Foto: EPVALÈNCIA (EP). La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, María Núñez Bolaños, como ha avanzado ABC, ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el que fuera ministro socialista de Sanidad entre 2007 y 2009 Bernat Soria y sus dos hijas, por un presunto delito de alzamiento de bienes, al haberse desprendido supuestamente de su patrimonio para eludir abonar una deuda de unos 400.000 euros de su empresa, Newbiotechnic, toda vez que el Juzgado de Primera Instancia número 27 le había condenado a tal pago a la entidad Vegetal Green, junto con la empresa Biocorp Spain y el ingeniero José Antonio Mateos, ex director general en la Junta de Andalucía.
Así figura en un auto emitido por dicha magistrada el pasado 14 de febrero, en el que requiere a cada uno de los tres acusados fianzas de 520.000 euros y declara que el juicio corresponde ser celebrado en un juzgado de lo Penal de Sevilla.
En el auto figura además que la Fiscalía solicita para cada uno de los acusados dos años y medio de prisión, multas y la nulidad de las donaciones investigadas, así como una indemnización de 520.000 euros en favor de Vegetal Green en caso de no ser posible la citada nulidad; mientras la acusación particular pide para ellos tres años de prisión, multas y la misma responsabilidad civil pedida por el Ministerio Público.
Todo deriva de la querella interpuesta por la empresa Vegetal Green, que acusa a Bernat Soria de donar todos sus bienes y su patrimonio a sus hijas en 2019 al objeto de quedar así insolvente y eludir el pago de las deudas y obligaciones arrastradas, en especial la mencionada deuda de Newbiotechnic con esta entidad.
El exministro prestó en 2022 declaración como investigado, accediendo a responder las preguntas tanto de su abogado defensor, como de la juez instructora y de la acusación particular que ejerce la empresa Vegetal Green. Tras su comparecencia, prestaron también declaración sus dos hijas, aunque mediante videoconferencia desde Madrid y Ginebra (Suiza) respectivamente.
Durante su comparecencia, según informaban fuentes del caso, el exministro habría alegado ante los cargos que pesan sobre él que en su municipio natal, Carlet (Valencia), es "tradición" donar los bienes a los hijos en el momento de la jubilación, una práctica que según habría manifestado hizo su padre con él y que en 2019 habría hecho él mismo en favor de sus dos hijas, quienes al declarar por videoconferencia habrían corroborado tal extremo.
Sus hijas, además, habrían coincidido a la hora de señalar que desconocían que Bernat Soria arrastrase deudas con terceros, según tales fuentes.
En ese sentido, el exministro habría defendido ante la juez instructora que la mencionada sentencia condenatoria del Juzgado de Primera Instancia número 27 había sido recurrida, asegurando a tal efecto que la citada deuda de 400.000 euros habría sido "comprada" por su propia empresa, Newbiotechnic, y que cuando donó su patrimonio a sus hijas, allá en 2019, era "solvente" para hacer frente a obligaciones.
Respecto a esa solvencia, el exministro habría alegado además que para ello cuenta con dos litigios "pendientes" de resolución contra la Junta de Andalucía y con repercusión económica.
Se trata de un primer pleito por su despido en la primavera de 2019 a manos de la Fundación Progreso y Salud, adscrita a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, por motivos disciplinarios; toda vez que en septiembre de 2021 el Juzgado de lo Social número tres de Sevilla desestimó su demanda inicial, en la que reclamaba una indemnización de 2,75 millones de euros.
Bernat Soria, según la sentencia del juzgado de lo Social número tres, recogida por Europa Press, "incumplió de una manera clara y evidente su compromiso de exclusividad" con la citada entidad pública, pues por ejemplo, "estando vigente la relación laboral con la Fundación Progreso y Salud, ha sido administrador único de Andalucell, cuyo objeto es el asesoramiento en terapia celular, diseño, construcción y acreditación ante organismos oficiales y privados de salas destinadas al proceso productivo de viales".
El exministro habría aludido igualmente a su reclamación de aproximadamente 40 millones de euros a la Administración andaluza, por los derechos sobre un total de diez patentes registradas durante su etapa profesional relacionada con la Fundación Progreso y Salud y el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer).
