VALÈNCIA (EP). Un informe denuncia discriminación y barreras a personas migrantes afectadas por la catastrófica dana del pasado 29 de octubre y, entre otros ejemplos, indica que hay familias, en su mayoría población gitana o de otras minorías étnico-raciales, que pagan hasta 400 euros por vivir en bajos o garajes reacondicionados a través de la construcción de cubículos.
Así se desprende del II Informe Discriminación Cotidiana por Racismo y Xenofobia en València presentado este martes por parte de Accem, Campaña CIEs NO, CEAR-PV, Convive Fundación Cepaim, Elche Acoge, Movimiento Por la Paz, Rumiñahui y València Acull.
Una parte del texto se dedica al "racismo en el marco de la dana" y se advierte de que se han identificado situaciones de discriminación por motivos étnicos y raciales en las zonas afectadas así como barreras administrativas que dificultan a las personas migrantes tanto el acceso a las ayudas económicas como la recuperación de su documentación.
Así, en el informe se detalla que entre las personas afectadas por la dana se encuentran numerosas familias que vivían en situación de chabolismo o de infravivienda, en su mayoría gitanas o de otras minorías étnico-raciales. "Estas familias están experimentando los efectos de esta catástrofe medioambiental de manera especialmente drástica, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad", se expone.
Muchas de ellas, se indica en el mismo documento, viven en bajos o garajes reacondicionados a través de la construcción de cubículos, por los cuales pagan entre 250 y 400 euros, en situaciones que no reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias.
También se han denunciado situaciones de desalojo, como el caso de Torrent, donde 40 familias, entre ellas más de 15 menores, que residían en un edificio han tenido que enfrentar "todo tipo de vejaciones" por parte de la administradora del lugar, "quien intentó desalojarlas argumentando que debían dejar las habitaciones libres puesto que iban a ser usadas por personas afectadas por la riada, algo que resultó ser falso y una excusa para obligar a las familias a marcharse", denuncian.
Por otro lado, en el informe se expone la difusión de publicaciones en redes sociales que adoptan un tono "criminalizador" hacia las personas migrantes. Al respecto, se indica que se ha centrado la atención en la población migrante en torno al fenómeno de los llamados 'pillajes', en particular en personas procedentes del Magreb y comunidades gitanas, incluidas las de origen rumano.
También se han identificado 'trollcenters' dedicados a replicar, difundir y publicar de manera sistemática bulos que asocian la crisis con personas migrantes y racializadas. Además, en las redes sociales "no se visibiliza a las personas migrantes como víctimas de la catástrofe o colaboradoras de la reconstrucción, sino únicamente como receptoras de ayuda, reforzando así una visión sesgada y discriminatoria", se critica.
Por otra parte, en el informe se expone que la catástrofe, que ha afectado mucho al sector agrícola y al de la construcción, ha dejado sin ingresos a muchas personas en situación administrativa irregular, ya que han perdido por completo la posibilidad de generar recursos. "Sin la posibilidad de desplazarse fuera de las zonas afectadas y sin contar con un permiso de trabajo, estas personas enfrentan una doble vulnerabilidad agravada por las consecuencias de la catástrofe", advierten.
Además, se han registrado --siempre según el mismo texto- "múltiples situaciones de explotación laboral" por parte de empleadores que "obligan" a las personas trabajadoras en situación irregular, residentes en las zonas afectadas, a acudir al trabajo bajo el argumento de que "no tienen derecho a una baja laboral". Así mismo, se han producido varios despidos injustificados debido a la ausencia de que las personas trabajadoras que no pueden salir de las áreas más afectadas.
Por otra parte, en el informe se denuncia que un gran porcentaje de personas migrantes carecen de contrato de alquiler o certificado de empadronamiento, o están empadronadas en direcciones distintas, lo que les impide acceder a las ayudas públicas ofrecidas.
Mañana, miércoles, organizaciones sociales y plataformas de entidades que defienden los derechos de las personas migrantes se concentrarán en la Plaza de la Virgen de València, a las 19 horas, con motivo del Día Internacional de los Derechos de las Personas Migrantes bajo el lema 'El Pueblo que Salva también es Migrante'.
La movilización servirá para denunciar la "vulneración" de los derechos y la "represión" que sufre este colectivo en el Estado español y la Unión Europea, así como para reivindicar que las ayudas por la dana lleguen también a las personas en situación administrativa irregular que hayan sido afectadas por las inundaciones.
Además, en conmemoración de esta fecha, las entidades organizarán diferentes actividades durante toda la semana. Las portavoces de los colectivos de defensa de las personas migrantes han explicado que la concentración tendrá como reivindicaciones fundamentales el fin del racismo institucional y el derecho a migrar.