La infancia, la juventud, la pobreza… y la pandemia

La población joven entre 16 y 30 años lidera desde 2012 los niveles de pobreza en España. El riesgo de pobreza alcanzaba en 2019 al 31,7% de la juventud y se convertía en un problema estructural en nuestro país. Y especialmente preocupante es que un 13% de las personas en esa franja de edad se encontraba antes de la covid-19 en situación de pobreza severa en España.

Estos datos se destacan en el acuerdo firmado  esta semana por la EAPN Comunitat Valenciana (European Anti-Poverty Network/Red Europea de Lucha contra la Pobreza- EAPN CV) y el Consell Valencià de la Joventut (CVJ) que han firmado un acuerdo de colaboración para promover una mejor gobernanza que incluya la visión y experiencias de la juventud en riesgo de pobreza y/o exclusión social en las políticas de la Generalitat Valenciana.

Se trata de un paso importante y real que esperemos se mantenga en el tiempo y se dote del presupuesto necesario para ejecutarlo.  La participación e implicación real de los organismos públicos es imprescindible para que estas realidades, que tan bien se sostienen en el papel y que hablan de cifras de las que no llegamos a ser conscientes, se trabajen con medidas concretas y empiecen a reducirse.

En el acuerdo firmado por ambas instituciones, los temas a abordar destacan aquellos que tienen que ver con los efectos de la pobreza, la desigualdad o la exclusión social en la población joven, teniendo carácter prioritario aquellos relacionados con el derecho a la participación de los y las jóvenes, especialmente de la población joven que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad social, y el trabajo entre entidades miembro.

Además destacan ambas entidades que resulta imprescindible la participación social de la juventud con mayores dificultades, que generalmente queda invisibilizada, porque tiene mucho que aportar al debate político en defensa de los derechos sociales y humanos.

La juventud , según ambas instituciones, tiene los mayores índices de exclusión social en España y  se necesitan políticas integrales que miren hacia su presente y futuro.

Estas cifras alarmantes que pretenden seguir recordando a las instituciones públicas mayor implicación por parte de los gobiernos, no vienen solas. 

La pobreza en la infancia 

También esta semana hemos conocido que en total, más de 310.000 niños y niñas estarían en una situación de pobreza en la autonomía, lo que supone un aumento de más del 2,4% respecto a los datos del año anterior. Así lo revela el análisis que ha hecho Save the Children a raíz de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ofrece los primeros datos oficiales sobre cómo ha afectado la pandemia a las familias, en concreto a las más vulnerables. La organización advierte de que el número de menores en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en más de 2,5 millones tras la crisis económica y social de la covid-19.

Un 31,1% de los menores de 18 años en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, un 34,8% de los niños y niñas de la autonomía están en riesgo de pobreza o exclusión social.

Al analizar qué políticas se están llevando a cabo para erradicar la pobreza infantil, la organización destaca que el porcentaje de gasto público en familia e infancia en España es bajo en comparación con la UE y poco efectivo. Actualmente solo se invierte el 1,3% del PIB en prestaciones familiares, frente al 2,2% de media de los países de la UE, y las prestaciones sociales existentes solo reducen la pobreza infantil en 5,2 puntos porcentuales (la cifra más baja de toda la UE).

Por ello Save The Children, con toda la experiencia que cuenta a sus espaldas,  propone medidas concretas que pueden funcionar si se cuenta con el respaldo de las instituciones públicas y recuerda que el coste medio para poder criar a un niño o niña en condiciones dignas es de al menos 500 euros mensuales, aproximadamente 6.000 euros anuales.

Medidas reales YA 

Save the Children define como una oportunidad la introducción de deducciones fiscales reembolsables por hijo o hija a cargo, una medida que beneficiaría a las familias independientemente de su obligación de tributar y que alcanzaría también a las rentas más bajas, algo que ahora no está sucediendo. La organización pide que esta medida y las anteriores se integren en la futura Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias anunciada por el Gobierno. 

Estas medidas  de alcance nacional y autonómico podrían pasar por la reforma de nuestro sistema fiscal por poner en marcha planes y medidas políticas dotadas de presupuestos reales.  

Asimismo, Save the Children cree que España debe aprovechar el impulso de la Garantía Infantil Europea, que insta a asegurar el acceso gratuito o, cuanto menos, efectivo a servicios básicos para el desarrollo de la infancia como la sanidad, la educación 0-3, la educación infantil, la vivienda o la nutrición. La organización considera que las acciones que habiliten este instrumento deben concretarse en un Plan de Acción Nacional

A nivel autonómico, algunas de las propuestas que pueden ayudar a combatir la pobreza infantil son:

• Ampliar la cobertura y mejorar la gestión de la Renta Valenciana de Inclusión, priorizando a las familias con menores a cargo y monoparentales. Se debe reconfigurar la RVI para dar cobertura a todas las familias con hijos a cargo en situación de pobreza que quedan fuera del IMV.
• Aumentar los recursos disponibles y especializados en el sistema de servicios sociales, asegurando que se pueda dar una respuesta adecuada a las necesidades de las familias en situación de pobreza y exclusión social.
• Garantizar las medidas que favorezcan la adaptación de horario y reducción de jornada laboral para el cuidado de niños y niñas durante la pandemia. Se debe abordar la reforma de la regulación del tiempo de trabajo y de la conciliación laboral y familiar con perspectiva de género, priorizando a las familias con mayor vulnerabilidad, especialmente a las monoparentales.
• Seguir incrementando las plazas para garantizar un acceso universal progresivo a educación infantil de 0 a 3 años, priorizando a los niños y niñas en situación de pobreza o exclusión social.
• Continuar implementando planes de refuerzo educativo con recursos y amplitud suficientes para garantizar su eficacia y reducir el desfase educativo, especialmente entre el alumnado más vulnerable.
• Ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social como forma de hacer frente a las crisis habitacionales derivadas de desahucios, impagos u otras situaciones de vulnerabilidad económica y exclusión social.

La semana que viene… más!