VALÈNCIA. La Inspección de Trabajo no investigará por ahora a la directiva de la EMT que mantenía su función de firma mientras se encontraba de baja maternal, la que fuera jefa de Gestión, María Rayón. Un hecho admitido por el propio presidente de la empresa municipal, el concejal Giuseppe Grezzi, y que para la oposición es "manifiestamente irregular" porque, insiste, un trabajador de baja debería delegar todas sus funciones en otra persona.
El PP de la ciudad llevó la cuestión a la Inspección de Trabajo pero esta ha rechazado poner en marcha las actuaciones inspectoras por ahora. Aunque la posible vulneración de la normativa laboral sea independiente del fraude de cuatro millones de euros que unos estafadores perpetraron contra la EMT, la misma concurrencia temporal de ambos factores hacen, para la Inspección, que haya que esperar a que finalice el procedimiento judicial abierto por la estafa en el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.
El inspector asignado a este caso se remite a la normativa de la Inspección de Trabajo, según la cual no se puede dar curso a las denuncias que traten sobre asuntos "de los que esté conociendo un órgano jurisdiccional", cuyo pronunciamiento "pueda condicionar el resultado de la actuación inspectora". Es decir, aquellas cuestiones judicializadas.
Es por ello que el técnico de la Inspección de Trabajo considera que el hecho de que Rayón estuviera de baja y mantuviera algunas funciones está siendo juzgado "de modo indirecto" y que cabe esperar a los "hechos probados" en el procedimiento penal. Así, insiste, no procede "una actuación administrativa que pueda vulnerar la prejudicialidad penal en tales asuntos".
"La conclusión del proceso penal en curso acotará la participación de las personas implicadas [en el fraude] [...] y asignará las responsabilidades penales que procedan", subraya el inspector, que apunta que los hechos que se consideren probados tras el juicio "podrían constituir el presupuesto de la actuación administrativa a llevar a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social".
Una precaución que en otros casos judicializados no se ha tenido, como por ejemplo, el del empleado fallecido en el montaje de unas gradas de la Gran Fira de Julio en los jardines de Viveros en 2017. Entonces, la Inspección actuó de oficio por un lado, y por otro la cuestión se judicializó. El primer proceso acabó con una sanción al Ayuntamiento de València de 41.000 euros que más tarde se empleó en la instrucción judicial. El procedimiento penal sigue su curso, y el edil Pere Fuset se sentará en el banquillo.
En el caso de la EMT, el edil de Movilidad y presidente de la firma, Giuseppe Grezzi, explicó en el pleno que Rayón "delegó las tareas de tesorería a su equipo y solo mantuvo la firma mancomunada precisamente para controlar que nadie hiciera transferencias con sus claves". Una situación que se mantuvo durante cinco meses. Concretamente, entre el 26 de abril y el 25 de septiembre de 2019 que duró la baja de la directiva, tal y como figura en los documentos oficiales.
La implicación en el fraude de la EMT de esta posible irregularidad laboral se antoja indirecta, aunque sí podría haber influido de alguna manera. El hecho de que la jefa de Gestión pudiera firmar pese a estar de baja cobra relevancia porque el banco con el que se hicieron las ocho transferencias del fraude, Caixabank, le advirtió por correo electrónico de que su subalterna, la jefa de Administración, Celia Zafra, estaba dando curso a transferencias anómalas desde la EMT a dos cuentas de Bank of China en Hong Kong.
Tras dos semanas de iniciarse el primero de los ocho pagos que se hicieron, existe un correo procedente de la entidad bancaria, Caixabank, dirigido para Zafra pero con copia para Rayón donde confirmaba a esta que se había procedido "a la realización de la transferencia internacional con carácter urgente ". Así pues, ésta habría sido informada de los pagos entonces, lo que podría haber hecho saltar las alarmas antes de que se realizarán las últimas dos transferencias por valor de 1,1 millón de euros entre ambas.
No obstante, el hecho de que Rayón se encontrara de baja le eximía de estar atenta al correo electrónico. No así para firmar otras transferencias monetarias. Y esa es la presumible incoherencia laboral que los populares llevaron a la Inspección de Trabajo pero que, de momento, quedará sin revisar por los inspectores a la espera de que finalice el proceso penal del fraude.