Ana Barceló, consellera de Sanidad Universal. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. El escenario planeado por la Conselleria de Sanidad Universal para la subrogación del personal de las resonancias magnéticas de la UTE Erescanner Salud acaba de desmoronarse. El esperado informe de la Abogacía de la Generalitat sobre el decreto rompe los planes del departamento que dirige Ana Barceló para asumir a unos 150 trabajadores de las empresas privadas que forman la UTE, Eresa e Inscanner, en los 13 departamentos públicos donde presta el servicio. Según la Abogacía la fórmula jurídica propuesta, por la que estos empleados pasarían a depender de la Conselleria como 'personal a extinguir', no es legal.
Así se lo hacían saber este martes el subsecretario de Sanidad, Juan Ángel Poyatos, y la directora general de Recursos Humanos, Carmen López, a los representantes de los sindicatos en una reunión con los integrantes de la mesa sectorial. El informe de la Abogacía se basa en una resolución reciente sobre el personal de contratas o concesiones públicas cuando estos servicios revierten a la Administración. Se trata del informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que emitió en el mes de octubre y que cuestionaba la figura del 'personal a extinguir'.
El informe de la Abogacía, no obstante, no afecta al personal de La Ribera ni a ningún otro personal que haya sido asumido por la Generalitat porque se considera que entonces sí era legal. Se refiere solo al personal de la contrata de resonancias magnéticas –radiólogos, técnicos en radiodiagnóstico, enfermeros y personal administrativo– que iba a ser absorbido por la Conselleria de Sanidad.
Con todo, es probable que para las reversiones pendientes, al igual que para la de resonancias magnéticas, la Generalitat tenga que buscar una solución para el personal afectado así como para garantizar la continuidad del servicio. Es el caso de las residencias de enfermos mentales, que la Conselleria de Igualdad ya está asumiendo como 'personal a extinguir' a medida que finalizan los contratos.
El informe de la Abogacía no especifica si debe haber o no subrogación de los trabajadores. Lo que dice, precisamente, es que la Generalitat de manera unilateral no tiene capacidad para decir si existe una sucesión de empresa y la correspondiente subrogación del personal. Quien tiene capacidad para decidir eso es un juez de lo Social. Esto implicaría que son los trabajadores los que, al no verse subrogados, pueden acudir a la Justicia para que un juez decida si deben o no incorporarse a la administración. Una incorporación que sería como 'indefinidos no fijos' y no como 'personal a extiguir'.
En cuanto a las 219 plazas públicas que la Conselleria tiene previsto crear para asumir el servicio de resonancias, de las que 150 iban a ser cubiertas con la subrogación de personal, la Conselleria, basándose en el informe de la Abogacía, sostiene que las plazas deben crearse, después cubrirse por bolsas de trabajo –y por personal subrogado si así lo establece el juez– para salir a concurso-oposición en cuanto sea posible.
El informe del CJC sobre la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2019 ya alertaba de que la figura utilizada en el decreto suponía una distorsión en el proceso de entrada al sector público al no superar estas personas ninguna prueba y, a pesar de todo, poder agotar allí su vida laboral, porque su plaza no puede salir a concurso. Este argumento, junto a la reafirmación de la Abogacía de la Generalitat, supone un precedente para otros casos como el de los bomberos o el personal que pensaba asumir el IVASS en la recuperación del servicio de las residencias de salud mental públicas con gestión privada.
No obstante, una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 31 de octubre anula una normativa introducida por iniciativa de Cristóbal Montoro en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para establecer "limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público". Concretamente, busca que no se aplique la Ley del Estatuto básico del empleado público al personal que asuma la Administración en las reversiones de un servicio público.
Es ahí donde el Gobierno introdujo la frase: "Al personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral", que ha permitido a la Generalitat decidir sobre la subrogación. El Constitucional anula estas novedades legales por ser de tal calado que no pueden, según su reiterada doctrina, regularse mediante una disposición adicional en la Ley de Presupuestos.
Con este informe, la Conselleria de Sanidad Universal tendrá que descartar el decreto y buscar alternativas jurídicas y de gestión para ver cómo se continúa con las pruebas. Desde el pasado 1 de noviembre, cuando finalizó el contrato, la UTE Erescanner Salud presta el servicio a través de expedientes de enriquecimiento injusto pero es probable que, a pesar de que los trabajadores continúen en sus puestos de la mano de la empresa privada, vean cómo la administración va creando sus plazas que serán ocupadas por bolsa.
De hecho, trabajadores de Eresa ya recurrieron una de las últimas aperturas de la bolsa de Sanidad al solicitar más puntuación por su experiencia en la sanidad pública, una petición que llevaban realizando durante varios años y que hasta ahora nunca había sido atendida. Sin embargo, algunos sindicatos, viendo la situación, exigirán en la renegociación de los baremos.
