El ministro Jose Luis Escrivá y el president de la Generalitat, Ximo Puig. Foto: GVAVALÈNCIA (EP). La propuesta que lanzó el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de establecer un nuevo impuesto para las rentas altas de la Comunidad de Madrid ha encontrado el beneplácito del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien ha señalado que "tiene mucho recorrido". Sin embargo, este planteamiento ya se ha encontrado con el rechazo frontal de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien sostiene que dicha tasa no está "en la agenda del Gobierno". También otros 'barones' socialistas se han manifestado en contra.
El presidente valenciano aprovechó hace dos semanas su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press para plantear un impuesto que iría solamente destinado a las rentas altas de la Comunidad de Madrid. Puig alega que este nuevo tipo impositivo serviría para compensar al resto de comunidades autónomas el efecto capitalidad que tiene la Comunidad de Madrid.
Según denuncia el mandatario autonómico de la Comunitat Valenciana, que Madrid sea la capital de España "atrae bases imponibles de otros lugares", por ello reclama armonizar fiscalmente a todas las comunidades autónomas a través de este nuevo impuesto destinado solamente a las rentas altas.
En cualquier caso, Puig no ha especificado a partir de cuánto dinero se empezaría a imponer este nuevo impuesto, sino que se ha limitado a señalar que su propuesta va destinado a las rentas altas para luchar contra el "dumping fiscal" y la "competencia desleal" de Madrid.
Tras lanzar este planteamiento, Puig ha encontrado en el Gobierno un aliado para estudiar este nuevo impuesto. En concreto, José Luis Escrivá apoyó este mismo jueves, tras reunirse con el presidente valenciano, su propuesta destinada a las rentas altas de la Comunidad de Madrid.
Es más, el ministro Escrivá augura "mucho recorrido" a esta idea del presidente valenciano y por ello, se ha comprometido a seguir explorando esta vía. De este modo, ha querido respaldar la propuesta que planteó Puig hace una semanas como una posibilidad dentro de una reforma fiscal a nivel nacional.
Cabe recordar que el Gobierno tiene encargado un informe a un comité de 17 expertos para reformar el sistema fiscal en España, de modo que el Ministerio de Hacienda dispondrá de sus conclusiones a principios del año que viene, entre las que podría estar este impuesto a las rentas altas de Madrid que el Ejecutivo ya se ha abierto a explorar.
No obstante, precisamente la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha negado que el Gobierno tenga en mente asumir la propuesta del 'president' de la Comunitat. "Esa propuesta no está en la agenda del Gobierno, ni lo va a estar nunca", ha zanjado la responsable de Hacienda.
Montero ha sostenido que la hoja de ruta del Gobierno en política autonómica es que "nunca enfrente territorios", mientras que ha blandido que sus iniciativas se encaminan a "buscar el consenso, el diálogo, la capacidad de ponernos de acuerdo entre todos los territorios que conforman España para que no se produzcan comparaciones, agravios, para que unas personas piensen que tienen menos oportunidades que otras por el hecho de vivir en un territorio o en otro".
La ministra de Hacienda y Función Pública ha recriminado al PP que "juegue permanentemente al victimismo, haciendo ruido, buscando la polémica donde no hay nada".
También se ha pronunciado al respecto la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien ha asegurado que es "una evidencia" que hay que afrontar que no todas las comunidades "están financiadas de la misma manera". La exalcaldesa de Gandia ha comentado que Puig es presidente de la comunidad "peor financiada de España".
"Es una realidad que tenemos que afrontar, no para confrontar, sino para poner sobre la mesa que todos los ciudadanos de nuestro país deben tener la misma calidad de servicios", ha indicado, mostrándose segura de que se llegará a un acuerdo.
En este contexto, el Ejecutivo extremeño de Guillermo Fernández Vara ha calificado de "ocurrencias" que crean "confrontación" las propuestas que hablan de crear un impuesto específico a Madrid para compensar al resto de autonomías por el efecto de la capitalidad.
En parecidos términos se ha expresado el Gobierno de Aragón, del socialista Javier Lambán, que estima necesario valorar el efecto de la capitalidad de España sobre la economía y estudiar alternativas aplicadas en otros países, pero no se muestra partidario "de imponer tasas específicas a ninguna comunidad autónoma, sea la que sea".
