Ximo Puig, Vicent Cucarella y Vicent Soler, este viernes. Foto: GVAVALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes constata en su informe sobre las cuentas de la Generalitat valenciana de 2017 que al Consell le faltaron 1.368 millones para conseguir el equilibrio presupuestario, cifra similar a los 1.325 millones que incluyó como "partida reivindicativa" en el presupuesto sabiendo que no iba a llegar esa transferencia del Estado.
Esta casi coincidencia sirvió este viernes al conseller de Hacienda, Vicent Soler, para esgrimir el resultado del informe como un "argumento" ante el Gobierno central sino para justificar la inclusión de la partida ficticia: "Hemos incluido en las cuentas valencianas esa cantidad desde 2016 porque es de justicia que la Comunitat Valenciana pueda disponer de unos ingresos que permitan igualar la media por habitante a la del conjunto de las comunidades autónomas", afirmó.
Sin embargo, la institución que dirige Vicent Cucarella daba en el mismo informe un tirón de orejas a Soler por empeñarse en hacer uso de esa trampa contable: "La Generalitat debe incluir en sus presupuestos iniciales de transferencias a recibir del Estado, derivadas del sistema de financiación autonómico, únicamente las previsiones de ingresos que de forma razonable se espera obtener, teniendo en cuenta que su determinación se encuentra reglada en el marco normativo de aplicación. De esta forma, los presupuestos inicialmente aprobados por Les Corts Valencianes reflejarían las necesidades de financiación de la Administración valenciana y su cobertura mediante el recurso al endeudamiento u otros posibles".
El síndic major, Vicent Cucarella, entregó este viernes a la vicepresidenta primera de Les Corts, Carmen Martínez, y a los portavoces de los grupos parlamentarios el Informe de fiscalización. A continuación, se reunió con el president de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, para hacerles partícipes de sus conclusiones, entre las que destaca que los auditores "no han encontrado ninguna situación de la que se pudiera derivar responsabilidad contable".
El resultado negativo del ejercicio de 2017 fue de 1.368,2 millones de euros, con unos gastos que ascendieron a 14.535,9 millones, frente a unos ingresos de 13.167,7 millones". Sin embargo, el síndic estima que el gasto real fue mayor, 14.901,5 millones, tras restar las facturas arrastradas del año anterior y sumar los gastos no contabilizados.
El aumento de gasto superior al 6% se vio acompañado por un aumento de los ingresos que permitió mejorar el resultado ajustado, que la Sindicatura estima que fue de -1.890,2 millones.
Los fondos propios negativos con los que la Generalitat cerró 2017 fueron de -29.294,8 millones de euros, y la deuda financiera subió hasta los 45.604,8 millones.
Una de las consecuencias de la insuficiencia de financiación estatal es el retraso en los pagos a proveedores. Según la Sindicatura, en todos los meses de 2017 se superó el periodo medio de pago máximo de treinta días previsto en la normativa, excepto en diciembre. La demora máxima correspondió al mes de septiembre, con un periodo de 58,65 días, mientras que en diciembre fue de 29,45 días.
Esto tiene un coste muy alto para la Generalitat, que debe pagar intereses de demora. En 2017 pagó por este concepto 77,2 millones de euros, un 5,9% menos que el año anterior, pero la Sindicatura advierte de que "debido a la existencia de un volumen importante de gastos pendientes de imputación presupuestaria o de pago a 31 de diciembre de 2017, efectuados en 2016 y ejercicios anteriores, podrían existir pasivos por importe significativo derivados de los intereses de demora exigibles", por lo que debería haberse contabilizado en el pasivo del balance el importe estimado de los mismos. Estos pasivos están recogidos en la cuenta 409, por 79,8 millones de euros, es decir, más del doble de las obligaciones reconocidas.
Al igual que en informes de ejercicios anteriores, la Sindicatura lamenta que las consignaciones definitivas del presupuesto de 2017 se han mostrado insuficientes para atender las transferencias y subvenciones a conceder en el ejercicio, por lo que considera que "debe efectuarse una elaboración presupuestaria más ajustada a las necesidades reales previstas". Esta insuficiencia presupuestaria "condiciona la adecuada gestión administrativa y contable de las subvenciones y dificulta el cumplimiento de los objetivos que contemplan las distintas líneas del presupuesto", añade.
Además, apostilla el síndic, "se mantienen unos niveles de pago muy bajos -o incluso nulos- en algunas líneas de subvenciones, lo que supone, además del incumplimiento de los plazos establecidos en los convenios, un efecto negativo que podría ser importante sobre determinados colectivos o entidades cuyas actividades son objeto de las ayudas".
Como en años anteriores, la Sindicatura dedica un apartado a las facturas pendientes de aplicar al presupuesto, conocidas como 'facturas en los cajones', que en 2017 aumentaron en 36,5 millones de euros respecto al año anterior (de 927,2 a 963,7 millones). Es la cifra recogida en la cuenta 409 del balance de acreedores. Una vez, la gran mayoría de ese importe corresponde a la Conselleria de Sanidad.
"Se ha puesto de manifiesto, al igual que en ejercicios anteriores, la existencia de un volumen importante de gastos de carácter sanitario contraídos sin la previa y preceptiva tramitación del expediente de contratación, incumpliéndose los principios y normas de contratación del TRLCSP, manifiesta el Síndic.
Otro efecto de la infrafinanciación es el recurso al pago de facturas mediante lo que se denomina expediente de enriquecimiento injusto, que se produce cuando la Generalitat recibe un servicio sin contratación previa, generalmente porque no existía cobertura presupuestaria para realizar esa contratación. Ocurre, sobre todo, en Sanidad, cuyo presupuesto es inferior al gasto real.
La Generalitat incorporó al presupuesto de 2017 un total de 339 expedientes de resarcimiento -enriquecimiento injusto- por 1.115 millones de euros referidos a obligaciones de ejercicios anteriores, con el consiguiente riesgo de que estos gastos "se hayan realizado sin atender la normativa de contratación", según la Sindicatura, que pide que se adopten las medidas necesarias para aprobar una regulación normativa completa de la tramitación administrativa de las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, tanto las debidamente adquiridas como las que no lo sean.
La Sindicatura señala que la insuficiencia del presupuesto de la Generalitat para atender el gasto generado en el ejercicio constituye "un elevado riesgo de incumplimiento" de la normativa presupuestaria y, en consecuencia, de la normativa de contratación. Asimismo, expone que los gastos contraídos sin la preceptiva y previa consignación presupuestaria que se tramitan anualmente mediante expedientes por enriquecimiento injusto representan un porcentaje "significativo" de los capítulos 2 y 6 del presupuesto, que concentran el gasto de la actividad contractual de la Generalitat.
Uno de los más abultados en 2017 fue el expediente de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), que prestó el servicio durante diez meses sin cobertura contractual y al que la Sindicatura dedica un apartado.
