José Luis Ábalos afirma que se reformará el sistema de financiación en seis meses

VALENCIA, (EFE). El secretario adjunto del grupo socialista en el Congreso y diputado por Valencia, José Luis Ábalos, ha asegurado que el programa de gobierno de Pedro Sánchez incluye las reivindicaciones de los valencianos, entre ellas la reforma del sistema de financiación en seis meses.

Ábalos ha afirmado que se ha planeado, en el plazo de un mes desde la constitución del gobierno, la constitución de un grupo de trabajo plural para preparar la modificación de la LOFCA en el plazo de seis meses, con el fin de poder hacer frente a sus previsiones en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Así, ha señalado en un comunicado, el PSOE propone "acciones reales a corto plazo" para lograr la igualdad de los territorios con un sistema de financiación justo que acabe con las "constantes asimetrías" y atienda la reclamación de la Comunitat Valenciana.

El diputado valenciano ha manifestado que el programa presentado por Pedro Sánchez representa "el cambio real" y da "respuesta inequívoca" a las soluciones urgentes que reclama la Comunitat.

Entre las 43 medidas presentadas por el PSOE, ha destacado los planes para reducir a la mitad la tasa de desempleo, como son derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, dos pasos necesarios para "un nuevo escenario" del mercado de trabajo y crear más empleo y de mejor calidad.

Respecto a la lucha contra la corrupción, Ábalos ha señalado que cobra mayor importancia en el caso de la Comunitat, donde los gobiernos del PP han causado "el mayor menoscabo a la imagen de las instituciones con la irrupción de decenas de casos de corrupción a todos los niveles y sus principales dirigentes investigados por la justicia".

Ha destacado medidas como el endurecimiento del delito de financiación ilegal de partidos y tipificar la manipulación de cuentas anuales de las formaciones.

Otra de las acciones que demuestra la firmeza de la lucha contra la corrupción será, ha dicho, la nulidad de las subvenciones y contratos con las Administraciones y la obligatoria restitución por daños y perjuicios cuando se hayan obtenido por conductas de sobornos o vinculadas a cualquier otro tipo de modalidades de corrupción.