Jueces y fiscales afean al Gobierno que no incluya en las oposiciones las nuevas 100 plazas pactadas

VALÈNCIA (EP). Las seis asociaciones de jueces y fiscales que pactaron con el Gobierno una subida salarial de hasta 450 euros al mes han emitido este jueves un comunicado conjunto para denunciar que aún no se ha cumplido con la parte del acuerdo que incluía la creación de 100 plazas de acceso a las carreras judicial y fiscal para 2023 "con inmediato reflejo" en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han pronunciado toda vez que este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara la convocatoria de oposiciones a jueces y fiscales sin haber incluido las plazas adicionales previstas en el acuerdo firmado en mayo.

Las asociaciones firmantes han asegurado que son "conscientes" de que la "incierta situación política dificulta la aprobación de unos presupuestos que no sea prorrogar los del año pasado". "Pero también sabemos que, cuando se quiere, se puede", han añadido al tiempo que han recalcado que "ese era un punto esencial del acuerdo".

En este sentido, han insistido en que "la insuficiencia de jueces y fiscales es palmaria, y aunque sacar más plazas de acceso no arregla el problema estructural, al menos permite paliar el mismo". Así las cosas, han indicado que esperan que "al menos se cumpla con el incremento pactado más pronto que tarde".

Fuentes ministeriales consultadas por Europa Press, sin embargo, han precisado que los acuerdos firmados en mayo exigían una modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que no ven posible la ampliación de plazas hasta que se acuerden los presupuestos de 2024.

Al margen, las asociaciones han recordado que el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia y el Hacienda y Función Pública también incluía el compromiso de seguir trabajando en sus condiciones profesionales, incluyendo otros aspectos retributivos no tratados (guardias, grupos de población, trienios, variables, carrera profesional, etc.), mediante la continuación de la llamada "mesa de retribuciones", que debía volver a reunirse en el plazo máximo de tres meses. "Este acuerdo permanece incumplido, pese a la denuncia efectuada por las asociaciones firmantes", recoge el comunicado.