Los expertos valencianos: la propuesta de Montero "no garantiza la solución" de la infrafinanciación

VALÈNCIA. La Comisión de Expertos nombrada por Les Corts Valencianes (CECV) considera que el planteamiento de población ajustada del Ministerio de Hacienda para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica (SFA) "no garantiza la solución de los problemas de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana si la nivelación de los recursos por unidad de necesidad no se basa en criterios bien fundados, pues con algunos de los indicadores que se contemplan con escaso fundamento podría mantenerse una financiación por habitante alejada de la media y de las comunidades mejor financiadas".

Así lo plasma la Comisión en el informe de valoración sobre el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Cálculo de la Población Ajustada (IFNMH) del Ministerio de Hacienda, trabajo entregado este miércoles en Les Corts y que se presentará al departamento que dirige María Jesús Montero como documento de alegaciones de la Comunitat Valenciana a dicho informe. El plazo para entregar las alegaciones finaliza el próximo lunes, día 31. 

La CECV está formada por Francisco Pérez, catedrático emérito de la Universitat de València y director de investigación del Ivie; Rafael Beneyto, director general de Tributos y Juego de la Generalitat; Vicent Cucarella, síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana; Eusebio Monzó, asesor en innovación de la Universitat Politècnica de València (UPV) y ex secretario autonómico de Hacienda; José Antonio Pérez, también de la UPV, y Ángeles Pla, profesora titular de la Universitat de València. Como secretaria figura María Dolores Furió, directora general de Modelo Económico, Financiación Autonómica y Política Financiera de la Generalitat, y como colaboradores para este informe, Francisco J. Goerlich, catedrático de la Universitat de València y profesor investigador del Ivie y los técnicos de investigación del Ivie Juan Pérez y Silvia Mollá.

Estos expertos consideran que el informe del Ministerio aborda un elemento central para la definición de un nuevo sistema de financiación autonómica, como es el cálculo de la población ajustada (ajuste que se hace en función de características que pueden encarecer el coste de los servicios públicos, como densidad, dispersión, insularidad, población mayor o población infantil). Según afirman, "el adecuado cálculo de la población ajustada debería ser la forma de estimar las necesidades que el modelo de financiación reconoce a la hora de distribuir los recursos entre las CCAA". 

Sin embargo, recuerdan que el informe de Montero solo habla de un nuevo cálculo de la población ajustada pero en el SFA vigente hay más elementos además de la población ajustada. "Desde la generalización de competencias en 2002, los mayores problemas de funcionamiento de la financiación autonómica no son consecuencia de la definición de este indicador sino que vienen provocados por el resto de instrumentos del SFA", recalcan. La disfunción más relevante, señalan los expertos, "ha sido que la asignación del conjunto de recursos del SFA no se ha realizado siguiendo del indicador de necesidad población ajustada, sino una lógica de mantenimiento del statu quo que no responde a ninguna valoración objetiva de las necesidades de gasto de las competencias autonómicas". 

Por tanto, en opinión del CECV, el informe del Ministerio de Hacienda "no puede ser considerado una propuesta suficiente para abordar la necesaria y urgente reforma del actual Sistema de Financiación (SFA)".

En las alegaciones al informe ministerial, la Comunitat Valenciana insistirá en que el nuevo SFA contemple, además de una "adecuada" definición de necesidades "basadas en población", tres piezas más: 

La primera, la garantía de que el indicador representativo de las necesidades será el que determinará el reparto de la totalidad de los recursos autonómicos, "sin más fondos ad hoc que, como ahora sucede, desvirtúen la asignación que se derive de la población ajustada para justificar la del statu quo".

En este sentido, la CECV comparte que la diferente estructura por edades de la población justifique ciertas diferencias de necesidades por habitante, pero afirma que los análisis realizados de manera objetiva a partir de las variables que resultan explicativas de la diferente intensidad de demanda de los servicios públicos fundamentales les conducen a considerar "inaceptable" una definición de la población ajustada "que se separe injustificadamente de la población de derecho".

La segunda pieza es una mayor aportación del Estado. En este senido, los expertos valencianos piden una "garantía" de que la reforma contemplará "una condición de suficiencia dinámica que garantice la imprescindible aportación de recursos adicionales para dotar de financiación suficiente al ejercicio de las competencias autonómicas, de acuerdo con la evolución de las necesidades de la población". 

La tercera pieza propuesta es una modificación de los vigentes niveles de participación autonómica en la gestión y la recaudación de impuestos así como el sistema de colaboración y cogobernanza efectiva de las actuales agencias tributarias.

Compensación de la 'deuda histórica'

La CECV también considera "sustancial" contemplar en la negociación del nuevo SFA "la compensación de la deuda autonómica derivada de la infrafinanciación a todas las comunidades afectadas por esta, estableciendo un mecanismo transparente, objetivo y plenamente justificado". Según explica, esa compensación "debe permitir la reversión de la discriminación padecida en las últimas décadas por las comunidades infrafinanciadas y sus perniciosos efectos, acumulados en forma de endeudamiento autonómico desde que se aplicaron los sucesivos modelos de financiación basados en el statu quo. 

Además, considera "imprescindible" revertir las consecuencias de la política de estabilidad presupuestaria desarrollada por el Gobierno central a partir de 2009 -hasta finales de 2011 con Zapatero y luego con Rajoy- "en la medida que detrajo, unilateralmente, parte de la participación autonómica en la recaudación de los tributos compartidos y fijó objetivos de déficit no proporcionados". Según explican los expertos, "la combinación de ambas decisiones mantuvo los recursos autonómicos por debajo de la evolución del indicador de necesidad vigente en el SFA, con la consiguiente acumulación de endeudamiento en las CCAA".

Por último, el CECV reitera la reivindicación de un fondo de nivelación transitorio aplicable en este mismo ejercicio "si a juicio del Gobierno de España las circunstancias no permitieran abordar de inmediato, en 2022, una reforma del SFA", con el objetivo de paliar urgentemente los efectos que la infrafinanciación tiene en los ingresos y el equilibrio financiero de las comunidades perjudicadas año tras año.