Ribó declara "muy tranquilo" ante el juez por la encuesta fallera: "Es una denuncia con voluntad política"
VALÈNCIA. El alcalde de València, Joan Ribó, declaró este lunes ante el juez que el "retraso" en la entrega de información sobre el expediente de la encuesta fallera al Grupo Popular se debió a que siguió el criterio del secretario municipal, que habría recomendado no entregar esta información hasta que se resolviera el expediente sancionador de la Agencia Española de Protección de Datos.
Ribó fue citado como investigado por el Juzgado de Instrucción número 9 de València a raíz de una denuncia del asesor del PP municipal Luis Salom a la que se sumo el PP valenciano y los diez concejales de este partido en el Consistorio. Le acusan de los delitos de prevaricación y vulneración de derechos de los concejales del PP, a los que negó el acceso al citado expediente durante más de 200 días pese a las reiteradas peticiones recibidas.
Según ha podido saber València Plaza, Ribó respondió a las preguntas del fiscal y de su abogado, pero no a las de los letrados de la acusación popular -el PP- y la acusación particular -los 10 concejales-.
Ribó aseguró ante el juez que en cuanto recibió la petición de amparo del Grupo Popular porque el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, no les entregaba acceso al expediente, ordenó al concejal darles la información que solicitaban. Según añadió, fue entonces cuando el secretario recomendó no facilitar el expediente hasta que hubiera una resolución de la AEPD.
En cuanto al motivo por el que después de dicha resolución se retrasó la entrega de la información -63 días, según la denuncia del PP-, Ribó argumentó que se debió a que los servicios jurídicos discutieron sobre una actuación y sobre si había que presentar un recurso.
A su juicio, se trata de una denuncia con la "clara voluntad política" de "intentar demostrar ante la sociedad algo imposible, que todos somos iguales". Así, ha recordado que el asesor del PP que presentó la denuncia está investigado por el presunto 'pitufeo' del caso Taula, el supuesto blanqueo de capitales llevado a cabo por el grupo municipal popular.
Además, ha puesto de relieve que el asesor del PP ya ha presentado alrededor de una veintena de denuncias contra miembros del gobierno local: "Hasta ahora todas archivadas y espero que esta también".
Ribó ha defendido que "en el máximo de los casos" lo que se investiga en esta causa es "algo del mundo administrativo" porque, ha continuado, la negativa inicial a facilitar la documentación que solicitaba el grupo popular "es una cuestión basada jurídicamente en un informe del secretario del Ayuntamiento. Por ello, ha aseverado que "en ningún momento" se ha planteado dimitir.
Así, ha destacado que los actuales secretarios del consistorio, quienes son "los responsables de dar validez jurídica a las decisiones del alcalde y los concejales" son "los mismos que estaban cuando gobernaba el PP". "¿Se puede haber equivocado el secretario? Yo creo que no, sinceramente", ha agregado.
También ha señalado que se retrasó dar la información solicitada por el grupo popular porque "el reglamento prevé que en algunos casos se puede retrasar cuando por ejemplo no está acabado un expediente" y ha explicado que en este caso se hizo así "para facilitar la defensa ante una denuncia de Protección de Datos". "Es algo previsto por el reglamento del pleno y perfectamente avalado por el informe del secretario", ha argumentado.
Así, ha respondido a los periodistas sobre si ve "mala fe" en la denuncia que esta "no tiene nada que ver con un caso de corrupción".
Finalmente, los periodistas han preguntado a Ribó por el hecho de que haya acudido cerca de una hora y media antes de la hora en la que estaba citado, con lo que la presencia de medios todavía era muy limitada. Sobre esto, ha apuntado, con tono de humor, que normalmente almuerza antes de ponerse a trabajar. "En vez de almorzar en el Ayuntamiento he almorzado aquí, que está bueno", ha bromeado.
Tras Ribó, el abogado del PPCV, personado en la causa, Jorge Carbó, ha explicado ante los medios que pedirán nuevas diligencias y que presten declaración tanto el secretario del consistorio como el concejal delegado porque "el alcalde dice que no tiene ninguna información".
El letrado ha criticado que "no hay ninguna justificación para que de retrase el acceso a un expediente electrónico", del que "solo hay que facilitar las claves de acceso".
"No tiene ningún sentido, él decía que no quería desvelar la estrategia de defensa del Ayuntamiento cuando el escrito de alegaciones ante Protección de Datos ya estaba presentado y la estrategia ya era conocida por el órgano administrativo", ha valorado, por lo que considera que el alcalde "no quiso facilitar la información al grupo municipal popular para evitar que pueda hacer una labor de oposición".
Igualmente, ha dicho no compartir la opinión de Ribó sobre que la denuncia busca hacer ver que todos son iguales: "Es una opinión personal que no comparto. Hay una flagrante negativa sin justificación ninguna".
Carbó ha negado que se trate de una cuestión administrativa: "Es penal y (Ribó) ha declarado como investigado a decisión del juez instructor, que si lo hubiera visto administrativo lo hubiera rechazado", ha concluido.