Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Resonancias, farmacia sociosanitaria, concesiones sanitarias e, incluso, consorcios públicos como el Hospital General de Valencia o el Provincial de Castellón. La futura Empresa Pública de Salud (EPS), la mercantil que impulsa la Conselleria de Sanidad para la gestión directa de servicios sanitarios externalizados, nace con un objeto social tan amplio que abre la puerta a asumir en el futuro cualquier tipo de prestación sanitaria, venga de donde venga.
La consellera Ana Barceló firmó este lunes el Decreto-Ley de creación de la EPS para someterlo a aprobación en el próximo pleno del Consell, siempre y cuando supere el corte en la reunión preparatoria del jueves. El texto, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, no recoge la principal alegación de Compromís, que pedía acotar el objeto social de la firma solo a las resonancias magnéticas y la farmacia sociosanitaria, ni renuncia al carácter mercantil, tal y como reclamaba Unides Podem, tercer socio del Botànic.
La EPS, que adquirirá la forma de Sociedad Anónima Unipersonal, tendrá por objeto la "prestación y gestión directa de servicios sanitarios públicos procedentes de otras entidades públicas o privadas que se incorporen por reversión al ámbito sanitario de gestión de la Generalitat , así como por transferencia o por sucesión de empresas".
El texto del decreto habilita a la Conselleria a tramitar por urgencia la creación de una nueva entidad dentro del sector público instrumental de la Generalitat para asumir la gestión del personal y el funcionamiento de los servicios que ahora presta de forma indirecta. Entre los más inmediatos están el Hospital de Torrevieja, donde Sanidad ya ha puesto en marcha los trámites para la reversión en contra de Ribera, la firma concesionaria.
El preámbulo justifica que la forma más "inmediata, adecuada, eficaz y sin un alto índice de problemática jurídica" de realizar este tipo de procesos es mediante una sociedad pública mercantil que asuma los servicios que prestan las concesionarias.
Sanidad argumenta que fue el propio Consell Jurídic Colsultiu (CJC) el que recomendó esta fórmula a raíz de la no prórroga del contrato de gestión de Ribera Salud en el Hospital de Alzira, cuya plantilla fue asumida directamente por la Conselleria de Sanidad como personal a extinguir.
Al estar sometida al derecho privado, la EPS podría subrogarse al personal laboral de las concesiones sanitarias manteniendo sus condiciones laborales y su convenio colectivo. La fórmula elegida permite a Sanidad integrar en ese instrumento sometido a derecho privado cualquier tipo de prestación sanitaria, algo que ha suscitado el rechazo de los dos socios del PSPV en el Botànic y también el del personal de los servicios que acabarán dentro de esa empresa.
Sin embargo, la posibilidad de meter dentro de ese instrumento también al personal de los consorcios sanitarios, tal y como permitiría el objeto social, ha encendido las alarmas de sus trabajadores, que se sienten amenazados ante la posibilidad de acabar dentro de la EPS.
Compromís también interpreta que, tras el interés de la Conselleria de Sanidad por mantener tan abierto el objeto social se encuentra la intención de asumir a los consorcios. La coalición lamenta que, tras los contactos iniciales con la subsecretaria de Sanidad, Mónica Almiñana, apenas se le haya hecho participe del desarrollo del decreto.
El sindicato CCOO ha sido el primero en alzar la voz para rechazar "rotundamente" la posibilidad de incluir a los trabajadores del Hospital General de Valencia en esa empresa. Este sindicato sostiene haber tenido conocimiento por fuentes "solventes" de que la Conselleria de Sanidad quiere meter en esa empresa pública al personal laboral de los consorcios y que quiere hacerlo en su primera etapa de funcionamiento.
Los representantes de esta formación en el hospital valenciano alertaron este lunes de esa circunstancia al resto de sindicatos del comité de empresa y convocaron una asamblea el próximo jueves con vistas a posibles movilizaciones.
El Hospital General de Valencia está adscrito orgánicamente al sector público instrumental de la Generalitat pero funcionalmente depende de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Su personal, laboral y estatutario, no tiene las mismas condiciones laborales y retributivas que el personal de la Conselleria de Sanidad y, aunque desde 2018 existe el compromiso de integrarles en el régimen estatutario, este no se ha ejecutado. El temor de los sindicatos es que a ese incumplimiento se añada ahora su pase a una mercantil pública.
Hasta ahora, el principal freno para la integración del personal de los consorcios en la Conselleria de Sanidad han sido las transferencias que el Estado realiza para su sostenimiento. Al tratarse de un consorcio participado por la Diputación de Valencia y la Generalitat, el Estado financia con algo más de 100 millones el funcionamiento del Hospital General de Valencia y con alrededor de 28 el del Hospital Provincial de Castellón. Integrar esos dos entes dentro de la futura EPS supondría a priori perder esa vía de financiación.
