VALÈNCIA. Las empresas del hermano del presidente Puig, Francis Puig, tienen un nuevo escollo en el camino gracias al PPCV. El PP denunció el pasado mes de abril que las empresas Mas Mut y Comunicacions Els Ports, no habían contratado a las personas que supuestamente debían haber contratado tras recibir subvenciones de la Conselleria de Economía.
Los populares presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo. El pasado 2 de octubre, el diputado Juan Carlos Caballero recibió la respuesta de la inspección. En el escrito al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la Inspección de Trabajo dice: "se han realizado las pertinentes actuaciones de comprobación relativas a los posibles incumplimientos señalados en su escrito de denuncia".
Dichas subvenciones, incluidas dentro del Plan Avalem Joves para el fomento de la contratación de jóvenes, han supuesto una entrada de 111.000 euros en tres años, entre 2016 y 2018.
Con ellas, se debía haber contratado a nueve personas, dos en Mas Mut y siete en Els Ports. Sin embargo, las cuentas anuales de las empresas de Francis Puig reflejan que no solo no se incrementó la plantilla, sino que la misma se llegó a reducir, lo que sería un claro incumplimiento de las bases de las subvenciones.
Según ha explicado la diputada del PP Eva Ortiz en rueda de prensa, presentaron la denuncia ante Inspección de Trabajo de Valencia el 17 de abril de este año para que "esclareciera si hay un delito contra los derechos de los trabajadores" y el pasado 2 de octubre se les informó de que "se han realizado las pertinentes actuaciones de comprobación de las dudas y los posibles incumplimientos señalados en el escrito de la denuncia".
"Sigue abierta" esa investigación, ha remarcado la secretaria general del PPCV, que ha subrayado que Inspección "está haciendo sus labores, están trabajando en ello" y no sabe si lo habrán puesto en conocimiento o no de Fiscalía, dado que al no ser ellos personal interesado en la empresa o trabajadores se les da una información "muy limitada".
En todo caso, ha anunciado que el PP ampliará la denuncia interpuesta en el Juzgado de Instrucción número 4 de València --por las ayudas recibidas por estas empresas de la Conselleria de Educación para el fomento del uso del valenciano, por la que Francis Puig declarará como investigado en diciembre-- en breve dejando constar así sus sospechas de un fraude en las subvenciones y delito contra los derechos de los trabajadores para que "haga lo que tenga que hacer".
Preguntada sobre el hecho de que se vaya a pedir a la Fiscalía Anticorrupción que se encargue de la causa en la que se investiga a Francis Puig y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por las ayudas al valenciano, ha indicado que el PP respeta todas las acciones judiciales y lo que quiere es "que se ponga luz y taquígrafos". "Y si es Anticorrupción, perfecto".
Eva Ortiz ha señalado que ahora se trata de "otra conselleria, otra subvención y otro posible fraude". En concreto, alude a las subvenciones del programa Avalem Joves, puesto en marcha por la Conselleria de Economía para fomentar la contratación indefinida inicial de jóvenes cualificados.
Las condiciones que deben regir esa contratación eran cuatro: efectuar ese contrato después de la convocatoria; que suponga un incremento neto de la plantilla media de trabajadores en situación de alta en los 30 días naturales anteriores a la celebración del contrato; mantener el empleo creado durante al menos 12 meses y no disminuir plantilla media durante el periodo de mantenimiento salvo vacantes por baja voluntaria, discapacidad sobrevenida, muerte, jubilación, despido disciplinario o por causas objetivas.
Las órdenes de Economía fijaban en cada ejercicio las cuantías a recibir por la contratación de hombres y mujeres. En 2016 se concedían 7.338,24 euros por el contrato de un varón y 9.172,80 euros por el de una mujer; en 2017 se aumentaron hasta los 7.926,24 euros por contratar un hombre y 9.907,80 euros y en 2018 la cuantía vuelve a incrementarse hasta los 18.544,68 euros para varones y 19.574,94 euros para mujeres.
La denuncia del PP ante Inspección de Trabajo repasa las subvenciones que se otorgaron a ambas empresas, que "no coinciden con la plantilla que declaran" en sus cuentas anuales.
En el caso de Comunicació dels Ports, Ortiz ha explicado que según los datos disponibles en el portal GVA Oberta recibió en 2016 un total de 16.511,04 euros, equivalentes a un contrato de un hombre y otro de mujer. No obstante, el PP señala que en las cuentas anuales la empresa especifica cuatro contratos fijos hombres, los mismos que en 2015, con lo que no se refleja el contrato subvencionado de un varón.
En 2017 percibió 27.741,84 euros, equivalentes a tres contratos (un hombre y tres mujeres) pero según ha comprobado el PP en las cuentas hay tres contratados fijos hombres, "uno menos que en 2016", y tres contratadas fijas mujeres, por lo que no figuran "ni el contrato subvencionado de un hombre ni los dos de mujeres".
