Igualdad impulsa el Plan de Reordenación de residencias que garantiza a los mayores una plaza cerca de su casa

VALENCIA (EP). El Gobierno valenciano, a través de Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha impulsado el Plan de Reordenación del Sector Residencial para Personas Mayores en la Comunitat, que pretende garantizar que los miembros de este colectivo que soliciten asistencia residencial tengan acceso a una plaza pública o pagada con fondos públicos en igualdad de condiciones, con mayor libertad de elección y lo más cerca posible de su domicilio y entorno familiar, a una distancia inferior a los 20 kilómetros, para poder estar "como en casa" y con "una vida digna".

Igualmente, este programa, llamado  'Queda't a prop' --'Quédate cerca'--, prevé acabar con las 2.158 plazas residenciales ilegales existentes en esta autonomía y para el próximo año la concertación de un total de 3.300 plazas de accesibilidad a través de un concurso abierto a todas las empresas, con la incorporación de cláusulas sociales y antimonopolio y primando la calidad por encima de los costes.  

Así lo ha explicado este martes la vicepresidenta del Consell y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, durante el acto de presentación de esta iniciativa, que ha definido como "un plan completo" y "vivo" que se da a conocer ahora y que "se desarrollará a lo largo de los próximos años". 

Ha defendido que el plan no se limite a esta legislatura y que tenga visión "más allá", para "mirar a las próximas generaciones", además de aseverar que "se estima que se cubrirá un poco más del 99 por ciento de la población" ya que "sólo un porcentaje pequeño se quedaría fuera de los 20 kilómetros de cercanía" 

Oltra ha explicado que para elaborar este programa se ha hecho "un diagnóstico de la situación" de la Comunitat en cuanto a residencias de mayores. Ha expuesto que tras "un año de trabajo" se presenta una herramienta que "intenta recoger las inquietudes de todo el sector" poniendo "por encima de todo, a las personas en el centro" y descartando el anterior "modelo mercantilizado, que no tenía en cuenta las necesidades de los usuarios" y que "anteponía el interés de un grupo de empresas al de las personas y al general". 

La consellera ha dicho que esta propuesta busca también "la calidad del servicio" y "unas condiciones laborales dignas para los profesionales de los centros". Ha detallado que en la actualidad hay 10.508 personas en residencias sostenidas con fondos públicos, 3.196 que requieren ayuda para pagarse la residencia y 3.400 que están en lista de espera sin ningún plan de atención residencial por la falta de infraestructuras en este ámbito. 

A este respecto, Mónica Oltra ha censurado la "falta de inversión" en este ámbito en los últimos veinte años con gobiernos del PP y ha recordado que la última residencia abierta y gestionada con fondos públicos, La Florida en Alicante, data de 1997, y que la última de titularidad pública y gestión privada fue la de Tuéjar (Valencia) en 2014. 

Del mismo modo, la responsable autonómica ha criticado la existencia en ese periodo de "un modelo de accesibilidad pervertido que privilegiaba a unos pocos". En este sentido, ha enmarcado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia (TSJCV) que declaró "ilegal el modelo de accesibilidad" anterior a residencias de mayores porque "favorecía a empresas próximas al poder". 

Oltra ha precisado que existen 2.158 plazas ilegales y que el actual Consell irá regularizando esa situación "poco a poco", conforme se vayan quedando vacías, y conforme vaya avanzando el plan presentado este martes. Ha descartado "sacar" de esas plazas a los usuarios que las están disfrutando porque esa medida tendría "un impacto no sostenible desde el punto de vista humanitario". 

La consellera ha afirmado que el objetivo es "mejorar el sector y atender el tapón de la lista de espera; cumplir la ley y así la sentencia del TSJCV, garantizar la igualdad de oportunidades de todo el sector con libre concurrencia y que las condiciones de los usuarios de las residencias de mayores sean iguales o mejores".  

"Mapa de necesidades"

La titular de Igualdad y Políticas Inclusivas ha indicado que el desarrollo del plan implica que a partir del "mapa de recursos" generales de servicios sociales realizado por su departamento y presentado la pasada primavera se hará un "mapa de necesidades" poblacionales con el fin de que "el plan de infraestructuras vaya en función de esas necesidades" y "no de ser amigo de". 

Así, y por lo que respecta al sector público se ha previsto "la construcción de nuevos centros", que "se comenzará a planificar en 2017, a presupuestar y a desarrollar proyectos", y un incremento presupuestario del 11,55 por ciento en mejora y acondicionamiento de centros hasta los 3,1 millones de euros.

Oltra ha aseverado que el plan contempla también la colaboración de la administración autonómica con las diputaciones y los ayuntamientos. Aquí se prevé la ampliación de las plazas municipales concertadas con los consistorios, que crecerán en 547 en centros de día y en 137 en centros diurnos, y recuperar proyectos paralizados.

Tercer sector

Por otro lado, la responsable autonómica ha señalado que el plan contempla regularizar las residencias del tercer sector --las gestionadas por entidades sin ánimo de lucro--, que permitirá que las 1.363 plazas de este colectivo pasen "del modelo de la subvención al concierto", también para "incrementar la estabilidad y reducir la burocracia". "Se termina con la discrecionalidad de las ayudas y se permite mejorar las condiciones laborales y la seguridad de la empresa", ha dicho.   

Con todo y además de la concertación de las 3.300 plazas citadas con un concurso abierto, Mónica Oltra ha agregado que cuando no existan plazas en residencias sostenidas con fondos públicos a menos de 20 kilómetros del entorno cercano del usuario, la conselleria le ofrecerá "una prestación de garantía vinculada al servicio" para que pueda estar en un centro sin alejarse de su círculo. 

La consellera, que ha apuntado que esto implica establecer un precio público por plaza, ha afirmado que esto beneficiará a las rentas inferiores a los 1.000 euros mensuales, dado que el usuario sólo deberá aportar el copago que ya está establecido en función de su renta, garantizándole un mínimo de dinero para su autonomía de 210 euros al mes, además de las dos pagas.