La acusación popular se opone al archivo de la investigación de Ciegsa solicitado por la Fiscalía

VALÈNCIA. La asociación Acción Cívica contra la Corrupción, que ejerce la acusación popular en el caso Taula, se ha opuesto al archivo de la parte de la investigación relativa a Ciegsa después de que lo pidiera la Fiscalía. Se trata de la pieza, dentro de la macrocausa, centrada en todas las supuestas irregularidades que tuvieron lugar en la empresa pública dedicada a la construcción de centros educativos en la Comunitat Valenciana. 

Ésta se conformó en 2018 –Taula se investiga desde 2014– y dibujaba algunos de los hechos de mayor gravedad, consistentes en el presunto desvío de un dinero público que debería haber ido a parar a la construcción de colegios. Aparecen como principales investigados el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus; el exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla; el exgerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent; y cuatro técnicos. Inicialmente, se apuntó a los delitos de prevaricación, cohecho y malversación, pero finalmente la Fiscalía sólo lo ha centrado en el cohecho.

El pasado abril, el fiscal Anticorrupción –diferente al que inició la causa– concluyó que todos los cargos políticos cobraron comisiones de las construcciones adjudicadas a través de Ciegsa "en beneficio propio" y con "claro desprecio a la causa pública". Sin embargo, señaló que no se ha podido establecer "una perfecta correlación entre el dinero recibido y una concreta obra adjudicada". "Tampoco puede afirmarse qué constructoras y qué personas concretas efectuaron los pagos anteriores a los investigados", sostuvo. 

Debido a que entendía que todos estos hechos fueron constitutivos un presunto delito de cohecho, pero se cometieron en 2005 y 2006, consideró que se encuentran prescritos al haber transcurrido de sobra los tres años hasta que se inició la investigación en 2015. 

Después de esta petición de archivo, el juez dio traslado a las acusaciones –Acción Cívica y la Generalitat– para que se pronunciaran. La primera se ha opuesto. En su escrito de alegaciones, recuerda la famosa conversación entre Benavent y Rus en la que, según el informe de la UCO, el exgerente de Imelsa cuenta el dinero: "Mil, dos mil, tres mil, quatre mil, cinc mil, sis mil, set mil, vuit mil, nou mil, deu mil, onze mil, dotze mil euros... dos milions de peles". En su opinión, "es prueba de ese desprecio por la causa pública en la comisión de unos graves delitos que ahora podrían quedar impunes y no por una cuestión de principio de legalidad o del derecho de defensa que tanto manosean y denostan los investigados, sino por falta de persecución penal y una eficiente judicialización".

"A pesar de ello, insistimos en que no se precisa una concreta calificación de los hechos en los tipos penales específicos para continuar el procedimiento por los cauces del procedimiento abreviado, puesto que los hechos constituyen delitos de los comprendidos en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y están claramente determinados, así como también están plenamente identificados los autores", dice Acción Cívica.

Respecto a la prescripción por el cohecho, recuerda que las actuaciones también se pueden enmarcar "en los tipos penales de prevaricación y malversación", por lo que los hechos no estarían prescritos. 

Así, entiende que el juez podría seguir adelante con el procedimiento abreviado al no ser necesaria "una valoración profunda de las conductas, ni la probabilidad de certeza, bastando con encontrar indiciariamente acreditados los hechos con un posible encaje típico".