Illueca destaca la "sintonía" con el Ministerio tras presentarle su propuesta para las viviendas de la Sareb

VALÈNCIA. (EP) El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha destacado la "sintonía" Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tras reunirse con el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, para trasladarle la propuesta del Consell para que las viviendas que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Económica (Sareb) tiene en propiedad en la Comunitat, pasen a formar parte del parque público de la Generalitat.

El vicepresidente ha calificado de muy positivo del encuentro y ha destacado que ambas instituciones entienden "que las viviendas de la Sareb tienen que servir a una finalidad social y cumplir objetivos de sostenibilidad social, todavía más en momentos tan difíciles como los actuales".

Por ello, Héctor Illueca ha explicado que con esta reunión se inicia "un camino de diálogo" con el Ministerio y desde mañana los equipos de ambas administraciones se pondrán a trabajar en un estudio detallado sobre el 'stock' inmobiliario de la Sareb existente en cada localidad.

A continuación, se estudiarán fórmulas, cumpliendo los objetivos y principios básicos de Sareb, lo que puede "traducirse en una ampliación histórica del parque público de vivienda como no se ha producido nunca a lo largo de la democracia".

El vicepresidente ha recordado que la cesión de las viviendas de la Sareb en la Comunitat podrían "dar solución inmediata a todas las personas que han pedido ayuda habitacional, ya que la lista de espera para acceder a una vivienda pública es de 4.382 personas"

La propuesta presentada al Gobierno y respaldada por los agentes sociales de la Comunitat a través de una declaración institucional se centra en cuatro puntos. El primero de ellos destaca la necesidad de incorporar las viviendas titularidad de la Sareb al parque público de la Generalitat y así resolver la necesidad imperante de emergencia residencial de familias y colectivos en riesgo de exclusión social.

Según datos de la Sareb, en la Comunitat dispone de un total de 8.532 viviendas, que en caso de incorporarse a las más de 14.000 que gestiona la Generalitat, supondría un aumento de casi un 63%.

El segundo punto plantea la posibilidad de transferir los suelos urbanizables que la Sareb dispone en la Comunitat para construir vivienda pública y que ascienden a 6.837, muchos de ellos urbanizables. Un tercer punto recoge la necesidad de abordar la situación de los contratos de alquiler de las familias que actualmente residen en viviendas propiedad de la Sareb, para estudiar la posibilidad de permanencia en su hogar con criterios objetivos y de manera negociada con representantes de afectadas y movimientos.

Por último, la propuesta hace referencia a la necesidad de clarificar las demandas judiciales y desahucios actuales o en proceso con el objeto de retirarlos y compensar, en su caso, si se han incoado sin fundamento jurídico ajustado, sin respetar las recientes medidas urgentes dictadas por el gobierno o desoyendo las peticiones reiteradas de búsqueda de soluciones de las familias.

Esas propuestas han sido plasmadas en una declaración institucional que ha sido suscrita por organizaciones sociales como la PAH o el Consell Valencià de la Juventud, así como por máximos dirigentes sindicales y de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana.

Héctor Illueca considera que si la deuda de la Sareb es pública, "sería de esperar que las viviendas de la Sareb también lo fueran y, por lo tanto, que no fueran vendidas a precio de saldo a los fondos buitre".

El vicepresidente ha considerado que se trata de "una cuestión de justicia social", ya que la crisis económica provocada por la burbuja inmobiliaria se gestionó por medio del rescate de los bancos. De esta manera se creó la Sareb, con el objetivo de dar liquidez económica en los bancos, comprándoles las viviendas que tenían en propiedad pero que no podían vender por la situación de crisis.

Además, ha resaltado que el conocido como banco malo es propietario de estas casas por una razón: "Es el resultado de miles de desahucios que han dejado en la calle a miles de familias de nuestro país".

Igualmente, ha indicado que cuando en 2012 se creó la Sareb para comprar viviendas en los bancos se aseguró que no supondría ningún gasto público. "Una década después sabemos que aquella promesa no era cierta. De hecho, nos ha costado ya 35.000 millones de euros a los y las españolas", ha lamentado.

La reunión surge tras el envío de una carta el pasado enero al Ministerio que dirige Nadia Calviño solicitando una reunión para tratar este asunto. En la misiva se exponía que la petición se realiza después de que el Consejo de Ministros aprobara las modificaciones jurídicas necesarias para que la Sareb se convierta en una sociedad pública. Dado el cambio de régimen, se entiende que el gran stock inmobiliario que posee podría dar respuesta a las necesidades habitacionales de los habitantes de la Comunitat.