VALÈNCIA (EP). La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este lunes 26 de febero la puesta en marcha del teléfono 020, un nuevo servicio público para reforzar la información y resolver consultas de los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que empezará a funcionar en verano y supondrá un aumento de la plantilla del 40%.
Saiz, que ha participado en la jornada 'IMV: una política más viva que nunca' celebrada en Madrid, ha señalad que con esta nueva herramienta se da comienzo a "una nueva etapa" porque se pretende llegar a todos quienes lo necesiten y no tengan acceso a la prestación.
"Es una declaración de intenciones. Las causas que son prioritarias para el Gobierno cuentan con un teléfono corto: violencia machista, ciberseguridad ciudadana, salud mental, atención al suicidio... En este caso, queremos acercarnos a las personas con derecho a la prestación de una manera más ágil y sencilla", ha subrayado la ministra durante el diálogo mantenido con la periodista Silvia Intxaurrondo.
No obstante, Saiz ha destacado que "hay que ser muy conscientes" de que se está hablando de dinero público y, por lo tanto, el IMV "no se obtiene por pulsar un botón, hay una importante maquinaria".
En estos casi cuatro años que lleva la prestación, que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y es compatible con trabajar, se ha llegado a 750.000 hogares con 2,2 millones de personas, con una inversión de 9.300 millones de euros. "El IMV es una prestación viva y compatible con el empleo, a diferencia de las rentas mínimas de las CCAA", ha destacado Saiz.
Concretamente, un 66% de los beneficiarios son mujeres y el foco está puesto "siempre en la infancia", ya que casi un millón de perceptores son menores de edad (43%) y en el 68,3% de los hogares hay, al menos, un niño o adolescente, según ha precisado la ministra.
Las familias monoparentales también conforman un porcentaje "muy importante" y en cuanto a la media de edad de las personas preceptoras, los beneficiarios tienen una media de edad de 28 años.
Según Saiz, "eso demuestra que se aspira a dar una cobertura de diferentes edades. Y yo creo que son datos que hacen ver que es una realidad el ingreso mínimo vital y también el complemento de ayuda a la infancia".
El IMV, que se ha revalorizado desde 2020 un 31%, establece una renta mensual de 604 euros a un adulto; de 967 euros a un adulto con dos menores a cargo; de 1.100 euros a familias monoparentales o con discapacidad de más de 22% y, asciende a 1.233 euros, a las familias monoparentales y con discapacidad de más de 44%.
Por su parte, la secretaria general de Inclusión, Mónica Martínez-Bravo, ha apuntado que esta prestación, con vocación a dejar de serlo y a convertirse en una política de acompañamiento, "es más que una prestación económica ya desde su inicio", porque además de las prestaciones económicas, la ley del IMV también dice que "hay que ir más allá" y desarrollar itinerarios de inclusión.
Martínez-Bravo, junto al secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, han detallado las medidas adoptadas desde 2020 "para potenciar la eficacia de esta política de renta mínima de garantía".
"Estábamos en plena pandemia, sin poder brindar atención presencial por la situación sanitaria. En ese contexto, en la primera semana, recibimos hasta 260.000 solicitudes", ha destacado Suárez Corujo.
Seguridad Social publicará el próximo 29 de febrero nuevas estadísticas con los datos de hogares que perciben el IMV cada mes (saldo vivo) y se conocerán también en breve los resultados de los 34 itinerarios piloto vinculados al IMV y financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
"Estamos en un momento apasionante de recogida de resultados de los proyectos, que cuentan con la metodología más avanzada y han ayudado a más de 80.000 personas", según Martínez-Bravo.
Al término del encuentro, la ministra ha entregado una mención de reconocimiento a las 11 entidades del Registro de Mediadores Sociales del IMV, que fueron "clave" para agilizar la tramitación al certificar situaciones complejas como el riesgo de exclusión social, la residencia de personas sin hogar o el domicilio real cuando no coincide con el padrón.
Dichas entidades son Cruz Roja Española, Cáritas Española, ACCEM, Fundación Cruz Blanca, COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), Provivienda, Fundación Secretariado Gitano, Fundación CEPAIM (Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes), COCEDER (Confederación de Centros de Desarrollo Rural), MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad), Plena Inclusión, Hogar Sí, y EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España).