La consellera de Justicia, Elisa Núñez. Foto: EP/Rober SolsonaVALÈNCIA (EP). La Conselleria de Justicia e Interior y los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia han firmado el acuerdo de legislatura 2024-2027, que permitirá la "mejora progresiva" de las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia. El acuerdo lo han suscrito este martes la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, y los representantes de las organizaciones sindicales STAJ, CSIF, Intersindical, CCOO y UGT.
El acuerdo contiene una serie de medidas a desarrollar durante los próximos tres años. Entre ellos, se establece que la Conselleria mantendrá la modalidad de teletrabajo con el asentamiento de las bases para que no vaya "en perjuicio de la debida atención presencial a ciudadanos y profesionales que acuden a las oficinas judiciales y fiscales" y se ofrezca "una correcta prestación del servicio público", según recoge la Generalitat en un comunicado.
Por su parte, las organizaciones sindicales se comprometen a fomentar un modelo de trabajo a distancia y/o de trabajo deslocalizado basado en "la responsabilidad, el compromiso y la rendición de cuentas", de manera que la atención presencial a ciudadanos y profesionales "no se vea perjudicada" en aquellas oficinas donde se encuentren destinados funcionarios que se acojan al mismo.
En el caso de que se apruebe el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LEO) del Servicio Público de Justicia y los proyectos de medidas de Eficiencia Procesal y Digital del servicio público de Justicia, que modificarán el tradicional modelo organizativo de los juzgados y tribunales en lo referente a su planta y demarcación, la Conselleria se compromete a poner "los medios para facilitar la adaptación de los trabajadores a los cambios que se produzcan".
En segundo lugar, en el acuerdo se recoge que "mientras el Ministerio no siente las bases" de la carrera profesional por medio de Real Decreto para el establecimiento de la carrera profesional en la Administración de Justicia, "siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias", la Conselleria prorrogará para los años 2024 y siguientes el actual programa de actuación, que reconoce la trayectoria y actuación profesional de los funcionarios de esta Administración.
Respecto a las cantidades correspondientes a cada ejercicio, detalla que serán negociadas en mesa sectorial: comenzarán con las respectivas al próximo año 2024, así como las relativas el resto de los ejercicios de la indicada legislatura, todo ello "conforme a las disponibilidades presupuestarias".
Por último, se contempla impulsar el "cumplimiento efectivo" del resto de conceptos retributivos "ya negociados y pendientes de aplicación", como una dotación con la finalidad de "luchar contra la brecha salarial" y "racionalizar los desfases" en las clasificaciones y tablas retributivas sobre los complementos específicos del personal.
En este sentido, la Conselleria de Justicia e Interior se compromete a analizar el complemento específico y/o CAT y a "posibilitar su incremento" a lo largo de la legislatura, con el fin de "adecuarlo a la media nacional".
La consellera de Justicia, Elisa Núñez, ha calificado este acuerdo como "un hito que nos muestra que, con la sensatez y el diálogo honesto, sin ruido, influimos directa y positivamente en el bienestar de los trabajadores y en el funcionamiento de la justicia". Al mismo tiempo, ha destacado "la voluntad y el plan de la Conselleria por mejorar las retribuciones de los funcionarios de la Administración de Justicia", que contrasta, a su juicio, con "la incomprensible falta de desarrollo de la carrera profesional por parte del Gobierno de España, prevista desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2018, aprobada por el mismo gobierno".
La titular de Justicia e Interior ha resaltado, entre los "numerosos avances" del pacto de legislatura, el relativo al teletrabajo: "Se trata de un asunto prioritario para la Conselleria en la defensa de los derechos de los trabajadores: mientras nosotros respetamos los derechos que los funcionarios tienen ya reconocidos en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la ley regional de función pública, el Ministerio de Justicia los recorta de la forma más sorpresiva, a última hora y sin posibilidad de réplica".
Núñez ha manifestado que para el equipo de la Conselleria es "una prioridad cuidar a quienes permiten que las oficinas judiciales y fiscales, así como otras dependencias judiciales, saquen el trabajo adelante, para que estén formados, preparados y motivados para hacer frente a retos, como las nuevas estructuras judiciales, el expediente judicial electrónico o la transformación tecnológica".