Otro Ejecutivo socialista que rechaza el planteamiento de Puig ha sido el de Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page. Desde la Junta ven con buenos ojos hacer un "esfuerzo" de armonización fiscal, aunque se muestran contrarios a que "se imponga una tasa a un territorio concreto".
También el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha expuesto su disconformidad, aunque se ha mostrado contrario con las rebajas fiscales que aplica esta comunidad y ha abogado porque se pague la misma cantidad de tributos en todo el país. En el caso del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha calificado de "evidente equivocación" la propuesta de Ximo Puig para este impuesto específico en Madrid, del que ha dudado de su "constitucionalidad".
Por su parte, desde la Junta de Castilla y León, del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, aseguran que a la región le perjudicaría que se le obligara a subir impuestos o que aumentará la gravación fiscal, al tiempo que dejan claro que desde Castilla y León no se pide que se incremente los impuestos en otras comunidades, pero si demanda al Gobierno nacional una política fiscal favorable al medio rural.
Este planteamiento que hizo Ximo Puig hace unas semanas ya se encontró con el rechazo frontal de los empresarios madrileños y con el del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, acusando al presidente valenciano de "madrileñofobia".
Es más, el Ejecutivo madrileño ya anunció que se opondría a cualquier intento de subir los impuestos en la región capitalina, respondiendo a Puig que "los dirigentes incompetentes no tienen que cargar las culpas sobre los que lo hacen bien".
Nada más conocerse esta propuesta, el portavoz de la Comunidad Madrid, Enrique Osorio, arremetió duramente contra el presidente valenciano: "Tiene que imitarnos, estamos dispuestos a explicarles como se hacen estas cosas, pero no puede para disimular sus errores decir que es porque somos capital o porque hacemos 'dumping fiscal' y somos insolidarios. Los dirigentes socialistas tienen tendencia a ocultar sus errores echando culpas a otros".
También desde la dirección nacional del PP acusan al Gobierno de querer "castigar el bolsillo de los madrileños" y avisan que si aprueba una medida de este tipo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pagará en las urnas su "madrileñofobia" como, a su juicio, ya ocurrió en las autonómicas del pasado 4 de mayo.
Por su parte, el diputado y senador de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado que hace falta "afinar y aclarar" la propuesta de Ximo Puig de estudiar un impuesto a las rentas altas de la Comunidad de Madrid para compensar al resto de autonomías el efecto capitalidad.
Puig ha encontrado también el rechazo a esta propuesta dentro su propio Ejecutivo. En concreto, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, de Compromís, no es partidaria de implantar un "impuesto a los ricos de Madrid" y prefiere establecer una "legislación básica que no permita a ningún territorio hacer dumping fiscal" al resto.
Pero aunque no sea partidaria de implantar un "impuesto a los ricos de Madrid", Oltra sí considera que "es importante abrir debates y reflexiones para llegar a conclusiones". A su juicio, "quien sufre" es la población que vive en la Comunidad de Madrid, ya que "allí tiene más consideración alguien que se pone el domicilio ficticiamente para evadir impuestos que una persona que vive allí". "¿Quién son los madrileñófobos?", se ha preguntado.
En todo caso, este planteamiento de Puig augura un nuevo debate entre las comunidades autónomas con motivo de la armonización fiscal a Madrid y su efecto capitalidad. Hay varios Ejecutivos autonómicos que ya han avanzado su posición respecto al sistema fiscal de la región madrileña, acusándola de hacer "dumping fiscal" como proclamó Puig.
Tras el apoyo del Gobierno a explorar esta vía, hay dos autonomías que se han posicionado: Extremadura y Castilla y León. En el caso de la primera, la Junta considera que es "falso" el debate de la armonización fiscal centrado en subir o bajar impuestos y defiende que "es necesario configurar el sistema fiscal que España necesita para su futuro".
Por su parte, la Junta de Castilla y León cree que a la región le perjudicaría que se le obligara a subir impuestos o que aumentará la gravación fiscal, al tiempo deja claro que desde Castilla y León no se pide que se incremente los impuestos en otras comunidades, pero si demanda al Gobierno nacional una política fiscal favorable al medio rural.
