VALÈNCIA. Aviso a navegantes: suenan campanas de importante licitación en el Ayuntamiento de València. En este caso, del servicio de reparación, renovación y mantenimiento de calles y caminos de la ciudad. La Intervención General de Gastos ha recordado al gobierno municipal que la última prórroga finaliza el año que viene y que debe poner en marcha el procedimiento para volver a sacar el contrato a concurso, después de 12 años de su adjudicación.
La última licitación tuvo lugar en 2009, durante el gobierno municipal del PP de Rita Barberà. Entonces, se sacó el concurso por un montante total de más de 57 millones de euros y para un período de cuatro años, con hasta cuatro posibles prórrogas de dos ejercicios cada una. En total, el contrato, que gestiona desde entonces la empresa Pavasal, podía alcanzar un máximo de doce años, como finalmente será. El Ayuntamiento había asegurado a la empresa un gasto mínimo anual de 2 millones de euros en obras, por lo que en las cuentas de cada año era esta la mínima consignación presupuestaria para este servicio.
El Partido Popular lo prorrogó en 2013 y 2015, y el gobierno de Joan Ribó, tras su entrada ese año, hizo lo propio en 2017 y 2019. De esta manera, el próximo ejercicio, en 2021, culmina la última prórroga posible y la Intervención ya ha advertido de la necesidad de preparar el concurso para que no ocurra como en otros servicios, donde finalizan las prórrogas y el consistorio continúa pagando a la adjudicataria fuera de contrato hasta que se abre la nueva convocatoria.
"Esta Intervención insiste en que deberían iniciarse los trabajos de elaboración del nuevo expediente", reza la petición del organismo de control, quien subraya que debería "promoverse la adjudicación de un nuevo contrato" para posibilitar "una mayor eficiencia" en el gasto público de este servicio. Un recordatorio que la Intervención hace precisamente al informar sobre las últimas actuaciones que el Ayuntamiento de València ha encargado a Pavasal, en tanto empresa responsable de los mencionados servicios.
Concretamente, el consistorio ha encargado las peatonalizaciones exprés que la concejalía de Desarrollo Urbano dirigida por Sandra Gómez ha anunciado para los próximos meses con motivo de la pandemia de coronavirus, y otras de menor envergadura. Una de ellas es el asfaltado de los viales que han quedado operativos tras la peatonalización blanda de la Plaza del Ayuntamiento. Una operación que ya se ha realizado y que se suma a otras anunciadas como la de la Avenida Pérez Galdós, la Avenida del Puerto o la Avenida Peset Aleixandre.
Lo que ha hecho el Ayuntamiento, y en concreto la mencionada concejalía, es reconfigurar las partidas presupuestarias y reducir líneas dedicadas inicialmente a otros menesteres para ejecutar estas obras. "La nueva situación creada con motivo de la crisis sanitaria de Covid-19 [...] conduce a un aumento de las distancias entre peatones, obliga a acondicionar y aumentar a la mayor rapidez posible nuevas zonas peatonales", argumenta la concejalía, además de señalar que hay otras vías como la Avenida Manuel Candela o la Calle Clariano, "cuyo pavimento se encuentra en un nivel avanzado de deterioro, que incluso hace peligrar la seguridad para la circulación de vehículos y peatones". De ahí la urgencia en estos encargos.
Así, pasado medio año de 2020, el Ayuntamiento de València ya ha certificado los 2 millones de euros previstos como mínimo en el presupuesto para la empresa, por lo que ha precisado de una inyección de 2,7 millones adicionales para las nuevas obras, que se han detraído de otros proyectos. Un gasto del que informa favorablemente la Intervención, no sin recordarle al equipo de gobierno que debe preparar los pliegos para la futura licitación.
Consultadas fuentes de la concejalía en cuestión, señalan que los pliegos, de hecho, ya se están preparando, no por la advertencia de la Intervención, sino porque ya estaba previsto hacerlo. En este sentido, explican que previsiblemente el plazo de ejecución de los nuevos pliegos cambiará, reduciéndose a cuatro años y una prórroga, respecto a las cuatro prórrogas que han regido los servicios de Pavasal y que han aprobado tanto el gobierno del PP como el del PSPV y Compromís.