Por último, en el ejercicio 2018 percibió 39.149,88 euros, equivalentes a tres contratos de mujeres, pero "no aumenta la plantilla respecto a 2017" cuando debería incrementarse en dos mujeres. En total, según ha destacado el PP, Comunicació dels Ports percibió estos tres años 83.402,76 euros.
Respecto a Mas Mut Produccions, recibió en 2017 una subvención de 9.907,80 euros (equivalente al contrato de una mujer) cuando en las cuentas declara dos contratados fijos hombres, uno menos que en 2016, y ninguna contratada fija mujer.
En 2018, percibió 18.544,68 euros (contrato de un hombre) pero según refleja el PP en su denuncia no aumenta la plantilla, que debería incrementarse con un varón. En total, esta empresa percibió 28.452,48 euros.
Ortiz ha instado a Compromís a que empiece mañana mismo y diga que sí a la comparecencia de Puig que propone el PP para que explique las ayudas recibidas por estas empresas para el fomento del valenciano y explique también estas subvenciones de Avalem.
"Hay muchas preguntas que debería contestar pero se empeña en no querer dar la cara", ha indicado la 'popular', que ha avanzado que si su propuesta de comparecencia no sale adelante pedirán una comisión de investigación en el parlamento valenciano.
También ha indicado que la orden de Avalem Joves sigue abierta y no saben si estas empresas volverán a tener subvenciones: "La del fomento del valenciano desapareció por los recortes e igual ahora desaparece Avalem Joves solo por no dar explicaciones".
Labora, organismo de la Generalitat, ha asegurado que sus tres niveles de supervisión y fiscalización de las ayudas de fomento de empleo a empresas no han detectado "ninguna incorrección" y no tiene constancia de ninguna investigación de la Inspección de Trabajo al respecto.
Labora ha respondido así a la denuncia del PP de un nuevo posible fraude de subvenciones en empresas vinculadas al hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, en esta ocasión relacionado con los programas "Avalem Joves", destinados a fomentar la inserción laboral de los menores de 30 años.
Desde Labora han afirmado tener hasta tres niveles de supervisión y fiscalización de las ayudas de fomento de empleo a las empresas, el propio Servef, la Viceintervención General de Auditorías y la Unión Europea, al formar parte de ayudas del Programa operativo de empleo juvenil (POEJ).
Estos organismos no han detectado "ninguna incorrección", según Labora, que añade no tener constancia de ninguna investigación de la Inspección de Trabajo con respecto a sus subvenciones.
La única denuncia de la que tiene constancia fue presentada por el PP en la precampaña de las elecciones generales y autonómicas de abril, y fue archivada por la Inspección.
Labora asegura que ha multiplicado sus ayudas para la contratación en las empresas desde 2016 al pasar de un millón de euros a casi 8 millones en 2018.
El director general de Trabajo, Bienestar Social y Seguridad Laboral, Gustavo Gardey, ha emitido una certificación en la que consta que no se ha levantado acta alguna de infracción ni constan datos por infracciones y sanciones administrativas en el orden social sobre las mercantiles Comunicaciones dels Ports y Mas Mut producciones, empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
Así lo señala en un certificado, al que ha tenido acceso Europa press, que suscribe como "autoridad autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social", en virtud de una resolución del pasado 23 de septiembre de 2019 del conseller de Economía.
La certificación se produce después de que el PPCV anunciara que Inspección de Trabajo mantiene abiertas sendas investigaciones a ambas mercantiles a raíz de una denuncia presentada por los 'populares' por las subvenciones recibidas a cuenta del programa Avalem Joves para la contratación de jóvenes entre 2016 y 2018, que ascienden a casi 112.000 euros, que tenían como condición el aumento neto de plantilla que, según la información recabada por el PP, no se habría producido.
Sin embargo, en la certificación de Gardey se hace constar que tras recabar el informe a la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social "no se ha levantado acta alguna de infracción y sanciones administrativas impuestas en el orden social" a
las que se refiere el texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, referidas a ambas mercantiles.
En la misma línea, Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha asegurado no tener constancia de ninguna investigación de la Inspección de Trabajo con respecto a sus subvenciones y ha recalcado que cuenta con hasta tres niveles de supervisión y fiscalización de las ayudas de fomento de empleo a las empresas que no han detectado "ninguna incorrección".
De acuerdo con Labora, la única denuncia de la que tienen constancia la presentó el PP en la precampaña de las generales y autonómicas de abril y la Inspección la archivó. En todo caso, recalca que tiene hasta tres niveles de supervisión y fiscalización de las ayudas de fomento de empleo a las empresas que no han detectado "ninguna incorrección".
Estos niveles son el propio Servicio Valenciano de Empleo; la Viceintervención General de Auditorías y la Unión Europea al formar parte de ayudas del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).
