Irlanda retrasa la información sobre los correos de la estafa de la EMT de València

VALÈNCIA. El juzgado que investiga el fraude de cuatro millones perpetrado hace dos años contra la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València centra sus indagaciones en las cuentas de correo electrónico que los estafadores todavía anónimos emplearon para cometer el delito. Desde ellos consiguieron engañar a una directiva, ahora despedida, para que realizara hasta ocho transferencias bancarias a dos cuentas radicadas en Bank of China, en Hong Kong. De ahí que una de las líneas de investigación busque precisamente tirar de este hilo para poder encontrar a los defraudadores.

Por ello el juzgado de instrucción número 18 de Valencia remitió hace más de medio año una solicitud de colaboración -una comisión rogatoria- a Dublín (Irlanda), con el objetivo de que Google, que tiene la sede en el país, ofreciera información sobre los propietarios de una de las cuentas de email que estaban detrás de la estafa. Se trataba de un correo electrónico con el que los defraudadores se hicieron pasar por un abogado de la firma Deloitte.

Sin embargo, las autoridades irlandesas retrasaron poco tiempo después la entrega de la información al considerar que la justicia española no detalló suficientemente el caso en cuestión. "No se menciona en el relato de hechos cómo se comprobó que había tenido lugar una estafa", rezaba la traducción de la respuesta remitida el pasado 17 de diciembre desde la Autoridad Central para la Asistencia Mutua del Ministerio de Justicia irlandés, que solicitó al juzgado español que proporcionara "un resumen de hechos más detallado". De lo contrario, subrayaba, "nuestra oficina no podrá progresar con esta solicitud".

Otra de las miradas estaba puesta más allá del charco. El juzgado también aprobó junto a la de Dublín otra comisión rogatoria similar dirigida a Denver (Estados Unidos). En este caso, la solicitud de información tenía como remitente la empresa Sengrid, otra plataforma de gestión de correo electrónico y marketing, con el mismo propósito: saber más datos del propietario de otra de las cuentas de correo que se emplearon en el fraude.

Asimismo, a principio del pasado mes remitió otra comisión rogatoria con destino en Jerusalén (Israel), para que las autoridades judiciales del Estado israelí informaran sobre los números de teléfono, direcciones, y otros datos personales sobre la IP desde donde salieron algunos correos electrónicos, así como de un teléfono vinculado.

En este sentido, hay que recordar que el Grupo de Delitos Informáticos de la Policía Nacional constató que los correos electrónicos salieron de un servidor situado en Israel, concretamente desde la ciudad de Guivatayim. La ubicación concreta corresponde a una compañía israelí de telecomunicaciones y telefonía móvil, Pelephone. Pero además, los agentes comprobaron que a la cuenta de correo electrónico está asociado otro número de teléfono con prefijo israelí (+972).

Por otro lado, los agentes comprobaron que una de las llamadas que los estafadores hicieron a la directiva de la EMT se hizo desde un número telefónico cuyo prefijo internacional procede de Kenia (+254). Por ello el juzgado también dispuso remitir otra comisión rogatoria al país africano. En ninguno de los tres últimos casos -EEUU, Israel y Kenia- se conoce respuesta de las respectivas autoridades. Irlanda, por su parte, retrasó la entrega de la documentación a finales del pasado ejercicio y tampoco se han tenido nuevas noticias al respecto.