El responsable económico del PP en el Congreso, Mario Garcés, interviene ante el Pleno de la Cámara Baja Foto:PPMADRID (EP). El Pleno del Congreso debate este martes una proposición no de ley del PP que reivindica la necesidad de contar con un nuevo sistema de financiación autonómica y la devolución de los 2.500 millones de euros pendientes de pago correspondientes a la liquidación del IVA de 2017.
Así, según el orden del día del Pleno del próximo 11 de febrero, llevará una proposición no de ley en la que exige este pago a las comunidades y que el Gobierno no dilate más la reforma de la financiación autonómica y presente, junto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020, una propuesta basada en los informes de expertos ya disponibles.
En la iniciativa, los 'populares' enumeran además los principios en los que, a su juicio, debe estar basada esta revisión. Así, reivindican que "no se produzcan diferencias arbitrarias" en el reparto de recursos, que este mecanismo sea "claro y comprensible", y que contenga un criterio de "corresponsabilidad fiscal", en el sentido de que "se delimite expresamente el ámbito de los servicios comunes garantizados por la financiación" y los adicionales que deban financiar las comunidades con sus propios recursos.
El texto, firmado por la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y por el coordinador de asuntos económicos, Mario Garcés, recuerda al Gobierno que aún tienen pendiente compensar a las comunidades autónomas en 2.500 millones de euros por el desfase generado al implantarse en 2017 el Sistema Inmediato de Información (SII), una devolución que reclaman en su iniciativa.
En este sentido, critican la "transformación" de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, pues como consejera reclamaba este pago que "ahora se niega a realizar siendo ministra", al igual que a la hora de impulsar los cambios en el sistema de financiación.
Y es que, lamentan, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno "no se realizado ningún avance" en este proceso, ya iniciado por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy y "truncado por la moción de censura" en junio de 2018.
En ese momento ya se había trasladado un informe con recomendaciones específicas a las comunidades autónomas a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y se había constituido un comité de evaluación con todas las comunidades --menos Cataluña, que no quiso designar representante, recuerda el PP-- para proponer modificaciones.
