La Abogacía avisa de que el decreto de la nueva EPS choca con la Ley de Salud y pide armonizarlas

VALÈNCIA. El Decreto-Ley para la creación de la nueva Empresa Pública de Salud (EPS) choca con la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana. Así lo advierte la Abogacía de la Generalitat en su informe sobre esta nueva mercantil pública en la que se integrará el personal de los servicios sanitarios públicos o privados asumidos por la Generalitat, como el del Hospital de Torrevieja. 

Las contradicciones que genera este decreto respecto a la ley en vigor tienen que ver con la integración de los trabajadores de las empresas concesionarias como "personal a extinguir". La norma, firmada ya por la consellera de Sanidad Ana Barceló para ser aprobada por el pleno del Consell a pesar de contar con el rechazo explícito de Compromís y Unides Podem, prevé la gestión de "absolutamente todos los servicios previamente prestados por otras entidades públicas o privadas, que pasen a ser gestionados de forma directa por la Generalitat" por reversión, transferencia o sucesión de empresa, según destaca el mismo informe. 

El documento de la Abogacía, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, considera que la previsión de integrar en la EPS al personal de los servicios asumidos cuando exista sucesión de empresa, tal y como sucede con la reversión de las condiciones sanitarias, contradice a la mencionada Ley de Salud, que establece que en esos casos sea directamente la Conselleria de Sanidad la que se subrogue en la condición de empleador que ostentaba la empresa concesionaria.

La Ley de Salud, modificada en 2017 ante la necesidad de integrar en la administración al personal del Hospital de Alzira, prevé que cuando la Conselleria de Sanidad decide prestar directamente un servicio hasta entonces gestionado por un operador económico y exista sucesión de empresa, el personal afectado "seguirá en sus puestos en condición de personal a extinguir, desempeñando sus tareas y con idéntica condición de personal laboral hasta que cese por las causas legales de extinción de los contratos laborales previstas en el Estatuto de los trabajadores, y con las demás consecuencias laborales inherentes a la subrogación contractual".

Frente a ello, el Decreto-Ley de la nueva EPS regula en una disposición adicional la situación del personal afectado por la sucesión de empresa, que se incorporará a la futura Empresa Pública de Salud en los mismos términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores sobre las sucesiones de empresa previstos en la Ley de Salud para cuando es la Conselleria de Sanidad la que asume directamente al personal.

También prevé que ese personal, una vez dentro de la EPS, se rija por el mismo convenio colectivo que tuviera en la empresa privada y aclara que en ningún caso ese traspaso implica que pasen a ser empleados públicos.

Pues bien, ante ello, la Abogacía de la Generalitat recomienda a Sanidad armonizar ambas normas y aclarar el encaje de los trabajadores que pasarán a la EPS. Sobre este aspecto, el informe señala que la condición de personal "a extinguir" previsto en el artículo 7.4 de la Ley de Salud "solo debería ser predicable del personal subrogado en la conselleria competente, en su caso, pero no de aquel cuya subrogación operase en la mercantil creada". "Se recomienda armonizar también este aspecto contradictorio con la actual redacción de la Ley de Salud", insiste la Abogacía en su informe.

No obstante, otros expertos consultados por Valencia Plaza difieren en este punto y consideran que, cuando exista sucesión de empresa, el personal que pase a depender de la EPS deberá hacerlo como personal a extinguir porque, aunque se trate de una sociedad mercantil, el hecho de ser pública obliga a aplicar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a esos empleos.

En el preámbulo del decreto se justifica precisamente la necesidad de crear una nueva mercantil dentro del sector público instrumental de la Generalitat para asumir la gestión del personal y el funcionamiento de los servicios que ahora presta de forma indirecta sin la controversia que se produjo con la no prórroga de la concesión del Hospital de la Ribera y la integración en la Conselleria de Sanidad de su personal como laboral a extinguir.

Urgencia y necesidad no justificadas

Según Sanidad, la creación de la EPS para asumir al personal es la forma más "inmediata, adecuada, eficaz y sin un alto índice de problemática jurídica" de realizar este tipo de procesos porque está sometidas al derecho privado y se rige por las normas del derecho laboral.

Por otro lado, el informe de la Abogacía también advierte de una circunstancia que ya sido modificada en el decreto-ley de creación respecto a lo previsto en el proyecto. En efecto, Sanidad ha tenido que concretar en la norma que el mandato al Consell consiste específicamente en crear una sociedad anónima unipersonal del sector público, ya que en en el proyecto se hablaba de una mercantil que operaría medio propio de la Generalitat con el que poder formalizar encomiendas.

Además, Sanidad también ha tenido que modificar el preámbulo porque, según la Abogacía, ante la "inexistente" justificación de la aprobación de este Decreto-Ley y la "en exceso escueta" justificación de su necesidad. "El órgano competente debería completar su justificación definiendo de modo más explícito y razonado la situación de "extraordinaria y urgente necesidad", advierte el informe.

CCOO anuncia movilizaciones

Los planes de la Conselleria de Sanidad para aprobar de forma inminente la creación de este instrumento y lo abierta que ha quedado la definición de sus fines, continuó generando este martes reacciones de los trabajadores. En concreto, la responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-PV, María Ángeles Gómez, opinó que la previsión de que se apruebe como decreto ley, "no es aceptable" ya que supone introducir un cuarto modelo de gestión sanitaria en la Comunitat Valenciana, además de calificarla de "traición" al programa electoral, que recogía la fórmula Alzira.

A su juico, el decreto ley queda "abierto para cualquier empresa, tanto de naturaleza pública como cualquier servicio que se tenga que revertir o que tenga que mantener una gestión determinada". Por tanto, consideró que "abre una puerta muy peligrosa, con muchos riesgos y problemas" porque al plantearse en la modalidad de sociedad mercantil, en un futuro "puede segregar ciertos servicios que sean de interés, como las maternidades".

Ahora, a corto plazo, cree que en esta modalidad podrían estar integrados los consorcios como el General de València o el Provincial de Castelló o todas las fundaciones de investigación porque ya están en el sector público instrumental.

El sindicato ha anunciado que se concentrarán el día 3 a las puertas de la Conselleria, coincidiendo con la mesa sectorial, y en concreto, CCOO también estará apoyando el acto de protesta convocado para el día 4 por los radiólogos frente al Palau. Asimismo, contemplan para el 11 una concentración ante Les Corts.