Isabel Rodríguez tiende la mano a las autonomías y los ayuntamientos para regular el alquiler turístico

CASTELLÓ. El Ministerio de Vivienda va a priorizar el derecho de acceso a la vivienda frente al alquiler turístico y el próximo día 24 habrá una reunión para analizar las buenas prácticas ya puestas en marcha y "tender la mano" a las comunidades autónomas y ayuntamientos para apoyarles en la necesaria regulación. Así lo ha avanzado este jueves la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en declaraciones a los periodistas durante su visita a la sede de Porcelanosa al ser preguntada por los datos de compraventa de viviendas en marzo. 

La ministra ha señalado que el problema de la vivienda es complejo, ya que "no partimos de la nada", con errores que "no podemos ni debemos volver a cometer", ha dicho. Ese problema también requiere soluciones complejas y se está abordando desde distintas vertientes, según la ministra, "la más importante de las cuales es disponer de un mayor número de viviendas públicas".

Eso implica "no solo la construcción de nuevas viviendas", que ya se está poniendo en marcha con los fondos de recuperación y viviendas en alquiler asequibles, sino la rehabilitación de viviendas donde este "esfuerzo" se materializa "en el entorno de las 27.000 nuevas viviendas que hemos puesto en marcha en la Comunitat Valenciana, en torno a 3.000 de ellas de nueva construcción, y con la rehabilitación con los fondos de recuperación", ha añadido.

Además, "lo haremos con más financiación para facilitar la compra, con 2.500 millones en avales para jóvenes y familias con menores a su cargo, un acuerdo ya cerrado con el ICO y en estos momentos se está trabajando con las entidades bancarias" que están mostrando su voluntad de colaboración, según Rodríguez.

El "problema distinto" del ámbito rural

También se está atendiendo a "cuestiones excepcionales" como en el ámbito rural, donde el problema es distinto, o en las grandes capitales de España -Madrid, Barcelona, Málaga o València-, donde "el surgimiento de nuevas formas de alquiler turístico de viviendas que hasta ahora eran de uso residencial está tensionando el mercado, subiendo el alquiler e imposibilitando que la mayoría de la ciudadanía acceda a la vivienda, no solo jóvenes o personas vulnerables, sino personas con un salario completo que no pueden pagar un alquiler, como enfermeros o empleados públicos".

"Eso se está produciendo y requiere de una atención preferente sabiendo, además, que el sector turístico es prioritario para nuestro país, en un año muy importante de crecimiento", ha apuntado la ministra. En este sentido ha explicado que se está analizando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Supremo, un nuevo reglamento del Parlamento y las normativas aprobadas específicas en materia de alquileres turísticos por comunidades autónomas y ayuntamientos.

Y se ha convocado una reunión el próximo 24 de mayo donde "analizaremos las buenas prácticas y tenderemos la mano a las comunidades autónomas y ayuntamientos para apoyarles en esta necesaria intervención del mercado para regular distintos intereses", ha avanzado Isabel Rodríguez. "Entre el interés económico que significa el alquiler turístico y el interés social que es el acceso a la vivienda, hay que priorizar este derecho", ha añadido para aplaudir a "todas las administraciones, de todos los colores, que están tomando medidas en este sentido para resolver el problema".