Justicia prevé iniciar las obras en el TSJCV en junio y acabarlas en unos tres años

VALÈNCIA. (EP) La Conselleria de Justicia prevé iniciar las obras de rehabilitación en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el próximo mes de junio y acabarlas en alrededor de tres años.

Así lo ha indicado este martes la titular de este departamento, Gabriela Bravo, en un desayuno con los medios de comunicación, en relación al plan de infraestructuras judiciales aprobado en el año 2018 en la Comunitat.

Sobre el proyecto del TSJCV, edificio declarado Bien de Interés Cultura (BIC), la Mesa de Contratación adjudicará la próxima semana la obra del tribunal y si no hay recursos ni se paraliza la adjudicación, la intención es iniciar los trabajos a finales del mes de junio.

De ser así, está previsto que las obras en el edificio, para las que hay una inversión de 28,3 millones de euros, concluyan en unos tres años: "Intentaremos hacerlo lo más rápido posible porque hace falta", ha dicho la consellera.

Por otro lado, ayer se adjudicaron las obras en el Palacio de Justicia de Alzira: "Allí hemos tenido problemas de toda índole y hemos tenido que ir arreglando cosas y afrontar problemas irresolubles que hemos tenido que ir parcheando", ha recordado Bravo. Esta licitación permitirá a Justicia adjudicar la obra en seis meses e iniciar las obras.

Así mismo, se están realizando obras en el Palacio de Justicia de Gandia y en un mes comenzarán en Llíria. Además, Justicia sigue trabajando en proyectos básicos de otros partidos judiciales como Torrent, Sagunt, Ontinyent o Xàtiva.

Bravo, por otro lado, se ha referido a la Unidad Valenciana de Emergencias que la Generalitat pretende poner en marcha y sobre la que ha asegurado que la idea "no es crear ningún chiringuito".

"Es como una denominación de origen donde se integran todos los recursos de emergencias de la Generalitat y nos permite crear una estructura organizativa y unas normas de funcionamiento mejores para la coordinación de todos los recursos", ha aseverado.

A su juicio, "hay un interés infundado en desautorizar y desacreditar un proyecto que no significa la creación de ningún organismo nuevo ni está privatizando ningún tipo de actividad", ha insistido.