VALÈNCIA. El exdirector de recursos humanos de Unión Naval de Valencia Francisco Tirado y los exdirectores de la empresa Alicia Martín y Luis Antonio Martín se enfrentan a penas de seis años de cárcel como presuntos autores de un delito de falsedad documental en concurso con otro de fraude de subvenciones públicas. La empresa, que pertenece al grupo Boluda y está prácticamente inactiva desde que hace cinco años cerró su astillero, es la responsable civil y deberá responder si no lo hacen los acusados, a los que se les pide una multa además de la devolución de lo presuntamente defraudado, que suma 350.000 euros.
Según el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, entre los años 2008 y 2010, los acusados presentaron la empresa a concursos en los que se otorgaban subvenciones para cursos de formación. Sin embargo, y siempre según la acusación, el dinero lo destinaban a pagar otro tipo de encargos a empresas con las que habitualmente trabajaban, pero que nada tenían que ver con los cursos de formación. Como por ejemplo montar andamios y pagarlo con el dinero que debían destinar a formar a sus propios trabajadores.
De hecho, un policía de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF) declaró, durante el juicio, que las facturas "se falsificaron" y que, para ellos, por ejemplo, se pagaron varias facturas de limpieza de interior de buques con el dinero que supuestamente se debió utilizar para los cursos.
Sin embargo, los acusados negaron haber cometido ningún tipo de delito. Alicia Martín, por ejemplo, se mostró sorprendida por el hecho que su firma apareciera en un contrato. "No se por qué me lo habrán firmado", aseguro.
El exdirector de Recursos Humanos justificó que se hicieran dos tipos de facturas porque la empresa de formación "no podía esperar" a que llegara la subvención que se les había concedido. Así que, explicó Tirado, "se hacía una previa y la pagaba el astillero y después ya se cobraba la ayuda".