FOTOS: KIKE TABERNERAl principio y final de su comparecencia se han escuchado aplausos y gritos de "Jorge, Jorge" de alcaldes y empleados de la corporación
VALÈNCIA. (EFE/EP). El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha dicho que dimite del cargo "con la conciencia tranquila" y seguro de su inocencia y la de su equipo en la corporación provincial, así como convencido de que se pueden haber equivocado o metido la pata "pero nunca la mano".
Así lo ha defendido en una comparecencia sin preguntas en la sede de la Diputación, arropado por el grupo socialista, en la que ha anunciado su renuncia a la presidencia y al acta de diputado tras haber sido detenido e investigado por malversación y prevaricación en la operación Alquería. Rodríguez ha anunciado también que delega sus funciones de alcalde de Ontinyent "el tiempo necesario para preparar su defensa" como investigado.
Fuentes cercanas a Rodríguez han señalado que este ha decidido dejar sus funciones municipales en manos de la primera teniente de alcalde, Rebeca Torró, quien también asumirá el escaño provincial que deja en la Diputación y deja y el cargo de directora general de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
La vicepresidenta de la Diputación de València, Maria Josep Amigó, de Compromís, asume la presidencia en funciones de la diputación de Valencia hasta que se nombre al nuevo presidente en un pleno. Un pleno que se convocará en los próximos diez días naturales.
El ya exportavoz del PSPV, suspendido de militancia en el PSOE, ha señalado que dimite del cargo "desde la lealtad a las instituciones y la ciudadanía" y lo hace "orgulloso" de dejar la Diputación "en muy buenas manos", las del actual vicepresidente, Toni Gaspar -el candidato propuesto desde el PSPV-, y su equipo provincial.
"Podemos haber sido torpes o demasiado confiados, pero no ladrones", ha reivindicado Rodríguez, quien ha hecho un repaso a los mecanismos puestos en marcha por el equipo de gobierno que presidía para garantizar la transparencia en la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa.
Antes de atender a la prensa, en una comparecencia en la que no ha admitido preguntas, Rodríguez ha sido vitoreado y aplaudido por miembros de la corporación y representantes de municipios valencianos al grito de: "Jorge, Jorge". Al finalizar, se han vuelto a escuchar aplausos y el nombre de su localidad "Ontinyent".
"Presento mi dimisión convencido de mi inocencia y la de mi equipo, pero convencido también de que mi continuidad al frente de la institución no puede contribuir hoy al cambio de percepción en el que tanto hemos trabajado a lo largo de este tiempo. Lo hago desde la lealtad a la ciudadanía que siempre ha guiado mis pasos, seguro de mi inocencia y seguro de que para demostrarla hoy es mejor estar fuera de la institución que dentro de ella", ha señalado.
Rodríguez, suspendido de militancia por el PSOE, fue detenido el pasado miércoles en un presunto caso de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en mayo 2018 tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. El juez, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra en 2015, le dejó en libertad con cargos tras acogerse a su derecho a no declarar. Las diligencias están declaradas secretas.
Ha indicado que cogió el testigo de una Diputación "repleta de casos de corrupción de los anteriores gestores" y ha destacado que se diseñó un equipo de gobierno "plural", "un gran equipo que a lo largo de todo este tiempo solo ha tenido como objetivo poner la institución al servicio de los pueblos y ciudades, acabar con los criterios de arbitrariedad en las ayudas y aplicar criterios justos y objetivos y que la Diputación dejará de dar vergüenza y volver a ser portadora de buenas noticias", ha enfatizado.
No obstante, ha reconocido que hasta el pasado miércoles,-- cuando se produjeron las detenciones-- este empeño "se había conseguido". Además, Rodríguez ha admitido que siempre ha existido en la gestión "una dificultad y una "piedra en el zapato" como era Divalterra, antigua Imelsa.
Al respecto, ha explicado que a lo largo de estos años, su equipo ha reflexionado sobre el futuro de esta empresa pública y, aunque en un principio se valoró disolverla, les "paró" la "inseguridad y el abandono" en el que dejarían a las más de 600 familias que trabajaban en la mercantil.
Por tanto, ha destacado que se trabajó en la puesta en marcha de un equipo directivo de siete personas, capitaneados por dos cogerentes y un asesor jurídico para que actuaran "como un cordón sanitario para gestionar una empresa en la que continuaba la UCO y muchos de los anteriores gestores".
De esta manera, ha puntualizado que de los 15 miembros del Consejo de Administración de la empresa, 13 de ellos, entre los que él estaba, votaron a favor del nombramiento de un gerente que se "dotó de poder para contratar a otra cogerente y al asesor jurídico", ha dicho para destacar que las siete personas nombradas "han asistido a su puesto trabajado con total profesionalidad en el desarrollo de su trabajo".
Sin embargo, Rodríguez ha explicado que hace seis meses ante "las dudas de carácter administrativo existente en la contratación" se decidió "despedirlos para reestructurar la empresa".
"Estoy seguro de que a lo largo de estos tres años de trabajo nos hemos podido equivocar, podemos haber cometido alguna irregularidad de carácter administrativo, podemos haber metido la pata, pero de lo que estoy absolutamente seguro es de que ni yo ni mi equipo ni cualquier de mis compañeros en la Diputación ha metido la mano. Podemos haber sido torpes y muy confiados, pero nunca ladrones", ha subrayado.
En este sentido, ha reivindicado el "muy alto" listón de la ética en el que "siempre" han querido actuar los socialistas y, en este sentido, ha remarcado: "yo no voy a permitir que este asunto se pueda utilizar para dañar lo que yo estimo".
"Agradecer al personal diputación, a la gente de mi pueblo, militantes, dirigentes de mi partido, alcaldes y a los regidores que habéis creído desde el primer momento en mi inocencia. Me voy con la conciencia bien tranquila y contento por haber conseguido que el 92% de los alcaldes tengan el convencimiento de que la nueva diputación ha repartido las ayudas con criterios objetivos y lejos de clientelismo políticos", ha dicho.
Además, ha destacado que se va "orgulloso" de dejar la institución en "muy buenas manos", las de sus compañeros en el PSPV Provincial que "siempre" le han mostrado lealtad.
Rodríguez, suspendido de militancia por el PSOE, fue detenido el pasado miércoles en un presunto caso de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en mayo 2018 tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. El juez, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra en 2015, le dejó en libertad con cargos tras acogerse a su derecho a no declarar. Las diligencias están declaradas secretas.
