Jorge Rodríguez, el día que presentó su dimisión. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El juez encargado del conocido como caso Alquería ha procesado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otros 14 cargos del PSPV y Compromís por las posibles contrataciones ilegales en la empresa pública. Los presuntos delitos cometidos son los de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal.
El auto de incoación de procedimiento abreviado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, emitido este miércoles y al que ha tenido acceso Valencia Plaza, cifra en 1,1 millones de euros el perjuicio paras las arcas públicas.
Junto a Rodríguez, figuran como procesados Ricard Gallego, Jorge Cuerda, Manuel Reguart, Xavier Simó, Agustina Brines, Pau Pérez, José Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenía, Víctor Jiménez y José Ramón Tíller. La única persona para la que se han archivado las actuaciones es Lucas Ferrando.
El magistrado considera que se produjo una contratación presuntamente "simulada" de nueve directivos "sin observar los requisitos legales ni estatutarios" de Divalterra entre noviembre de 2015 y febrero de 2018. Tampoco se cumplieron, indica, "las normas aplicables a estas contrataciones" y las personas "nunca" ejercieron funciones de altos cargos, por lo que no existían motivos suficientes para las contrataciones.
Todo ello conllevó, apunta, "un presunto desvío" de dinero y, con ello, "malversación de caudales en favor de unos particulares por puros intereses de índole partidista" de las dos formaciones en el poder: PSPV y Compromís.
Remarca, expresamente, la intervención para ello de los gerentes de Divalterra José Ramón Tíller (PSPV) y Agustina Brines (Compromís) por un supuesto "plan preconcebido" por Jorge Rodríguez y su equipo más cercano: el secretario letrado asesor Jorge Cuerda –al que identifica como director de facto de la empresa pública–, el jefe de Gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego, y el asesor Manuel Reguart.
El auto de procedimiento abreviado supone el final de una instrucción que ha durado dos años y medio y acerca a los investigados a la apertura de juicio oral, algo que tendrá que ser ratificado por la Audiencia Provincial ante la previsible presentación de recursos a la decisión del juez.
La Fiscalía apuntó desde el inicio de las indagaciones a una actuación "arbitraria y caprichosa" en la contratación de directivos en Divalterra, de la cual cree que tenían conocimiento los imputados "de forma incuestionable". En los escritos que constan en el sumario, hace hincapié en los "artificios" buscados para tratar de amparar unas contrataciones "que responden al puro voluntarismo político de favorecer a los miembros del partido dominante en la Diputación y afín a su presidente".
Unas prácticas que, en opinión de Anticorrupción, revelan la creación de una "estructura de gobierno" paralela a la auténtica voluntad del Consejo de Administración de la empresa pública y formada tan sólo por los consejeros de las formaciones que sustentan la corporación provincial (PSPV y Compromís).
