VALÈNCIA. (EP) La Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública pondrá en marcha el plan Emerge, que permitirá a los ayuntamientos valencianos contratar a 1.300 personas para realizar labores de prevención en el medio rural, con una dotación de seis millones de euros.
Esta es una de las novedades que ha presentado la consellera del ramo, Gabriela Bravo, en la comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, donde ha explicado las cifras del departamento que dirige para 2022: serán 648,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,6% con respecto al ejercicio anterior.
Según la consellera, estas son las cuentas "más expansivas de la década" con la que su departamento busca mejorar la "eficacia y accesibilidad" de la justicia, así como reforzar la seguridad.
Bravo ha remarcado varias de las novedades de su departamento, como son las becas para opositores a jueces, fiscales o letrados, que se suma al programa 500, para apoyar el acceso a la función pública de estudiantes. Cada uno de estos programas recibirán una dotación de 500.000 euros.
En el ámbito de Interior, ha destacado el desarrollo de la Unitat Valenciana d'Emergències, que contará con tres centros logísticos: uno por provincia. El de la provincia de Alicante se localizará en la Vega Baja. En total, se invertirán seis millones de euros.
Las dos direcciones generales que conforman el área de Justicia dispondrán el año que viene de 451 millones de euros, lo que representa un incremento del 17% respecto al año anterior.
De ellos, 263 se destinarán a personal, donde crecen todas las partidas, entre otras razones, porque "se van a solicitar la creación de 14 nuevos órganos judiciales". "Además, fortaleceremos las plantillas a través del Plan de Refuerzos que incrementa su dotación en un 9% hasta alcanzar los 9,5 millones de euros", ha agregado. Esta iniciativa se une al Proyecto Justicia Próxima que, dotado con 2,3 millones de euros, será "pionero en todo el Estado y permitirá transformar los juzgados de paz en modernas oficinas judiciales".
Por otra parte, la consellera ha explicado que la Administración de Justicia va a jugar un papel destacado en la recuperación económica "no sólo mediante su acción para elevar los estándares de seguridad jurídica, sino también como motor inversor". En este sentido, Gabriela Bravo ha asegurado que la dotación del año que viene para el Plan de Infraestructuras Judiciales es de 68,4 millones de euros.
De ellos, 35,5 se destinarán a la construcción de nuevos edificios como el palacio de Justicia de Gandia, la Ciudad de la Justicia de Alicante y los juzgados de Llíria y Alzira, así como la redacción de los proyectos básicos y de ejecución de las sedes de Sagunt, Torrent, Villena, Xàtiva y Ontinyent.
Otra dotación de 15,7 millones para la reforma y adecuación de edificios como la ampliación de los juzgados de Vinaròs y la reforma integral de la sede del Tribunal Superior de Justicia en València. A estos proyectos hay que sumar las ampliaciones de las sedes judiciales de Orihuela y Dénia.
A la construcción de nuevas sedes judiciales o la rehabilitación de las existentes se unen las partidas destinadas a asegurar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de los edificios con una partida de 57 millones de euros, que supone un incremento del 12,6% respecto al año anterior.
Las mejoras en los 69 edificios que componen el parque inmobiliario judicial valenciano se completan con las inversiones para mejorar su eficiencia energética. En este sentido, "para seguir avanzando en esta apuesta" en 2022 se destinarán 5,2 millones en 28 actuaciones de iluminación, climatización e instalación de placas solares en 17 edificios.
Mención especial en la comparecencia de la consellera han merecido las víctimas del delito y, sobre todo, las de violencia de género. En este sentido, Gabriela Bravo ha enumerado los proyectos e iniciativas para luchar contra esta lacra y que supondrá un gasto de 11,3 millones de euros, es decir, "31.000 euros diarios para proteger, asistir y concienciar sobre los efectos de esta violencia sobre decenas de miles de mujeres".
Las cuentas de esta área se completan con la dotación para Justicia Gratuita que asciende hasta los 51,3 millones de euros, partidas por valor de 2,1 millones para llevar a cabo proyectos de Justicia Inclusiva y otros 1,9 millones para potenciar la Mediación.
El área de Función Pública contará con un presupuesto de 13,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 17% respecto a 2020. "Gracias a esta inversión -ha dicho la consellera- vamos a llevar a cabo la selección de más de 5.000 nuevos empleadas y empleados públicos, lo que equivale a cerca del 30% del total de la plantilla de la Función Pública Valenciana. Esto supone gestionar alrededor de 140.000 solicitudes de aspirantes para más de 200 procesos selectivos.
Además, se dedicarán 2,1 millones de euros para poner en marcha la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP) "que será la encargada de actualizar los procesos selectivos, de forma que terminaremos con los modelos memorísticos propios del siglo pasado".
El área de Interior contará con un presupuesto de 168 millones de euros, que representa un incremento del 15 por ciento respecto a las cuentas del 2021. La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Sociedad Integral de Gestión de los Servicios de Emergencias (SGISE) serán las que asumirán la mayor parte de la gestión de estos fondos, con un total de 101,2 y 56,4 millones de euros respectivamente.
Para la consellera, estas partidas "permitirán consolidar el modelo valenciano de seguridad y respuesta que es uno de los mejores de España gracias a su territorialización, su coordinación y la formación especializada de sus operativos porque debemos estar preparados para que la respuesta a la emergencia o amenaza sea tan inmediata como cercana".
Por otra parte, se destinarán 18 millones de euros para la financiación de los medios aéreos de extinción de incendios. A ello hay que sumar los 11 millones de euros que se destinarán a mejorar las capacidades tecnológicas del 112.
Por parte de la oposición, Jose Císcar ha señalado que son unas cuentas "cuadradas a martillazos y con ingresos inventados para que quepan todos los egos" del Consell; desde Cs, Luis Arquillos ha criticado que son unos presupuestos "falsos" y ha espetado a Bravo que Compromís "no le deja cumplir con sus competencias". Mientras, José María Llanos (Vox) ha criticado que estas cuentas "no son expansivas porque no hay nada que expandir": "Es dinero que no tenemos y que no llegará".
En su réplica, Bravo ha criticado que "parece que la justicia no está dentro de la prioridad" de la oposición. A Llanos, Bravo le ha espetado que "lo único que le preocupa es la baja ejecución". "Si quiere algún día le doy clases para que aprenda a leer la ejecución presupuestaria", le ha respondido, y ha insistido en que "hay que mirar lo comprometido". En concreto, ha asegurado que 507 millones de los 564 que tenía su departamento este año ya están comprometidos en octubre.
También ha asegurado que en seis años "nadie le ha pedido hacer ajustes". "No ha quedado ninguna cuestión sin resolver por falta de disponibilidad económica", ha asegurado.
Respecto a los hospitales de campaña, ha indicado que se contratará a la empresa que se requiera cuando Sanidad diga que ya no necesita estos centros. En principio, está prevista para finales de diciembre siempre que el departamento que dirige Ana Barceló lo considere oportuno. En ese momento, se pondrá en marcha el procedimiento de contratación para retirarlo.