Instalaciones de la Agencia Antifraude.VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del caso Azud, ha pedido a la Agencia Antifraude una pericial sobre las adjudicaciones bajo lupa en la investigación. La magistrada ha ordenado a la entidad un informe técnico económico financiero en relación a los expedientes de contratación administrativa, proyectos, contratos y negocios objeto de las indagaciones, en auxilio a la Unidad Central Operativa (UOC) de la Guardia Civil.
El análisis forense se solicita "a la vista de la voluminosa documentación que afecta al procedimiento" y particularmente en relación a diversos proyectos. Concretamente, la forma y modo en que se llevó a cabo la adjudicación a la UTE Saneamientos de Valencia del contrato de gestión del servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento del 28 de noviembre de 2006 y su ejecución en el periodo de los años 2007 al 2012.
También del proyecto, desarrollo y actividades conexas del PAI El Espartal en Xixona; del proyecto, desarrollo y actuaciones conexas del Plan Especial del desierto de Las Palmas en Benicàssim; y del proyecto, desarrollo y actividades conexas del plan urbanizador La Capella de Burjassot.
Todo ello, afirma la jueza,"a la vista de las irregularidades existentes y puestas de manifiesto" en todas estas adjudicaciones "para su análisis forense".
No es la primera vez que un juzgado recurre a Antifraude para la elaboración de una pericial. Así ocurrió en el caso Erial, donde la agencia dibujó el amaño del concurso de las ITV. El resultado fue útil para los investigadores, que ahora han vuelto a recurrir a la entidad para que colabore en el análisis a nivel administrativo.
La decisión, sin embargo, no ha sido bien recibida entre varias defensas de los investigados en Azud, que la han impugnado. Después de que la agencia haya comunicado la designación de los peritos para este trabajo, el abogado de la empresaria Mónica Montoro, Vicente Grima, ha presentado un escrito para exponer que esos funcionarios están inhabilitados para intervenir y pide que se rectifique el "error material".
En ellos, asegura, concurre una palmaria falta de imparcialidad porque el director de Antifraude, Joan Llinares, es uno de los socios constituyentes de la Asociación Cívica contra la corrupción, que ha intentado personarse como acusación popular en la causa.
"Ya resultaba sorprendente, e inquietante, que una asociación constituida por el director de la Agencia Antifraude intentase su personación en la causa como acusación (y al parecer esté ya personada en otras causas que se dicen relacionadas con ésta). Las estrechas relaciones del director de esa agencia con esa asociación creemos que impiden la intervención como peritos en esta causa de los funcionarios designados, en los que no concurre la apariencia de objetividad e imparcialidad necesaria para ello. Sin duda, hay otros funcionarios y/o profesionales que pueden realizar la pericial que se pretende, no afectados por esas circunstancias", indica el abogado.
Otras defensas también han cuestionado este encargo del juzgado, como el exsíndic socialista Manolo Mata, abogado del constructor Jaime Febrer.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
