El juicio de las agresiones del 9 d'Octubre queda suspendido por desacuerdos en las órdenes de alejamiento

VALÈNCIA. El juicio por las agresiones del 9 d'octubre de 2017 ha quedado suspendido hasta marzo de 2024. El motivo es que no todas las defensas de los acusados estaban de acuerdo con el inicio de conformidad alcanzada. La sección primera de la Audiencia de Valencia acogía la vista con un preacuerdo entre las partes. Algunas defensas de los acusados revelaban a la entrada que un total de 26 de las 28 personas que se sientan en el banquillo habían aceptado una pena de un año y cuatro meses de cárcel. Dos de ellos tendrían una un poco superior, de año y siete meses de prisión. 

El acuerdo incluía 1.700 euros de indemnización de manera individual que ya han sido abonados y supondría que se suspendiera la entrada en la cárcel para aquellos que cumplieran los requisitos. 

El pacto se había cerrado de manera provisional y se tenía que ratificar durante el juicio, pero en el momento de las cuestiones previas ha saltado por los aires. Las defensas han planteado desacuerdos con el escrito definitivo. El punto conflictivo era la medida de la orden de alejamiento a 300 metros de las víctimas de las agresiones, pero también de las sedes de las entidades que forman parte de la organización convocante de la manifestación. 

En la Comissió 9 d'Octubre se encuentran: Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Associació Cívica Tirant lo Blanc, Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), Ca Revolta, Decidim (Plataforma pel Dret a Decidir), Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua,Societat Coral El Micalet, los sindicatos CCOO e Intersindical y los partidos Compromís, Podem, Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y Jovent Republicà. 

Al perecer, los abogados han leído la 'letra pequeña' del acuerdo respecto a este asunto y han reculado en el acuerdo. Un letrado ha pedido suspender la vista porque los términos de la conformidad eran "desproporcionados y no ajustados". En este sentido, ha considerado que la medida del alejamiento era, en la práctica, "un destierro de la ciudad de València". A ello se ha añadido que otro letrado ha manifestado que no tenía conocimiento del escrito definitivo del pacto. 

Ante esta situación, el presidente del tribunal ha suspendido el juicio hasta de aquí medio año y ha calificado de "falta de seriedad" lo ocurrido. El objetivo ahora será llegar a otra conformidad en los próximos meses, que en principio pasa por reducir la distancia de alejamiento de los 300 a los 100 metros.

La Fiscalía pedía inicialmente para los acusados entre tres y siete años y medio de cárcel por los presuntos delitos de desórdenes públicos, coacciones, mal trato o delito leve de lesiones. Además, consideraba que para algunos concurrían las agravantes de abuso de superioridad y de reincidencia. 

La llegada y la salida de los procesados de los juzgados se ha producido en medio de un notable despliegue de seguridad, con el acceso principal custodiado por decenas de agentes de la Policía Nacional, y con la presencia también de manifestantes de colectivos antifascistas y varios dirigentes de Compromís.

Uno de los procesados -a la entrada y a la salida también- se ha dirigido a los manifestantes con gestos de "llorones", y éstos han respondido coreando consignas antifascistas, y otro ha escupido a otro de los manifestantes y ha tratado de encararse con él, pero ha sido sujetado por quienes le acompañaban y un agente se ha interpuesto.

Los mismos agentes de Policía Nacional que formaban parte de este dispositivo de seguridad han tratado de identificar a un manifestante antifascista por exceder -según ha explicado el agente- el horario de la concentración anunciada y demorarse en la retirada de las pancartas, pero una de las letradas de Acció Cultural ha mediado y finalmente no se han producido propuestas de sanción.