VALÈNCIA (EFE). El exvicepresidente del Gobierno valenciano, expresidente de Les Corts Valencianes y ex director general de la Policía, Juan Cotino, será el primero de los ocho investigados -entre los que está Francisco Camps- por supuestas irregularidades en los contratos para la visita del Papa a València en 2006 en declarar ante el juez, el próximo martes.
Según el calendario acordado por el juzgado de Instrucción número 5 de València, del cual informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Cotino declarará a las 9 horas, y tras él la que fue secretaria general de la Fundación que organizó la visita de Benedicto XVI, Henar Molinero.
El 15 de mayo declarará el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero; el 16 el representante legal de la fundación, Francisco Javier Jiménez, y el secretario del Arzobispado, Antonio Corbí.
El 17 de mayo declarará el ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas y exmiembro del patronato de la citada fundación, Enrique Pérez Boada; y el día 5 de junio cerrarán las declaraciones el expresident de la Generalitat Francisco Camps y el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos.
El juzgado de instrucción número 5 de València investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación y fraude a la Administración en esos contratos de la visita de Benedicto XVI a raíz de una denuncia de la Fiscalía Provincial de Valencia.
La causa, abierta en julio de 2016, tiene su origen en la pieza separada del caso Gürtel remitida a València por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.
Este juez se inhibió en favor de los juzgados de València en relación con una pieza que ampliaba la investigación sobre las contrataciones de la Fundación desde su constitución, en enero de 2005, hasta su extinción en marzo de 2014.
En ella se investigan si las adjudicaciones de la Fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a València en julio de 2006 se realizaron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública.
Juan Francisco García y los sobrinos del exdirector general de la Policía otorgan un papel protagonista en la operación al que también fuera conseller de la Generalitat; Olivas dice que cobró por mediar en una operación de venta, pero no por manipular la concesión de los parques eólicos
