VALÈNCIA. Las renuncias en la Conselleria de Justicia, Administración Pública e Interior continúan hasta el punto de ser objeto de preocupación. La semana pasada, dos altos cargos del departamento que dirige Gabriela Bravo decidieron no seguir con su trabajo diario y solicitar la baja laboral: la directora general de Justicia, Bárbara López Ramón, y la subdirectora general de recursos materiales, Aurora Majuelos.
Unas salidas temporales que tienen como consecuencia inmediata la debilitación de una cartera que sigue sumando pérdidas de efectivos y que, según fuentes de la Conselleria, responderían en este caso a "motivos personales". Las bajas se produjeron en una semana especialmente tensa a raíz del desliz que protagonizó este departamento del Botànic II al copiar y pegar el documento de desescalada de Justicia en la Comunidad de Madrid.
Una circunstancia que despertó las críticas de todos los sindicatos en bloque: ante el cambio a la fase 2 en los juzgados de la Comunitat Valenciana el pasado martes, la conselleria elaboró varios borradores con pautas a cumplir por los funcionarios de justicia. Sin embargo, tras varios diseños, la víspera del cambio a la fase 2 se tomó la determinación de copiar el plan de desescalada que iba a seguirse en la administración de justicia madrileña.
Las organizaciones sindicales no sólo se quejaron entonces de la "improvisación de la Conselleria", que no sustituyó en el documento una mención a la Comunidad de Madrid por la valenciana. También protestaron por el hecho de que los funcionarios se enteraran de cuál iba a ser su jornada laboral al día siguiente pasadas las 21:00 horas. Una situación que generó cierta tirantez laboral en el departamento.
En los últimos meses, e incluso semanas, se han producido varias bajas en la Conselleria de Justicia, como por ejemplo la de la exgerente de la Ciudad de la Justicia, Helena Agustí. Un cese que, en este caso, se corresponde a que ésta tenía "una comisión de servicio" que finalizaba estos días y, por ello, se decidió hacer el cambio antes de que venciera este plazo. Las salidas, sin embargo, ponen de manifiesto las dificultades de adaptación para los cargos y altos funcionarios en esta área del Consell, dado que desde finales de 2015 ha sufrido la friolera de más de 50 cambios en este departamento.