La directora general del Institut de les Dones, María Such. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA (EP). La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha recibido un total de 323 solicitudes por parte de empresas de la Comunitat Valenciana interesadas en visar sus planes de Igualdad en 2022, por lo que se mantiene el incremento exponencial registrado desde 2015.
Estos planes son un conjunto ordenado de medidas adoptadas en una empresa con el objetivo de alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo, ha indicado la Generalitat en un comunicado.
El procedimiento de visado, de carácter voluntario, está regulado en el Decreto 133/2007, sobre condiciones y requisitos para el visado de los planes de Igualdad de las Empresas de la Comunitat Valenciana.
Desde 2008 -año en el que se inició el procedimiento de visado- hasta diciembre de 2022 se han presentado 2.241 solicitudes y se han concedido 1.440 visados. En concreto, de 2008 a mayo de 2015, las solicitudes ascendieron a 282 y se visaron un total de 220 planes de igualdad, mientras que en las dos últimas legislaturas (desde mayo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2022) las solicitudes se han multiplicado casi por seis (hasta las 1.959) y los visados por cuatro (hasta alcanzar los 1.220 planes de Igualdad autorizados).
Por provincias, en Valencia se han recibido desde el año 2008 un total de 1.473 solicitudes de visados de planes de igualdad, de las que se han concedido 921 visados; en la provincia de Alicante, se han recibido 507 solicitudes de visados, de las que se han concedido 343 visados; y en la provincia de Castellón han presentado un total de 261 solicitudes, de las que se han concedido 176 visados.
La directora general del Institut de les Dones, María Such, ha señalado que la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "ha incentivado en las dos últimas legislaturas a las empresas que han puesto en marcha planes de Igualdad para corregir las desigualdades de género, incorporar medidas innovadoras para hacer realidad la igualdad en su organización y proporcionar servicios que faciliten la conciliación y la corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y personal".
Así, en 2016 "se produjo un crecimiento exponencial respecto de la anterior legislatura, pasando de 21 solicitudes en el año 2014 o de 39 en el año 2015 a 211 solicitudes en el año 2016, como consecuencia de la inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones públicas y la concesión de subvenciones, al incluir como criterio de valoración que las entidades solicitantes tengan un certificado o distintivo empresarial en materia de igualdad".
Asimismo, desde 2018 se ha registrado un nuevo repunte, pasando de alrededor de 200 solicitudes a superar las 300 solicitudes presentadas a partir de la anualidad 2019 y que se ha mantenido hasta el 2022, como resultado de las modificaciones de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como del Real Decreto-ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
Estas normas amplían la obligatoriedad de la elaboración e implantación de un plan de igualdad de empresas con una plantilla trabajadora a partir de 250 personas hasta aquellas empresas que cuenten con 50 personas trabajadoras.
Además, Such ha resaltado que este éxito "no hubiera sido posible sin la profesionalidad y compromiso de los y las profesionales de la Red Valenciana de Agentes de Igualdad", el servicio de género de la Generalitat que tiene entre sus funciones el estudio y análisis de los planes de igualdad presentados para la emisión del correspondiente informe técnico, preceptivo y vinculante, en el que se basa la obtención del visado.
Por otra parte, cabe destacar que actualmente la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas está trabajando en el anteproyecto de un nuevo Decreto de visado del sello 'Fent Empresa. Iguals en Oportunitats', más acorde con la nueva normativa y los principios de necesidad, eficacia, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y buen gobierno.
