra irregulares por parte de algunos trabajadores, dos accidentes laborales que bajo su consideración se podrían haber evitado con una buena praxis, o el cierre del comedor en agosto de 2019.
Precisamente, el problema de las horas extra supone la multa más alta que ha tenido que enfrentar la EMT dentro de este periodo, con una propuesta de sanción que asciende hasta los 7.500 euros. En este caso, la inspección de trabajo contabilizó más de 1.000 horas por encima del límite que se contempla dentro del estatuto de los trabajadores, con algunos ejemplos especialmente sangrantes de empleados a tiempo completo que llegaron a trabajar 300 o 400 horas más allá del tope permitido a lo largo del año 2019.
Según se precisa en la resolución, los trabajadores con este tipo de contrato tan solo pueden trabajar 80 horas extra en el periodo de un año, pero en el documento se recogen los casos anteriormente mencionados de empleados que prestaron servicios fuera de horario de 599 o 390 horas, así como otros más modestos de más de 100 horas. Sea como sea, todos ellos fuera del límite impuesto por la legalidad. Así con todo, la inspección aprecia "la negligencia e intencionalidad" del sujeto infractor, y por ello condena la infracción en su grado máximo.
También hace referencia al caso de un empleado teóricamente contratado a tiempo parcial, que a la postre acabó trabajando 370 horas de más para la empresa. En este sentido, recuerda la inspección que el estatuto de los trabajadores prohíbe, por norma general, que este tipo de empleados puedan prestar servicio más allá del horario predeterminado, por lo que señala como infracción en grado medio que la persona en función recibiera tal carga de trabajo extra.
Otras multas interpuestas por la inspección de trabajo tienen que ver con dos accidentes laborales que potencialmente se podrían haber evitado en caso de que la prevención de riesgos laborales de la empresa hubiera funcionado correctamente. A este respecto, impone a la EMT dos sanciones por valor de 2.000 euros cada una.
Una de estas negligencias se produjo en el año 2016, aunque la multa no se resolvió hasta 2019. En este sentido, explica el documento que el trabajador en cuestión presentó una incapacidad física superior al 30%, por lo que pidió ser trasladado a un puesto de trabajo que no requiriera tanto esfuerzo por su parte. Y, aunque en diversas ocasiones sí que se mostró voluntad por parte de la empresa de moverlo a otro lugar más acorde a sus circunstancias, denuncia el afectado que siempre acababa volviendo a un puesto en talleres.
Así, la resolución reconoce que el trabajador sí que fue trasladado a diferentes puestos entre el momento en el que alegó su incapacidad y cuando se produjo el accidente. Sin embargo, la rotación lo acababa devolviendo a tareas que sí que requerían actividad física por su parte. Y así fue como en mayo de 2016 sufrió una lesión en la espalda al manipular el portón de uno de los autobuses, lo que le valió una baja temporal por afección en la columna y en las lumbares.
Así con todo, el informe de la inspección de trabajo alega que es obligación de la empresa ser sensible a este tipo de cuestiones, con la responsabilidad expresa de cambiar al empleado de puesto de trabajo en caso de que se aprecie un riesgo de accidente derivado de su situación física, psicológica o sensorial. En este sentido, tipifica la falta como grave e insta a que la prevención de riesgos laborales sea más activa en la toma de medidas que salvaguarden el bienestar de los trabajadores.
Situación muy similar a la que se produjo con el segundo trabajador, que después de haber sido reconocido con una incapacidad física por operación de hernia discal siguió realizando trabajos que potencialmente podían poner en jaque su salud. Así, aunque fue movido de puesto de trabajo, continuó realizando actividades no adaptadas a sus circunstancias, lo que le valió un sinfín de bajas laborales, algunas de un solo día y otras de varias semanas. A este respecto, la inspección repite la recomendación de adaptar el puesto de trabajo a la situación del empleado y califica la infracción como grave.
La segunda multa más grave tiene que ver con la prestación de servicios a los trabajadores. Concretamente, la inspección multa con 6.200 euros a la empresa por haber cerrado el comedor en agosto del año 2019, hecho que considera "inadmisible" por estar recogida en el convenio la obligación de ofrecer este servicio a los trabajadores durante todo el año, del cual podrán hacer uso o no por decisión enteramente personal.
En este sentido, entiende la inspección de trabajo que la contratación de la empresa de cáterin es errónea, teniendo en cuenta que ya se sabía de antemano que no funcionaría en ese mes de verano. Lo que, bajo su consideración, es una vulneración del convenio y por tanto tipifica como infracción grave por parte de la EMT.
Finalmente, los trabajos de la inspección también señalan una mala gestión de los servicios de baños portátiles que se ponen a disposición de los conductores a final de trayecto. A este respecto, considera como leve la infracción pero la aplica en su grado máximo, por lo que la multa asciende a los 2.000 euros. Así con todo, explica el documento que se realizaron una serie de trabajos de investigación aleatorios, en los que se pudieron constatar las malas condiciones de estos servicios.
Por norma general, los errores señalados tienen que ver con el poco espacio que hay dentro de la cabina, así como con las bajas condiciones de higiene que se dan en algunos de ellos. Hecho que podría estar relacionado con la ausencia de los candados numéricos que teóricamente tendrían que haber sido instalados en estos espacios pero que, por algún motivo, han sido sustituidos por otros que hacen el baño accesible a cualquier persona. En este sentido, se pierde la exclusividad por parte de los trabajadores y se produce un deterioro sostenido de los baños.
El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de València, Carlos Mundina, denunciaba la "gestión caótica" de la EMT y pedía la dimisión de su presidente después de conocer las denuncias por parte de la inspección de trabajo: "Todos sabemos que el problema de la EMT tiene nombre propio, Giuseppe Grezzi". "Grezzi aboca a la ruina a la empresa y debería irse ya porque cada día empeora la gestión, la opacidad y la falta de información es una constante y el servicio se sigue deteriorando por la falta de una buena gestión", aludía.
En este mismo sentido, se preguntaba "qué tiene que pasar" para que el concejal de Movilidad sea apartado de sus funciones al frente de la empresa: "El incendio de 26 autobuses, el robo de 4 millones de euros, la multa de Hacienda, la sanciones de la inspección de trabajo… Estos son motivos más que suficientes para que la compañía pase a ser dirigida por profesionales y no por la colla de amics de Grezzi", concluía.
