Justicia, mérito y propósito

Los españoles consumirán hoy otra porción de sus escasas energías en ver desbaratado algo más de lo que algún día compartieron en común. ¿Qué era eso? Porque este es un final, hubo un principio: la superstición de que había una Historia vencida para no repetirse. El sistema democrático que nos redimió era todo lo que queríamos llegar a ser. Ahora, una generación deudora de una expiación que ella misma no habría prestado y, sin embargo, presuntuosa acreedora de la continuidad que ese sacrificio procuró, se debate entre la ansiedad y el desengaño al comprobar que sus pasos avanzan sobre el suelo frágil de un nubarrón.  

¿Qué ha sucedido? Que todo puede cuestionarse. Que nada ha estado nunca resuelto por completo. Que los equilibrios que sostienen la vida en común son frágiles y pocos cuidan de ellos, aunque la mayoría tenga demasiadas cosas que perder: un narcótico que reprime, por el momento, enfrentamientos más graves. Que una generación de Narcisos, ávidos de contemplarse en el reflejo de la desmemoria, ha olvidado el alto precio que hubo de pagarse por alcanzar su vida de regalada futilidad cívica. La mayoría parece no querer servir para nada, pero hay un pan civil por el que pelear siempre, mientras no es posible imaginar un interés individual desconectado de otro colectivo y viceversa. Porque el Derecho exige ser ganado todos los días y porque los derechos individuales están conectados con los colectivos por el deber de los segundos de amparar los primeros. Por eso se menoscaban al mismo tiempo. Y por eso los ciudadanos deberían involucrarse en la defensa de los instrumentos que los preservan. 

En efecto, en estos días de conmemoración constitucional donde una minoría cada vez más condicionante de la supervivencia de nuestro sistema expresa no tener nada a celebrar, comienza a cuestionarse la propia esencia de nuestro régimen democrático: su forma política, la integridad territorial de España, la independencia del Poder Judicial. Esto es especialmente problemático, porque esas tres cosas son el presupuesto para la tutela eficaz de los derechos de todos. Un remedio para corregir la actual deriva de aislamiento entre los españoles.

Hablemos de los jueces. Ese menoscabo reciente se ha hecho hasta de tres maneras diferentes. Por un lado y prisionera de su locuaz imprudencia previa, la derecha parlamentaria ha bloqueado la continuidad en la aplicación de un mecanismo de reforma de su órgano de gobierno, el CGPJ, que fue avalado constitucionalmente y que se ha aplicado más o menos de la misma manera durante los últimos treinta y cinco años. Es cierto que eso no significa que lo que ha sido útil en el pasado lo sea también para ganar un futuro. Por otro lado, el Gobierno y la izquierda parlamentaria, llevados de un delirio polaco, persiguen hacer posible la renovación del CGPJ, pero de forma condicionada a la misma mayoría de la que dependa la formación de Gobierno en cada tiempo político y, mientras tanto, impidiendo el desempeño de su cometido constitucional al Consejo cesante. Parece que lo único importante es el control de los nombramientos al Tribunal Supremo.

El CGPJ es un órgano político y no hay nada malo en reconocerlo así. Ese es nuestro sistema, eso es lo que somos. Pero debería ser algo distinto a un órgano en manos de los partidos políticos y sujeto a su dialéctica, oportunidad o enfrentamientos. Por el contrario, al CGPJ le incumbe promover la reforma del Poder Judicial español o, al menos, generar influencias o corrientes que determinen ese resultado. La injerencia de los partidos políticos en el CGPJ sería más soportable si, al menos, los candidatos elegidos lo fueran a resultas de un consenso amplio sobre sus méritos y propuestas de reforma y si ese consenso se diera únicamente entre quienes creen en el mismo sistema constitucional al que ese órgano debe servir. También si se garantizara la falta de contaminación política de los nombramientos al Tribunal Supremo.

Por lo tanto, no es tan problemático cómo se elige a los futuros vocales, sino a quién se elige, por qué y para qué.

Sin embargo, se sobreentiende que los jueces aspirantes al gobierno del Poder Judicial deben ser elegidos por su ideología y lealtad políticas y no por sus méritos profesionales o propósitos de mejora del sistema judicial español. El silencio de los candidatos en ese proceso es ensordecedor: ninguno es capaz de comprometer públicamente su futura independencia de criterio y exponer un proyecto de reforma personal y propio. La posición de las asociaciones judiciales es nítidamente demagógica: reclaman la democratización del proceso mientras no retiran su aval a los candidatos que participan actualmente del mismo. Tampoco explican qué quieren para el sistema judicial y cómo lo quieren lograr a través de los candidatos que avalan. En este proceso de reforma del CGPJ se ignora qué piensan la mayoría de los candidatos sobre la situación de la demarcación y planta judicial, el modelo de enjuiciamiento de instancia, la instrucción penal por el Ministerio Fiscal, la digitalización de la justicia o la aplicación de sistemas de inteligencia artificial a la solución de grupos de casos idénticos, el contenido y coercitividad del código deontológico de los jueces, su responsabilidad en el sostenimiento y mejora del sistema, su retribución o su productividad y eficiencia.

La justicia en España es españolísima: como en tantas otras partes, aquí también se sufre la ausencia de los mejores. No se estimula la participación de los jueces más aptos para involucrarles en las tareas de gobierno judicial, sino la omnipresencia de los partidos políticos en todos los lugares. La anterior afirmación también comprende a algunos jueces bienintencionados, por quienes ruego a los dioses que se vean libres de una frustración demasiado temprana llegado el momento de asumir nuevas responsabilidades. Porque, siendo cierto y próximo el momento en que el CGPJ será renovado de una u otra manera, esta situación ha de impedir que sus próximos integrantes aborden la necesaria modernización del Poder Judicial. En realidad, en esta disputa sobre la composición del CGPJ únicamente se debate sobre las cuotas que a cada partido político pueda corresponderle en la futura composición de ese órgano. Ese es un sistema perverso: los partidos se ocupan de conquistar una porción de poder, sin entrar a considerar la idoneidad de los candidatos que apoyan unos u otros. Después, la única contribución real del Consejo renovado será la de procurar nombramientos al Tribunal Supremo. La carrera judicial quedará en el mismo lugar donde se encontraba previamente. Mientras tanto, el sistema judicial español se debilita, la economía sufre las consecuencias de su falta de competitividad y la convivencia se envilece.

La misma lección duramente aprendida demuestra que este desenlace tampoco será para siempre. Tarde o temprano, será inevitable poner el acento en las renuncias ideológicas, los sacrificios personales y el ánimo de cooperación para reencontrar un camino común. Con los jueces ese objetivo será más asequible si se alcanza un consenso sobre los propósitos que deben inspirar cualquier reforma del Poder Judicial y quiénes sean los actores más adecuados para llevarla a buen término. Mientras tanto, a los ciudadanos les atañe interesarse por sus jueces, pelear por ellos, exigir que el gobierno judicial sea uno meritocrático, dotado de un auténtico proyecto y con el solo afán de servicio público.

Eduardo Pastor Martínez es magistrado de lo Mercantil