Hoy es 14 de agosto
MADRID (EFE). La Audiencia Nacional retoma esta mañana, con los informes de las partes, el juicio a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones que percibieron el expresidente Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega tras dejar la gestión de la compañía antes de que se solicitara el preconcurso.
La encargada de inaugurar esta recta final será la Fiscalía, que en la última sesión ya anunció una modificación de su escrito de conclusiones provisionales por un error en la tipificación del delito solicitado para los tres miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles.
La Fiscalía podría elevar ahora su petición inicial hasta los cuatro años de cárcel, al tratarse de cuantías superiores a los 250.000 euros. En su escrito de acusación, el fiscal del caso, José Perals, considera que los tres acordaron sendos pagos de 11,4 y 4,5 millones de euros a Benjumea y Sánchez Ortega, respectivamente, en concepto de indemnización por cese anticipado para el primero y de no competencia para el segundo, a sabiendas de que la compañía "ya atravesaba una grave crisis, y se estaba a punto de negociar o se había negociado con los bancos de la ampliación de capital".
Hechos, expone el Ministerio Público, constitutivos de un delito de administración desleal por el que solicita cinco años de cárcel para el que fuera presidente de la firma sevillana y cuatro años y tres meses para su ex consejero delegado, a quienes reprocha haber continuado vinculados a la multinacional como asesores después de que el Consejo de Administración aprobara sus marchas.
De modo similar se expresa la acusación particular de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, cuyo perito aseguró que al cierre de 2014, en el seno de la compañía se conocía la necesitad de "tomar cartas en el asunto", en alusión a una falta de liquidez fruto del "desequilibrio patrimonial" de las filiales bioenergética y solar a las que la matriz duplicó los préstamos con el fin de sanearlas.
En declaraciones a Efe, los abogados de la Plataforma, Felipe Izquierdo y Eliseo Martínez, que piden para los acusados penas de entre cinco años y tres años y medio de prisión, se muestran convencidos de que el tribunal dictará una "sentencia justa que sancionará esa práctica de los altos ejecutivos de autoconcederse indemnizaciones millonarias mientras miles de pequeños inversores ven sus ahorros volatilizados".
Por su parte, las defensas apelarán presumiblemente a las condiciones estipuladas por los nuevos contratos mercantiles que tanto Benjumea como Sánchez Ortega suscribieron en febrero de 2015 para rechazar cualquier tipo de irregularidad, argumentos empleados por el autor del informe por el que estos pagos fueron autorizados.
En cuanto al relevo en la presidencia, los testigos del Consejo de Administración suscribieron la versión de los acusados y señalaron al Santander como entidad que impuso dicho cambio como "condición inexcusable" para asegurar la ampliación de capital, finalmente fallida. Un relato con el que la antigua cúpula rechaza que sus salidas se produjeran por la situación económica de Abengoa, la cual era de "absoluta normalidad" hasta entonces.
Inicialmente programado hasta el pasado martes, la larga nómina de testigos, en su mayoría miembros del Consejo que acordó el cese de Benjumea como presidente, y el profuso interrogatorio de éstos por parte de las acusaciones han demorado el final de un juicio que, según las fuentes consultadas, podría necesitar de más sesiones antes de quedar visto para sentencia.