¡No, no, no! No voy a hablar del resultado de las elecciones en Catalunya, ni del ultimo año de Procés. Aunque me muerda la lengua. Por lo que me toca y como británica-consorte, me toca hablar del Brexit, el proceso “independentista” del Reino Unido, que ha cogido carrerilla con el acuerdo alcanzado hace dos semanas y que permite pasar a una segunda fase tras llegar a un acerado sobre las condiciones de salida. Y nadie lo diría cuando, en marzo, la Primera Ministra británica Theresa May comunicó a la Unión Europea sus líneas rojas en su white paper.
Que no, que no y que no. Durante todo este año, el equipo de negociación europeo, capitaneado por el francés Michel Barnier, no le dejó pasar la línea roja a su homólogo británico David Davis. Y ésta era la factura que tendrán que pagar a la Unión Europea antes de abandonar el barco. El precio del billete es alto. Bruselas pedía 100.000 millones de euros iniciales, si contamos con los dos años de periodo transitorio hasta 2020. May no quería asumir más de 20.000 millones por el Brexit y ha ido reculando en la última etapa de esta primera etapa. El 21 de noviembre ya había capitulado y ofrecía 42.750 millones por su salida. Una semana después, el 29 de noviembre, la cifra había subido hasta los 56.000 millones de euros, más cercana a los 60.000 millones que, desde el principio, se habían barajado en Bruselas.
Que sí, que sí y que sí. Que se van. Y ya tardan. Pero es que ahora se acuerdan de que, además, tienen funcionarios -y muchos- trabajando en las instituciones europeas para el gobierno británico con sueldos pagados por Bruselas. Y que deberán renunciar a su puesto… Y comenzar a pagar impuestos en su país, ya que aquí están exentos… Y que su Gobierno se lo descontará de sus pensiones… Vaya, vaya, qué complejidad… No se lo esperaban. Pues para esto está la factura, para pagar las pensiones de sus nacionales, no de los nuestros. “Amb diners, torrons”, que dicen en mi pueblo.
Pues sí. Como la del eurodiputado del partido anti europeo UKIP, Nigel Farage, que se ha pasado casi veinte años en Bruselas mordiendo la mano que le daba de comer y que ahora se atreve a decir que, por supuesto, que piensa reclamar la pensión del Parlamento Europeo. Unos 82.363 euros al año, al cambio actual. Precisamente él, que se dedicó a boicotear la factura británica durante toda la campaña pre y post Brexit. “El Reino Unido no debería pagar nada, debe irse dando un portazo”, se atrevió a decir Farage aún desde Bruselas, donde aguanta desde hace un año las directas e indirectas que le lanzan a su escaño el resto de parlamentarios. "¿Por qué está usted aún aquí?”, le espetó el presidente de la Comisión Europa, Jean-Claude Juncker, el día siguiente al referéndum.
Pues no, aún no se ha ido. Porque hay que atar muchos cabos sueltos. Después de amenazar a los trabajadores europeos que residen en el Reino Unido, se acuerdan de que ellos también tienen residentes en todo el espacio europeo, Después de clamar por ser la city financiera de Europa, ven cómo los principales bancos huyen de Londres y buscan acomodo en Frankfurt. Después de exigir que las instituciones y organismos de la Unión Europea se queden en suelo británico, ven cómo les van despojando de todos estos ropajes y ya hay nueva sede para la Agencia Europea del Medicamento. Y lo que queda es más duro aún, si tenemos en cuenta que hay que sentar las bases para una nueva relación. Para quedar como amigos, dicen. Amigos para siempre. De los que se desean Merry Christmas en Navidad