Imagen de archivo.VALÈNCIA (EFECOM). Cerca del 60 % de la producción industrial española cree que la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, cuyo anteproyecto está pendiente de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, debe "coadyuvar" a que el coste energético de su actividad sea más competitivo internacionalmente.
"Los mercados energéticos están ahora mucho mejor o mucho menos mal que hace dos años. Pero el 'gap' del coste entre España y la industria alemana, francesa, por no decir ya la americana o la china, no se ha solucionado", lamenta la Alianza por la Competitividad de la Industria Española.
Desde que trascendiera su borrador, a comienzos de julio, la Alianza ha venido reclamando un enfoque "horizontal" para que el futuro texto sea una "ley de Gobierno" y no se limite únicamente al Ministerio de Industria.
"La política industrial, al final, es política energética, medioambiental, laboral, fiscal, de transporte... Todas aquellas cuestiones que legisla el Gobierno en diferentes áreas y que tienen un impacto en competitividad deben ser parte de esta ley", insiste a EFE el portavoz de la Alianza, Carlos Reinoso.
Reinoso pone voz a las peticiones de grandes patronales sectoriales como son Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia).
Unidas bajo el mismo paraguas, el de la Alianza, representan a sectores industriales estratégicos para la economía nacional, generando el 55 % del producto industrial bruto y cuatro millones de empleos directos, indirectos e inducidos.
Uno de los vectores "fundamentales" de su competitividad lo supone el coste energético.
En su último informe anual, Unesid lo deja claro: "La energía es, muy a nuestro pesar, una asignatura pendiente para nuestra industria". Como consecuencia de ello, el saldo comercial del sector registró un déficit de 520 millones de euros en 2023, el primero en quince años, equivalente a 2,5 millones de toneladas.
También los fabricantes de automóviles, a través de Anfac, reconocían hace unos meses que los costes de la electricidad, el gas o el petróleo, unidos a las dificultades logísticas, habían supuesto una "merma" para la competitividad de la industria automotriz.
"Esta ley debe de avanzar en un coste competitivo para la industria", indica Reinoso, que entiende que hay muchos mecanismos que podrían plantearse en este ámbito.
Quien entra en pormenores es Feique. "No hemos conseguido que nuestra mayor potencia renovable nos lleve a un mejor precio. Más bien todo lo contrario", explica su director general, Juan Labat, que atribuye este hecho "al impacto que tienen los derechos de CO2".
La patronal química es consciente de que el actual proceso de descarbonización les llevará a usar cada vez "mucho menos gas". La clave, ahora mismo, pasa por impulsar la eficiencia energética hasta que sean "muy competitivas" tecnologías alternativas, como el hidrógeno, cuyo precio sigue siendo más elevado.
Cita, asimismo, el biometano, que tiene "mucha capacidad de producir en España"; sin embargo, "vamos muy atrasados".
Otra opción es que existan modelos de ayuda de contratos por diferencia. "Yo produzco o consumo hidrógeno, pero me dan la diferencia respecto a si consumiera gas natural", cuenta.
Labat sabe que "va a ser más caro producir estos productos. Pero va a ser más caro para el ciudadano a no ser que subamos el precio de la alternativa sucia o bajemos el precio de la alternativa limpia para que pueda tomar su decisión tranquilamente".
"No pedimos tiempo, pero sí mecanismos para compensar esos precios porque el ciudadano no lo compra", incide el director general de Feique sobre la idea de "pagar más por un producto más sostenible".
Y prosigue: "Hay que cambiar un poco el comportamiento del mercado". Aún así, confía en que el estudio de esta realidad será una prioridad para la Comisión Europea en su nuevo ciclo institucional.
