Gabriel Rufián y Pedro Sánchez. Foto: E. PARRA/EPVALÈNCIA (EP). Junts y ERC han propuesto una serie de enmiendas parciales a la ley de amnistía para garantizar que la norma abarque todos los delitos terroristas por los que está acusado el independentismo, lo que incluiría a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por 'Tsunami Democrátic' que han sido investigados en la Audiencia Nacional.
Sendos partidos independentistas proponen en una de sus respectivas enmiendas eliminar el párrafo que excluía de la amnistía los delitos de terrorismo siempre y cuando hubiese recaído sentencia firme. Los republicanos, en concreto, justifican esa sugerencia alegando una "mejora técnica", mientras que Junts habla de persecución por parte de los tribunales. La modificación propuesta por Junts, además, también permitiría amnistiar los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa.
Así consta en las enmiendas parciales que han presentado este martes en el Congreso los socios del Gobierno a la proposición de ley que presentó en noviembre el PSOE para amnistiar más de una década del independentismo catalán, incluidos delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación.
ERC, sin embargo, también ha registrado una serie de enmiendas conjuntas con PSOE, Sumar, EH Bildu y BNG unos minutos más tarde de presentar las suyas propias en las que, por el contrario, sí dejan fuera de la amnistía los actos terroristas sobre los que haya recaído sentencia firme. Los republicanos justifican esa dualidad en su convicción de que "hacen falta más avances y que todavía hay margen de negociación".
El partido confía en "pactar durante la ponencia de la ley y la comisión" sus enmiendas propias, en las que proponen "suprimir la exclusión de los casos de terrorismo de la ley para blindarla al máximo posible" o que no solo sean las cuestiones de inconstitucionalidad las que levanten las cautelares de un procedimiento sino que también lo hagan las cuestiones prejudiciales al TJUE.
El PSOE junto a ERC, Sumar BNG y Bildu han presentado una enmienda para remarcar que el órgano judicial que tenga entre manos cada una de las causas judiciales objeto de amnistía, debe aplicar esta norma.
La enmienda es al artículo cuatro, que regula los efectos sobre la responsabilidad penal y en varios puntos del articulado señalan que debe aplicar la amnistía el órgano judicial competente "que, en cada momento, esté conociendo la causa".
Según indica el PSOE, se trata de enmiendas de carácter técnico que se han acordado en los últimos días por juristas de las diferentes formaciones, partiendo del reconocimiento general de que el texto inicial de la proposición de ley era "de una enorme solidez jurídica y totalmente ajustada a nuestra Constitución".
Entre las enmiendas registradas se encuentran, por ejemplo, la exclusión de la amnistía por delitos contra la Comunidad Internacional, para excluir de la aplicación de la amnistía delitos de "genocidio".
En sus enmiendas, Junts asegura que el periodo que abarca la amnistía no incluye "ningún acto que pueda ser tipificado como terrorismo", pero sostiene que en las causas sobre Tsunami y los CDR "se investiga y persigue a independentistas por hechos que no serían" constitutivos de ese tipo de delito.
"Para conseguir que el ámbito objetivo de esta amnistía abarque al mayor número posible de ciudadanos perseguidos por su militancia o cercanía con el independentismo catalán, ha de retirarse de las exclusiones de la ley los actos tipificados actos tipificados como delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y los actos tipificados como delitos de terrorismo", justifican.
Por contra, la formación independentista accede dejar fuera de la amnistía "los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea".
En el marco de las enmiendas, los de Junts proponen una nueva disposición adicional para garantizar "la aplicación inmediata de la ley de amnistía" e impedir que "se desvirtúe el interés general que persigue, mediante el alzamiento de todas las medidas que impidan su eficacia".
Asimismo, el partido plantea ampliar la horquilla temporal de la amnistía --que en el texto original abarcaba desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023-- para que contemple los actos desde el 1 de noviembre de 2011.
Asegura que se trata de una "mejora técnica" para "incluir todas las actuaciones tipificadas como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contractual, vinculadas de una u otra forma, a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017".
La formación también modifica el texto de noviembre para incluir en la amnistía los actos "realizados por o atribuidos a quienes" hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas" cometidas con intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como las conductas "atribuidas en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito".
Junts también propone modificar la proposición de ley de la amnistía para garantizar que se alzarán las medidas cautelares impuestas "incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones", así como "cuando se suspenda el procedimiento en virtud del planteamiento de cualquier cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
En lo relativo a los efectos sobre la responsabilidad civil y contable, quiere cambiar el texto original para que queden "extinguidas las responsabilidades civiles y contables derivadas" de los actos relativos al 'procés', "incluidas las que estén siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas".
Sobre el apartado de indemnizaciones y restituciones, Junts elimina el epígrafe que fijaba que no había derecho a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa.
En sus enmiendas parciales ERC, además, también propone modificar la parte de las exclusiones en lo relativo a los delitos de torturas o de tratos inhumanos. En concreto, los republicanos quieren que queden fuera de la aplicación de la ley todos los actos tipificados como tal, sin necesidad de que superen un umbral mínimo de gravedad.
"No existe una escala de gravedad de los delitos de torturas, tratos inhumanos o degradantes; o es trato degradante o no lo es, y, en todo caso, a la hora de delimitar si lo es o no, los jueces deberán seguir el criterio jurisprudencial marcado por el TEDH en sus recientes sentencias para identificar cuando los actos deben ser calificados como tortura o tratos inhumanos o degradantes y por lo tanto quedar fuera del marco objetivo de la amnistía", justifican.
Además, ERC introduce una enmienda que propone que las multas impuestas en aplicación de la conocida como 'ley mordaza' deban ser "retornadas". "Se trata de una decisión de naturaleza económica que es perfectamente reversible y que permitirá restituir a la persona o entidad afectada a la situación anterior a la imposición de sanciones", aducen.
