Ferrer cobró entre 2007 y 2010 cerca de 70.000 euros por servicios jurídicos prestados al ayuntamiento mientras que su mujer era concejala
VALÈNCIA. Los negocios jurídicos del presidente del PP de Carcaixent, Salvador Ferrer, han emergido de nuevo. Si sus asesorías al ayuntamiento ya agitaron polémica en 2013, ahora se han convertido en un problema judicial para el dirigente popular. El juzgado número 2 de Alzira ha citado a declarar en calidad de investigado a Ferrer por su presunta participación en un delito de malversación de fondos públicos. El edil de Carcaixent deberá acudir a declarar el próximo día 21 de octubre, a pesar que desde el grupo popular han asegurado que "no tiene ninguna constancia ni notificación oficial al respecto".
La causa por la que ahora se investiga a Ferrer se remonta a 2013 tras una denuncia que la concejala de Units per Carcaixent -en aquel momento Units per Valencia (UxV)-, Ana Calatayud, presentó ante la fiscalía en la que apuntaba a "posibles irregularidades en el pago de facturas con dinero público al letrado Salvador Ferrer, por la defensa en procesos judiciales de la exalcaldesa Lola Botella y de diversos funcionarios".
Según la denuncia de Calatayud, entre los años 2007 y 2010, Ferrer llegó a ingresar cerca de 70.000 euros en facturas por sus servicios jurídicos. Todas ellas se pagaron siendo la popular Lola Botella la alcaldes ade Carcaixent, y la mujer de Ferrer, concejala del gobierno local, "lo que suponía una incompatibilidad para la contratación de Ferrer como letrado", según la edil de Units per Carcaixent.
El proceso se archivó en dos ocasiones pero ahora la causa se ha reabierto después de que en 2014 la Audiencia Provincial decidiera revocar el sobreseimiento de la causa al que calificó como "prematuro". Según Calatayud, en un auto del pasado 25 de junio, la titular del juzgado estimó el recurso presentado por la concejala e indicó "que es posible la participación de un particular, Salvador Ferrer, en los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa a título de inductor o cooperador necesario".
El presidente de los populares de Carcaixent ya acudió dos veces al juzgado a declarar como testigo, pero en esta ocasión, lo hará como investigado para esclarecer si tuvo algún tipo de relevancia penal en los hechos. De los cerca de 70.000 euros que cobró por sus trabajos jurídicos, "10.440 euros provienen de la defensa de Botella por un delito electoral", explica la concejala de Units per Carcaixent. Otro de los servicios por los que cobró más de 18.000 euros, fue por la defensa de un funcionario, "otra contratación que sería irregular por incompatibilidad al formar parte su mujer del gobierno local", asegura la concejala.
Además, Calatayud también señala que la mayoría de las minutas pagadas a Ferrer por servicios jurídicos no cumplían con las formalidades legales correspondientes, ya que "carecen de expediente, y no cuentan con un decreto de nombramiento de abogado ni con un presupuesto o encargo profesional, solo la factura que el Ayuntamiento de Carcaixent asumía sin ningún control interno".
En este sentido, la edil de Units per Carcaixent señala que "nunca ha puesto en cuestión que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la defensa de funcionarios o políticos, porque es lógico, pero sí que asumir la defensa signifique que los funcionarios elijan al abogado sin ningún control, porque eso supone asumir gastos desorbitados por parte del Ayuntamiento y mucho menos que se haga sin la fiscalización y control previo debido".
Desde el PP de Carcaixent afirman que Ferrer "confía plenamente en la justicia y que no tiene nada que esconder ni nada de lo que avergonzarse". Además, explica que en caso de que finalmente tuviera que volver a comparecer en este procedimiento, "no tendrá ninguna objeción en volver a dar todas las explicaciones que le sean requeridas al respeto".
