VALÈNCIA. Los principales implicados en la presunta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas que se investiga en el conocido como caso Azud cumplen este martes un mes en la cárcel a la espera de que se resuelvan varios de los recursos presentados contra la decisión de la jueza. Fue el pasado 15 de mayo cuando la titular del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia decretó el ingreso en prisión, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, de cinco personas en el marco de la segunda fase de la operación policial.
Se trataba del exvicealcalde deValencia Alfonso Grau, el exsubdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio y tres empresarios: el considerado como centro de la supuesta red de sobornos, Jaime Febrer, Mónica Montoro y un asesor financiero identificado como Joaquín P. R.
Únicamente estos dos últimos, junto a Grau, presentaron un recurso contra la privación de libertad que estos días tiene que resolver la Audiencia Provincial tras celebrar las vistas la semana pasada. Uno de los motivos que ya expresó la defensa del exvicealcalde después de la detención fue su delicado estado de salud, ya que tiene casi 80 años.
Los argumentos esgrimidos en su día por la jueza para decretar la prisión fueron el riesgo de destrucción de pruebas por parte de los principales detenidos y, en algunos casos, el de fuga. El primer motivo fue el que también llevó a la cárcel en 2019 al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, donde permaneció casi un mes (plazo que ya superan los implicados esta vez). En la primera fase de la operación del caso Azud en ese año, fue arrestado junto su socio Diego Elum por haber cobrado, supuestamente, mordidas procedentes de contratistas del Ayuntamiento de València desde 2006. Una suerte de peaje por su influencia en el consistorio para conseguir o mediar en adjudicaciones y que habrían servido para lucro personal.
Las indagaciones de la Guardia Civil de ese momento desencadenaron nuevas líneas de investigación y llevaron a esta segunda parte con nuevos protagonistas y un total de 14 detenidos. La causa, que fue abierta en 2017 y todavía se encuentra bajo secreto de sumario, se centra en el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas abarcan el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.
La prisión preventiva como medida excepcional ante la posibilidad de que desaparezcan pruebas se ha dado en otros casos recientes como Erial, por el que el exministro Eduardo Zaplana permaneció privado de libertad durante nueve meses en una decisión que generó polémica por su estado de salud. Durante ese tiempo, los investigadores lograron recuperar casi 6 millones de euros procedentes del presunto entramado de mordidas que él habría liderado a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).
