La Fiscalía pide un informe pericial sobre el coste de la reconstrucción de una zona afectada en Macastre que ardió el incendio de Cortes de Pallás que arrasó 28.000 hectáreas
VALENCIA. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un informe pericial sobre el coste real del cambio de canalizaciones que fueron seriamente afectadas en la localidad de Macastre tras el incendio forestal de Cortes de Pallás en el que ardieron más de 28.000 hectáreas. Este incendio está considerado como uno de los peores de las últimas décadas. El Ministerio Público, y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), tienen serias dudas de que la trama corrupta se llevara mordidas del dinero destinado a las reparaciones de los daños causados por los incendios forestales de 2012.
Entre las investigaciones iniciadas a este respecto destaca una factura emitida por la empresa Turia Mantenimientos Integrales que asciende a 50.000 euros por cavar unas zanjas y cambiar unas canalizaciones dañadas, una cantidad desorbitada a juicio de los investigadores. Fuentes de toda solvencia consultadas por Valencia Plaza aseguran que se ha pedido la pericial porque se sospecha que el valor real es mucho menor del facturado, lo que implicaría que la trama corrupta habría “hecho negocio” con el dinero destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por el incendio.
Hay que señalar que los dueños de esta empresa, José María Soriano y Francisco José Escandell Vila, estaban como investigados dentro de la pieza principal por un presunto delito de blanqueo de capitales a través del Olímpic de Xàtiva, el club de fútbol del que el expresidente de la Diputación Alfonso Rus fue presidente, y que, a día de hoy, la causa está sobreseída provisionalmente. Esta nueva investigación abierta podría suponer un serio revés judicial para ambos.
De momento, solo ha llegado un primer informe en el que se afirma que el contrato se dio a dedo, ya que no se sacó a concurso público pese a superar los 18.000 euros, que es el límite que se establece para los citados contratos menores. En su día, el exgerente de la empresa pública Imelsa, ahora colaborador de la Fiscalía y de los investigadores, aseguró en una declaración que las formas de “sustraer” el dinero de la trama “eran muchas, y muy variadas”, incluyendo dentro de ellas los contratos a dedo y las facturas infladas muy por encima de los costes reales.
Según el informe remitido por Divalterra (antigua Imelsa), y al que ha tenido acceso Valencia Plaza “no existe en Divalterra expediente de contratación alguno que corresponda a las obras citadas en su escrito ni consta pago alguno”, “no existe expediente de contratación”, explican y apostillan que “por el Ayuntamiento de Macastre se nos informa que no existe expediente de contratación alguno que corresponda a las obras. Sin embargo, habiendo hablado con la alcaldesa del citado municipio, se reconoce la ejecución de las citadas obras a instancias de la presidencia de la Diputación de Valencia, relacionándose con un incendio donde también participaron las brigadas forestales de Imelsa”.
En el informe de Divalterra, también se adjunta un acuerdo de la Diputación de Valencia en el que se decidió “primero, encomendar a Imelsa la gestión del estudio de valoración de daños producidos en los municipios afectados, así como las actuaciones necesarias para llevar a cabo la reparación de los caminos e infraestructuras dañados por los incendios. Y, segundo, financiar a Imelsa los gastos derivados de estas actuaciones mediante la transferencia de las cantidades necesarias y que se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria”.
Este acuerdo, a ojo de los investigadores, habría abierto la puerta a la trama corrupta para poder manipular no solo las facturas sino los presupuestos a su antojo.