José Miguel G. Cortés: "No hay caso IVAM. En todo caso, caso Císcar"

VALENCIA. EL director del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), José Miguel G. Cortés, ha aprovechado la presentación de la exposición Fotografía documental en Estados Unidos. Años 30 para afirmar que "no hay caso IVAM. En todo caso, hay caso Consuelo Císcar". El gestor, en su segundo curso al frente de la programación del principal contender de arte contemporáneo de la Comunitat Valencia, ha asegurado que el IVAM "es de todos los ciudadanos valencianos".

Cortés ha advertido que "por encima de cuestiones" que sugiere no discutir, le preocupa la imagen del IVAM: "no vayamos a cargarnos una de las joyas de la Comunitat". El director ha asegurado que desde el centro museístico se han dedicado "multitud de esfuerzos, más que nadie. Ahora es la hora de los juzgados y los tribunales. Lo que no dejamos es de hablar todos los días de la actividad cultural". Cortés ha destacado que el IVAM se ha reposicionado en el escenario cultural a tres niveles: local, nacional e internacional.

A nivel local "como lugar imprescindible para el entorno cultural y artístico de la ciudad. Se están celebrando más actividades que nunca incluyendo la participación de artistas, creación de debates, actuación de grupos de música como nunca había sucedido". También lo ha defendido "como un museo para la Comunitat Valenciana, de Orihuela a Vinaroz", un marco en el que Cortés asegura que el IVAM continúa trabajando. Por último, "a nivel nacional, como un museo al que sea obligatorio venir", en el que se dan cabida exposiciones que hablan de "cuestiones que otros museos o no tratan o no son capaces de tratar". El director ha asegurado que el IVAM está hablando "de tú a tú" con otros museos de capitales europeas o mediterráneas. 

"No es un museo de sus directores"

Cortés ha animado especialmente a los medios de comunicación a "hablar en positivo" del centro museístico. "Cuando sucedió no estaba aquí", ha dicho Cortés, que ha profundizado en la idea de que se habla mucho del problema judicial relacionado con el IVAM "pero hay poca atención sobre las cuestiones culturales. Donde no había criterio ni seriedad ahora lo hay", y pone como ejemplo esta exposición cuyas conexiones entre la crisis estadounidense y la actual europea ha puesto de relevancia su comisario J. Ramon Escrivá. 

"Es posible construir un museo pese a tener uno de sus presupuestos más bajos de su historia", ha subrayados Cortés. El principal responsable del IVAM ha concluido que pese a entender el papel de los medios le gustaría que estos "dedicaran las mismas páginas y los mismo días a hablar de las exposiciones". El director, que se ha mostrado muy satisfecho con la temporada del centro ha asegurado finalmente que "vuelve a ser imprescindible en España". 

"Evidente" perjuicio

La causa, que nació en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía, se dirige contra Consuelo Císcar y contra otras cinco personas, que tienen la condición de investigadas, término que sustituye al de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La instructora considera que de las diligencias practicadas hasta el momento "resulta indiciariamente la existencia de hechos delictivos cometidos en el seno de la administración del IVAM, tanto en la adquisición de obras de arte como en la contratación de publicaciones".

Además, la magistrada cree que se habrían pagado "importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor" y que esta práctica redundaba en "un claro lucro para terceros". Según la jueza, estos hechos "habrían supuesto un evidente perjuicio a los fondos públicos con los que se gestiona este museo".

En la causa están investigados además de Císcar, otras cinco personas, cuatro de ellas con responsabilidades en el IVAM como subdirectores de distintas áreas. Se trata del subdirector general de Administración y Finanzas, el de Gestión Interna, el de Publicaciones y la subdirectora general Técnico Artística. Además está investigado el responsable de dos empresas con las que el IVAM suscribió contratos de transporte eludiendo, supuestamente, la normativa de contratación del sector público.