VALÈNCIA. El Ministerio de Industria dará un balón de oxígeno al sector del azulejo para que pueda justificar las ayudas otorgadas por el Gobierno y no se vea forzado a devolverlas. La secretaria de Estado de Industria, la valenciana Rebeca Torró, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo central ampliará de seis a doce meses el plazo para que las compañías puedan certificar ante la administración que cumplen con el requisito de plazo a proveedores marcado por la ley para no tener que devolver las subvenciones recibidas hace menos de dos meses.
La secretaria de Estado ha aprovechado la presentación de la feria internacional de la cerámica Cevisama en Feria Valencia para anunciar la decisión del Gobierno de dar más tiempo a las compañías que han ingresado las ayudas en el programa de subvenciones de 450 millones de euros del Ministerio para sectores gasintensivos.
Según la Ley de Subvenciones, las empresas deben acreditar que cumplen con un plazo de pago a proveedores de 60 días, algo especialmente difícil para el sector del azulejo, donde la mayoría de las ventas se producen en el extranjero, lo cual dificulta el cumplimiento. Y más aún tras la crisis energética y la pérdida de competitividad de las empresas, por lo que el sector pedía que se hiciera una excepción para evitar un aluvión de devoluciones.
Así, aunque el Ministerio no ha cedido en este aspecto, sí dará un poco más de manga ancha. Hasta ahora, las empresas tenían seis meses para certificar que cumplía con el requisito de plazo a proveedores. Sin embargo, Torró ha anunciado que el Ejecutivo dará seis meses más para presentar la documentación que avale el cumplimiento. Una medida que se sustanciará en un Real Decreto en los próximos días y que no sólo afectará a la empresas azulejeras, sino a todas las que recibieron ayudas, según ha dicho la secretaria de Estado.
Hay que recordar que el programa de ayudas impulsado por el Ejecutivo a través del Ministerio de Industria supusp una inyección total de 450 millones de euros a 35 diferentes sectores grandes consumidores de gas como es el cerámico y el de colores, fritas y esmaltes. Las ayudas, finalmente, se repartieron entre 448 empresas de todo el territorio nacional, y 79,3 millones de euros corresponden Castellón, la mayoría -73,2 millones-, al clúster azulejero de la provincia, y el resto a otras pocas empresas químicas (UBE), papeleras (Kartogroup) o de biofuel (Masol), entre otras.