El 'caso Taula' se diluye después de nueve años  

VALÈNCIA. A comienzos de 2016, trascendía el conocido como caso Taula. Una investigación de una supuesta trama de corrupción en varias administraciones públicas de la Comunitat (ayuntamientos, Diputación de Valencia y Generalitat) que se quiso ver como la causa judicial paradigmática de la gestión del PP, que había perdido un año antes gran parte de su poder institucional. Desde el momento en el que trascendió, puso el partido patas arriba con las detenciones de más de una veintena de cargos y excargos populares. En términos generales, las indagaciones se centraban a una red trazada para la adjudicación de contratos a cambio de comisiones ilegales. 

Todo había partido dos años antes, en 2014, de los audios que la dirigente de Esquerra Unida y actual consellera Rosa Pérez llevó a la Fiscalía y desencadenaron la primera parte de la investigación. En ellos constaban diez horas de grabaciones que había realizado el exgerente de Imelsa Marcos Benavent a cargos del PP durante su etapa en la Diputación. Entre ellos, a los posteriormente considerados como cabecillas de la trama: el expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus, su exjefe de Gabinete, Emilio Llopis, el exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla y el propio Benavent. Comisiones a cambio de adjudicaciones públicas a empresas, cantidades de billetes que se contaban, reparto de dinero y financiación irregular del partido aparecían en ellas. 

Con el paso de los meses, los hechos fueron concretándose en lo que se convirtió en la macrocausa de corrupción con más imputados en la Comunitat Valenciana (más de 100). Dirigida por el juzgado de Instrucción número 18 de València en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ya ha cumplido nueve años en marcha y cuenta actualmente con una docena de piezas separadas. Sin embargo, un cúmulo de factores ha provocado que progresivamente se haya ido diluyendo. Aunque la próxima semana dará comienzo el tercer juicio de una de las investigaciones en las que se dividió y ya se han producido las primeras condenas, lo cierto es que la instrucción no ha destacado por su agilidad durante los últimos años, lo que ha dado una sensación de parálisis en el juzgado. A lo cual se ha unido, de un lado, el archivo de la pieza del llamado 'pitufeo' en el Ayuntamiento de València y, de otro, la petición de sobreseimiento por parte de la Fiscalía de la pieza relativa a Ciegsa, una de las más relevantes (si no la más) por la mecánica empleada. 

La pieza con los hechos de mayor gravedad

Se trata de la G, centrada en todas las supuestas irregularidades que tuvieron lugar en la empresa pública dedicada a la construcción de centros educativos en la Comunitat Valenciana. El fiscal Anticorrupción, diferente al que inició la causa, ha pedido al juzgado el archivo nueve años después del inicio de la investigación de Taula y siete desde que trascendiera. La pieza relativa a Ciegsa se formó en 2018 a raíz de un informe de la UCO. 

En ella se dibujaba, en su inicio, posiblemente los hechos de mayor gravedad debido al desvío de un dinero público que debería haber ido a parar a la construcción de colegios. Aparecían como principales investigados Caturla, Benavent, Rus y cuatro técnicos. Se apuntaba a los delitos de prevaricación, cohecho y malversación. 

La Fiscalía, en su informe, recuerda que se han practicado numerosas diligencias. Una de las pruebas fundamentales fue al principio el testimonio de Benavent, que colaboró con la justicia hasta 2021 tras un cambio de estrategia de defensa. En sus declaraciones ante el juez, narró el objetivo de los principales investigados de financiar al PP y que todos ellos habían cobrado comisiones de empresas que trabajaban para Ciegsa. También que entregaba el dinero de esas mordidas a los supuestos cabecillas de la trama en las famosas comidas que mantenían y, según cree, una parte se la quedaban ellos y otra acababa en el partido. 

De acuerdo con Benavent, las adjudicaciones a los colegios estaban predeterminadas por cargos populares –es decir, amañadas– y, a cambio, recibían las citadas comisiones. Éstas provenían igualmente, siempre según su versión, de los modificados de obra para que fuesen superiores. De esta manera, se habrían producido sobrecostes en la construcción de los centros. 

Las supuestas adjudicaciones irregulares fueron un total de cinco en Torrevieja, Xirivella, València, Burriana y Santa Pola. En una de sus resoluciones de aquel momento, el juez expresó que no se respetaron los principios de "legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad" con la finalidad de "favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dávida". 

Prescripción del cohecho

Esas irregularidades, indicó, podrían tener una finalidad de lucro personal de los principales imputados y la posible financiación ilegal del PP tanto a nivel regional como provincial. Lo cual, sostenía, provocó sobrecostes en las construcciones de los centros. 

Después de todo ello, y sin grandes avances en esta investigación desde hace tiempo, el fiscal concluye ahora que Rus, Caturla y Benavent sí cobraron comisiones de las construcciones adjudicadas a través de Ciegsa "en beneficio propio" y con "claro desprecio a la causa pública". Sin embargo, señala, no se ha podido establecer "una perfecta correlación entre el dinero recibido y una concreta obra adjudicada". "Tampoco puede afirmarse qué constructoras y qué personas concretas efectuaron los pagos anteriores a los investigados", sostiene Anticorrupción. 

Debido a que entiende que todos estos hechos fueron constitutivos un presunto delito de cohecho, pero se cometieron en 2005 y 2006, considera que se encuentran prescritos al haber transcurrido de sobra los tres años hasta que se inició la investigación en 2015. Estas conclusiones suponen que el fiscal que firma la resolución crea que, en realidad, nunca se tendría que haber seguido adelante con las indagaciones. Éstas se habían vinculado, sin embargo, al delito de prevaricación, motivo por el que se podría haber continuado la causa al no haber afectado la prescripción. El criterio del representante de Anticorrupción ha sido otro. 

El sobreseimiento de esta pieza supone que Taula quede más desinflada. Y se suma a otros anteriores de importancia. En diciembre de 2021, la Audiencia Provincial archivó la investigación sobre el supuesto blanqueo de capitales para varios exediles del PP del Ayuntamiento de València tras seis años de instrucción. Una decisión que provocaba que el procedimiento sólo siguiera adelante para, entre otros, el exvicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, y la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García Fuster.

Otras investigaciones sí han avanzado, aunque de manera muy lenta. En enero de este año llegaron las primeras condenas de Taula por varias operativas vinculadas al desvío de fondos públicos a través de la empresa Thematica Events, tras la cual se encontraba de forma encubierta Benavent. Entre ese mismo mes y marzo se celebró el segundo juicio por los zombies en Imelsa y Ciegsa –empleados de ambas empresas públicas que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto–. A partir de la semana que viene tendrá lugar el tercero, sobre el supuesto amaño del contrato de dos millones de euros del servicio de atención telefónica ('call center') de la Diputación. 

Mientras, se encuentran a la espera de fijación de juicio la investigación de Caturla por ocultar patrimonio tras saber que era investigado en Taula y la de las supuestas irregularidades en contrataciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera durante el año 2013 por servicios que presuntamente no fueron prestados. 

La de la supuesta financiación ilegal del Olímpic de Xàtiva –que presidía Rus– y la pieza principal, en la que se incluyen los contratos del césped artificial con ayuntamientos de la provincia que también sirvieron a la trama, siguen su curso, aunque con dilación.