Aitana Mas. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EFE). La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha resuelto el concierto con entidades de iniciativa social de 2.787 plazas en centros de día y residencias para personas mayores en situación de dependencia, con una inversión de 253.640.385 euros para el periodo 2022-2026.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha recordado que el concierto social ha sido una apuesta del Consell, que quiso, desde la pasada legislatura, "atender a una demanda histórica del tercer sector que quería pasar de la subvención al concierto, logrando así una mayor estabilidad y una mejor calidad del sistema".
Aitana Mas ha destacado que este cambio en la fórmula de gestión ha permitido también mejorar los modelos residenciales de aquellos ámbitos en los que se ha implantado, centrando la atención en la persona y avanzando hacia centros que se parezcan lo más posible a un hogar, fomentando la autonomía personal y mejorando las ratios de atención, informa la Generalitat.
La puesta en marcha del concierto social en el sector de personas mayores implica un doble beneficio, ha explicado, porque, por un lado, facilita a los centros "recibir los recursos económicos en tiempo y forma", y, por otro, implica la consolidación de un modelo de atención residencial que promueve "la defensa de los derechos de las personas en situación de dependencia".
En este sentido, este sistema garantiza "la transparencia, la publicidad y la eficiencia para el interés público, y pone fin al carácter subvencionador que tradicionalmente regía las convocatorias dirigidas a este sector".
Con ello, "elimina la incertidumbre que año tras año tenían las entidades y garantiza un marco de estabilidad de cuatro años prorrogables", ha indicado la vicepresidenta.
Para el periodo 2022-2026, la Conselleria ha convocado en total los acuerdos de acción concertada de 16.272 plazas de los sectores de atención a personas con diversidad funcional, infancia y adolescencia; en situación o riesgo de exclusión social pertenecientes a colectivos vulnerables y a personas mayores dependientes, con una inversión de más de 1.316 millones de euros.
