Julián Vico, a la izquierda de la imagen. Foto: ESTRELLA JOVER El fiscal solicita dos años y medio de cárcel y la acusación particular cuatro por la presunta estafa en la venta de un piso en València valorado en más de 400.000 euros
VALÈNCIA. El presidente del Club Náutico de Valencia, Julián Vico, se enfrenta a cuatro años de prisión como presunto autor de un delito de estafa. Esta es la pena que para él solicita la acusación particular, y dos años y medio de cárcel es lo que solicita la Fiscalía por el mismo delito.
Junto a Vico se sentaron este jueves en el banquillo tres empresarios para los que la Fiscalía no pide pena alguna, pero sí la acusación particular, que solicita cuatro años de cárcel para cada uno de ellos.
La mujer que ejerce la acusación particular se querelló contra el presidente del Club Náutico porque, según su versión, Vico vendió un piso a un tercero pese a que ella tenía participaciones de la mercantil de Vico que tenía el inmueble a su nombre.
El piso, además, después se revendió a otros empresarios a los que la acusación particular también pide cuatro años de cárcel, pero para los que la Fiscalía no pide pena alguna pues asume que el único que era conocedor del hecho de no ser el único propietario de la mercantil era Vicó.
En el juicio, el acusado explicó que él jamás firmo la venta de participaciones a la mujer, al menos de forma consciente. "Esta familia ha traicionado totalmente mi confianza. Aquí el engañado soy yo", manifestó. Esa supuesta venta de acciones le impedía a Vico vender la empresa y, con ella, el inmueble.
Aseguró el acusado que "si hubiera vendido su empresa habría ido a un notario", tal y como hizo con la venta que sí se realizó posteriormente a otro de los imputados, Rafael B. En un tono bastante enfadado -hasta el magistrado le dijo que se calmara-, aseveró: "Es impresionante que el mismo día que compro una vivienda por más de 400.000 euros venda parte de la empresa que la compra por solo 30.000 euros".
En referencia a este punto, la acusación particular le pidió explicaciones de por qué después vendió por solo 20.000 euros, a lo que Vico contestó: "Traté de hacer promociones inmobiliarias, pero debido a la crisis se crea un adeudamiento y por eso vendo. Pero quedé con los nuevos dueños en que me devolverían los 300.000 euros del valor del piso poco a poco".
La querellante explicó durante su declaración que "el piso lo había aportado su hijo como aval", pero que ella se quiso asegurar que la casa volvería a su poder "y por eso se hizo un documento privado", documento de venta de participaciones de la mercantil en el que consta la firma de Vico, pero que éste negó una y otra vez haber firmado conscientemente.
Según las defensas, la querella interpuesta por la dueña del piso no es más que una estrategia para evitar que desahucien a su hijo del piso. Cuando se vendió el inmueble, el padre de la querellante vivía en la casa en usufructo hasta su muerte, un hecho que según los acusados desconocían hasta que una vez adquirido el piso trataron de entrar.
Al fallecer el hombre y, por tanto, acabarse el citado usufructo, trataron en entrar otra vez en la casa. Fue entonces cuando se encontraron al hijo de la querellante dentro. Al iniciar el proceso por la vía civil de desahucio en precario fue cuando recibieron la querella, según el acusado.
