La Generalitat abona las becas de estudiantes a las universidades 689 días después del inicio del curso

VALÈNCIA. La Generalitat pagó 689 después del inicio de las clases las becas de estudios correspondientes al curso 2019-2020 a las universidades valencianas. Así lo recoge un informe realizado por la Sindicatura de Comptes, donde se apunta a la 'deficiente' gestión de las ayudas a nivel burocrático que provoca que las instituciones educativas públicas tengan que adelantar el dinero a sus alumnos, además de la incertidumbre que provoca el desconocer hasta bien entrado el curso el resultado de su solicitud. 

Una cuestión que también se da con las becas salario en las que, la fecha promedio ponderada de pago por la Generalitat, es de 282 días después del inicio del curso. "En el caso de becas salario las resoluciones de la Generalitat suelen ser tardías. Su pago, sin embargo, es prioritario para las universidades, por lo que son estas las que anticipan el pago a sus alumnos con fondos propios", señala el informe, donde se insiste de forma crítica en la necesidad de apremiar el tiempo que deliberación. 

Una cuestión de tardanza que no solo perjudica a las arcas y previsión de las universidades -que podría repercutir en una falta de liquidez-, sino que genera sensación de inseguridad en los alumnos. "En el caso de becas para sufragar los precios públicos, el perjuicio del alumno por la tardía resolución de la beca no es económico, ya que al matricularse indica que ha solicitado beca y no se le gira recibo por dichos créditos, pero sí produce inseguridad, al desconocer el resultado de su solicitud", se recalca. 

Para solucionar este proceso, que se ha convertido en tedioso, la Sindicatura de Comptes insiste en reformar el sistema de becas agilizando el proceso de tramitación con una reducción de los tiempos a la vez que homogeneizar la información de la oferta disponible con el fin de que haya una igualdad efectiva de oportunidades para todos los estudiantes. Para ello, también se propone aumentar el presupuesto y unificar la beca salario y la de estudios universitarios en una sola convocatoria, estableciendo diferentes umbrales.

Entre las conclusiones extraídas del trabajo realizado, la institución destaca que la administración autonómica está contribuyendo de forma significativa a que el sistema general de becas alcance el objetivo básico: que los estudiantes que quieren estudiar y que carecen de los medios económicos necesarios puedan hacerlo. De hecho, la Comunitat Valenciana es una de las que más importe aporta al margen de la financiación proporcionada por el Estado. 

Optar por los préstamos a estudiantes

No obstante, entre las carencias se apunta que, a diferencia de la mayoría de países europeos, el sistema general de becas actual en España y en la Comunitat Valenciana no prevé la concesión de préstamos con financiación pública destinados al alumnado que cursa estudios universitarios. En este sentido, el informe agrega que con un sistema de préstamos estudiantiles universitarios, los costes de la participación en la educación superior serían (al menos en parte) prefinanciados por instituciones
financieras, siendo los estudiantes quienes reembolsarían el préstamo con posterioridad, normalmente después de obtener la titulación o conseguir un empleo remunerado.

En el caso de optarse por préstamos de financiación pública, el Gobierno podría sufragar una parte de los costes (por ejemplo a través de tipos de interés
bonificados) o podría ofrecer una forma de garantía pública (los préstamos estudiantiles estarían garantizados o asegurados por la Administración contra el riesgo de impago y pérdida. "En el curso académico 2020-2021 los préstamos de financiación pública existían en aproximadamente dos tercios de todos los sistemas europeos de educación superior", se apunta.

Respecto al rendimiento académico de las becas, señala que el sistema tiene un efecto aparentemente positivo y reduce el abandono del sistema educativo universitario, aunque, como toda ayuda pública, existe un coste improductivo como consecuencia de estudiantes que han sido becados y no terminan los estudios y que se sitúa en el 20,5%. "La política pública de becas debe completarse en la fase de planificación estratégica, incluyendo indicadores de resultados más precisos que faciliten el seguimiento de los objetivos previstos", insiste.

Entre las recomendaciones marcadas por la Sindicatura, se recuerda a la Dirección General de Universidades debe asignar los recursos humanos y técnicos suficientes para evitar que la gestión de las becas recaiga en aplicaciones informáticas poco robustas y que sea llevada a cabo por un número muy limitado de personas. Además, profundiza en la necesidad de facilitar a los ciudadanos la búsqueda y la identificación de las distintas convocatorias y crear un portal en el que se recojan tanto las iniciativas estatales como autonómicas.