VALÈNCIA. Los problemas derivados por el incendio de la Ciudad de la Justicia no han dejado de sucederse desde que el domingo 10 de septiembre el Juzgado Número de Primera Instancia ardiera. A los primeros problemas, entre los que estuvo que la consellera Gabriela Bravo obviara a la fiscal jefe en su reunión de urgencia con los principales afectados, se suma ahora que ha tardado mes y medio en poner en marcha el plan de choque para tratar de normalizar la situación.
Según las explicaciones de la Conselleria dirigida por la exfiscal Bravo "no hemos podido ponerlo en marcha hasta que le hemos requerido, porque no lo habían enviado, el acuerdo de la Sala de Gobierno".
Dicha explicación dista mucho de la realidad acontecida. La Sala de Gobierno del TSJCV se reunió el pasado día 27 de diciembre y acordó solicitar 40 funcionarios. Ese mismo día, la propia consellera supo cuáles eran las necesidades ya que se reunió con las partes afectadas, y recibió de la mismísima presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, dichas necesidades. Es más, la propia Conselleria de Justicia emitió una nota de prensa diciendo cuántos funcionarios eran necesarios en el plan de choque.
Pero a eso hay que sumar que dos días después de que la Sala de Gobierno se reuniera, el jefe de Servicio de la Conselleria de Justicia solicitó por email las decisiones de la Sala. Al no estar todavía sellado se le remitió el acuerdo sin sellar pero con las mismas peticiones que su jefe, la consellera Gabriela Bravo ya conocía y había anunciado en nota de prensa.
Pero por si eso fuera poco, a principios de la semana siguiente, y una vez sellado el acuerdo, se le volvió a enviar, esta vez al subdirector general de Modernización Francisco Cabo. También a petición de la Conselleria.
Ya por último, el día 6 de octubre, la Conselleria de Justicia volvió a solicitar el acuerdo. Según la Conselleria fue ese día cuando tuvieron conocimiento de las necesidades, algo que llama la atención teniendo en cuenta que hasta habían hecho una nota de prensa anunciando a bombo y platillo el número de funcionarios que se debían implementar dentro del plan de choque.
Pero si hay algo que llama la atención dentro de todas estas casualidades es que en el ínterin de todos estos desencuentros, el Ministerio de Justicia envió una carta a la Conselleria del ramo diciendo que no podían nombrar a los jueces y fiscales de refuerzo si no sabían cuántos funcionarios, y en qué puestos, iba a poner la consellera.
Ante la evidencia que el TSJCV ha explicado y requerido hasta en cuatro ocasiones durante 15 días la necesidad de funcionarios para el plan de choque, la respuesta de la Conselleria es que hasta la última, la oficial según ellos, no podían solicitar a la Conselleria de Hacienda que habilitara el presupuesto oportuno para contratar a los funcionarios de refuerzo. Un hecho que llama la atención teniendo en cuenta que la propia Conselleria había anunciado diez días antes que ya estaba en marcha.
Tras preguntar Valencia Plaza por el retraso en la incorporación de funcionarios, la Conselleria de Justicia ha enviado una nota de prensa en la que aseveran que: "La Conselleria de Justicia incorpora este próximo lunes los primeros once funcionarios de refuerzo cuya misión es contribuir a que la Ciudad de la Justicia de Valencia recupere el ritmo de trabajo que se vio alterado por el incendio que se produjo el pasado mes de septiembre". Y el resto hasta 40 se irán incorporando progresivamente en las semanas posteriores.