Jueces piden la dimisión del presidente de la Sala que falló sobre el impuesto de hipotecas

VALÈNCIA. (EP). La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) exige la "inmediata dimisión" de Luis María Díez-Pizazo, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al considerar que es el "único y exclusivo" responsable de haber generado un "desconcierto en la ciudadanía", después de que convocase un Pleno para resolver si mantiene la última decisión de los miembros del tribunal sobre el impuesto de las hipotecas.

La sentencia de la Sala de Contencioso-Administrativo que se dio a conocer de la semana pasada dictó que eran los bancos y no los clientes los que tienen que asumir el coste del impuesto de actos jurídicos documentados, modificando la jurisprudencia establecida, lo cual podría suponer una avalancha de reclamaciones de los ciudadanos y un gran impacto en las cuentas de las entidades financieras.

Un día después Díez-Picazo emitió un comunicado señalando que esta sentencia podía acarrear un "giro radical" en la jurisprudencia y una "enorme repercusión económica y social", por lo que ha instado al Pleno a que estudie el próximo recurso de este tipo que llegue al Supremo y así decidir si confirma o no la nueva decisión establecida en dicha resolución .

Para JJpD, el presidente ha hecho una "nefasta gestión del asunto" que ha generado una "alarma social" y "desconcierto en la ciudadanía", ya que ahora "no saben qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica". Por ello, piden su dimisión porque, además, también ha provocado una "inseguridad jurídica" al utilizar "indebidamente "las facultades legales que la legislación le encomienda a un Tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, poniendo "en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces".

Actuación "sorprendente"

La actuación del presidente de la Sala de Tercera "sorprende", dice la asociación en un comunicado, ya que es algo insólito; pero, en contra, destaca que los magistrados ya son conscientes de que sus resoluciones tienen "impacto, no sólo en la vida y economía de la ciudadanía en particular, sino en la sociedad en su conjunto".

"No existen precedentes de esta insólita actuación del señor Díez-Picazo Giménez: si quería hacer uso de los artículos 197 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas facultades deben de ejercitarse antes del dictado de la sentencia", recuerda JJpD. De este modo, el presidente ahora se enfrenta "a la incompetencia, incomprensión, mala imagen de la Administración de Justicia que ha generado, además del consiguiente descrédito de sus propios compañeros a los que preside y que han elaborado una sentencia perfectamente discutida, razonada y razonable", agrega el comunicado.

En esta misma línea también se ha manifestado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que pide explicaciones ante la nota lanzada por el presidente de la Sala. A su entender, "no aclara" qué va a ocurrir tras la reunión del pleno, sino, al contrario, "crea confusión y no contribuye a la imagen de la independencia del Poder Judicial".

"La labor diaria que los jueces y tribunales españoles desarrollan respetando escrupulosamente este principio, merece el máximo respeto y protección de todos y, especialmente, de los cargos orgánicos", dice en un comunicado.

Así, ambas asociaciones recalcan que la reunión de los 31 magistrados de la Sala Tercera tenía que haber sido convocado antes de que se dictase la sentencia de la semana pasada, ya que Díez-Picazo era "conocedor" de que este asunto se iba a estudiar. El presidente firmó el pasado 15 de enero el auto de admisión a trámite del recurso presentado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid (Madrid).

Precisamente en este auto se recordaba que "el reciente criterio contrario sentando por la Sala Primera ha abierto un debate doctrinal que requiere una nueva respuesta por parte de este Tribunal Supremo, máxime cuando (*) es una materia que afecta a un gran número de situaciones y tiene una importante trascendencia social, más allá del caso objeto del proceso", señala Juezas y Jueces para la Democracia.